EL PAÍS, 27/2/12
La izquierda abertzale hizo ayer, por vez primera, autocrítica de su actitud con las víctimas de ETA pero sus dirigentes no le pidieron a la banda terrorista que entregue las armas y se disuelva. En un nuevo documento que presentaron en el Kursaal de San Sebastián para “consolidar la paz” dieron un pequeño paso en línea con las demandas de la sociedad vasca y española, al manifestar su “profundo pesar” tanto por las acciones de ETA como por “nuestra posición política respecto a las mismas”. Pero no fueron más allá y se quedaron sin dedicar un recuerdo sincero a los 850 asesinados por la banda, como la manera más sencilla de ganar credibilidad ante las víctimas.
Bajo el título Viento de solución, los herederos de Batasuna asumen en ese texto, que presentaron en euskera, castellano, inglés y francés, que su proximidad política con los terroristas de ETA “ha podido suponer un dolor añadido o un sentimiento de humillación para las víctimas”. Pero lo hacen con un lenguaje tan contenido y matizado que contrasta con el que usan para referirse a las víctimas de “la política represiva y de guerra sucia de los Estados español y francés”.
El documento del Kursaal, leído en presencia del viceministro de la Presidencia para Monitoreo y Evaluación de Suráfrica y parlamentario de African National Congress ANC Kopeng Obed Bapela, del también miembro de este partido Robert McBride y del parlamentario del Sinn Féin Alex Maskey, intenta desbloquear el atasco en el que ha entrado el denominado proceso de consolidación de la paz tras el anuncio de cese definitivo de la violencia que hizo ETA el pasado 20 de octubre.
Frente a la postura del Gobierno, que rechaza acercar a los presos mientras ETA no anuncie su disolución, la izquierda abertzale propuso ayer una “justicia transicional” que establezca medidas excepcionales “y legales” con sus reclusos, como paso previo para que ETA anuncie su disolución.
Muy presionados por un colectivo de reclusos que ve cómo sus compañeros en la retaguardia se instalan y consolidan cómodamente en el poder en Gipuzkoa —son la primera fuerza y gobiernan en la Diputación foral, en el Ayuntamiento de San Sebastián y en muchos municipios—, sostienen en el documento: “Necesitaremos de una justicia transicional que establezca un conjunto de medidas políticas y jurídicas” que garanticen la paz. La izquierda abertzale recupera la amnistía como una demanda para sus presos, aunque después de una primera fase de acercamiento a las cárceles vascas. “No hay conflicto armado en el mundo que mantenga a centenares de personas encarceladas por décadas cuando el mismo ha terminado”, aduce.
El concepto de justicia transicional se ha utilizado en países como Colombia y Sudáfrica tras grandes vulneraciones de derechos humanos. Medios políticos vascos atribuyen el uso de ese concepto a la influencia en Batasuna del grupo que encabeza el abogado sudafricano Brian Currin, que fue miembro de la Comisión de la Verdad de Sudáfrica. Solo después de iniciado ese camino llegaría el desarme de la organización terrorista.
Ese es uno de los planteamientos que los presos de ETA de la denominada vía Nanclares, enfrentados a la izquierda abertzale por acogerse a beneficios penitenciarios, criticaron ayer en una carta remitida al Grupo Noticias. Tras acusar a los herederos de Batasuna de tener una doble moral, les piden pasos concretos en favor de la paz sin esperar a que otros los den antes.
El documento del Kursaal precisa que, fruto del fin de la estrategia de guerra y represión, “ETA deberá deshacer sus estructuras militares y poner las armas fuera de uso”. Los Estados español y francés también deberán hacerlo aunque la expresión que utilizan para definir su retirada es el de “readecuar los operativos armados”.
Para todo ello, los independentistas emplazan a ETA y a los Gobiernos español y francés a “abrir un proceso de diálogo y acuerdo para tratar las consecuencias mencionadas y resolverlas para siempre”.
El documento, que da continuidad a la reflexión que la izquierda abertzaleoficializó con el Acuerdo de Gernika y las conclusiones de la Conferencia de Aiete, plantea la creación de unacomisión de la verdad, “porque nadie debe de temer a hablar de lo ocurrido”.
Una comisión en la que también involucran a los Estados español y francés y que consideran “fundamental no ya solo para conocer lo acontecido, sino para que no se vuelva a reproducir nada similar en el futuro”. Hasta ahora, las comisiones de la verdad las han solicitado las víctimas de grandes vulneraciones de derechos humanos.
En un párrafo en el que más que pedir disculpas justifican la violencia terrorista, los redactores del documento para consolidar la paz explican que generaciones de jóvenes vascos no resistieron “el dolor causado a Euskal Herria” y “lucharon a través de la historia. Les gustase o no, miles y miles lucharon porque se sintieron reprimidos, excluidos y dominados por Estados y políticas ajenas a su cultura, identidad y dignidad como pueblo que somos y hemos sido por milenios”. Más para consumo interno que como reflexión autocrítica, sostienen que los Estados español y francés “deben de reconocer el dolor causado a miles de hombres y mujeres de este país”.
EL PAÍS, 27/2/12