LA RAZÓN, 8/2/12
Piden que miembros de ETA que murieron al fallarles las bombas que iban a colocar o en enfrentamientos con las Fuerzas de Seguridad cobren las subvenciones del Gobierno vasco
Son 474 las «víctimas» que la izquierda abertzale considera como suyas. De estas, un total de 140, según el recuento de LA RAZÓN, estarían enmarcadas entre 1968 y 1978, década estimada que recoge el borrador del decreto que prepara el Gobierno vasco sobre la «reparación integral de víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política». De los 140 casos, un total de 29 corresponden a enfrentamientos entre los terroristas y la Policía y siete a miembros de la banda terrorista que murieron a consecuencia de manipular una bomba.
Según especifica el decreto, podrían tener la consideración de víctimas «aquellas personas que pudieran haber resultado fallecidas o heridas como consecuencia de la propia realización de actos violentos». El texto puntualiza, expresamente, que «no se considerarán sufrimientos injustos a aquellos sufridos en el desarrollo de cualquier actividad violenta por quienes por sí mismos la realizaran, aunque el fallecimiento o las lesiones se produjeran por los actos legítimos de la autoridad para evitar y repeler directamente esa acción violenta». Es decir, que ni los enfrentamientos ni las bombas estarían incluidos, y así lo especificó en su momento el lendakari, Patxi López. Aún así, las víctimas y las asociaciones policiales desconfían de que ese punto del decreto se vaya a respetar y consideran que, una vez el texto vea la luz, los casos de enfrentamientos y las bombas también pasarán la criba, ya que están seguros de que la izquierda abertzale apuesta por beneficiarse de todos ellos. Éstos son sólo los que se refieren a fallecimientos que, según el decreto, percibirían 390.000 euros.
Las asociaciones policiales, las más afectadas, solicitaron al Gobierno vasco que les especificaran el número de personas que resultarían beneficiadas por este texto y los casos concretos, pero se han negado a facilitarles dicha información.
Es por eso que uno de los alegatos que expone la asociación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado especifica la necesidad de que en el artículo 12, apartado C, donde se refiere a que los «solicitantes de las ayudas, “podrán” dirigirse a cualquier tipo de organismos oficiales donde pueda existir documentación relevante para el esclarecimiento de los hechos»; el «podrán», sea modificado por un «será obligatorio», puesto que la comisión de valoración tendría que contar siempre con los diversos informes al respecto del Ministerio del Interior con el fin de dar una versión lo más ajustada posible de los hechos. Y es que muchos de los casos que la izquierda abertzale presentaría no se ajustan al decreto o podría existir una sentencia exculpatoria del mismo y que se podría incluso pasar por alto.
Los trabajos y la actividad para sacar adelante el decreto, según fuentes del Parlamento vasco, se habrían hecho con «bastante agilidad» con el fin de que fuera aprobado lo antes posible. De los presupuestos del Gobierno vasco ya se cuenta con una partida inicial de un millón de euros –aunque los casos aún no han sido presentados–.
Para las asociaciones policiales esto constituye una «patraña» que «forma parte de un acuerdo del Gobierno vasco con la izquierda abertzale» con el fin de continuar con ese «proceso de normalización del que tanto hablan», y mantener contenta a Aralar (hoy integrada en Amaiur). Desde Covite critican que haya quienes estén buscando supuestas «víctimas policiales» para tratar de distorsionar el daño provocado por décadas de violencia terrorista de ETA.
Esta tarde tendrá lugar la reunión de las asociaciones de víctimas con el Consejo Vasco de Participación de Víctimas del Terrorismo.
PISTOLEROS QUE PODRÍAN BENEFICIARSE
Asesinó al primer guardia civil
– Etxebarrieta, entre las víctimas propias Txabi Etxebarrieta, que figura en la lista de «víctimas» propias, elaborada en la llamada «izquierda abertzale», fue el primer pistolero de ETA muerto, al enfrentarse con las Fuerzas de Seguridad. Su fallecimiento se produjo después de haber asesinado al primer Guardia Civil que mataba la banda terrorista en su siniestra historia, el agente José Pardines Arcay, el 7 de junio de 1978 en Aduna.
Fundador de la ETA más peligrosa
– «Txikia» reorganizó la banda más efectiva Eustaquio Mendizábal murió en un enfrentamiento con la Policía, en abril de 1973, en la estación de Algorta (Vizcaya) tras un intenso tiroteo y una persecución de «película» por las calles de la localidad. La desaparición de este individuo, en el mandaba más la acción que el debate, no impidió que la banda evolucionara hacia posturas radicales.
Atentado contra Lemóniz
– Primer ataque contra la central. David Álvarez Peña tuvo el dudoso «honor» de formar parte del «comando» que atacó, en 1978, por primera vez las instalaciones de la Central Nuclear de Lemóniz (Vizcaya), que se encontraba en construcción. El objetivo era el puesto de la Guardia Civil que se había instalado en el lugar para vigilar las obras. ETA no cejó en su empeño hasta lograr frenar para siempre el proyecto.
LA RAZÓN, 8/2/12