ABC 10/06/13
Dignidad y Justicia teme que las dilaciones en el proceso reduzcan las condenas
Si a un sumario que abarca 800 tomos le sumas que por la investigación han pasado seis fiscales y dos jueces de instrucción, que hay 40 acusados y 110 responsables civiles personados y, además, le pones obstáculos en forma de parones provocados por el llamado «proceso de paz», la celebración del juicio se puede posponer hasta once años. Son los que han pasado desde que el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón abrió el sumario que investiga la financiación de Batasuna a través de las «herriko tabernas»: seis de instrucción, hasta 2008, y cinco hasta que la Sala de lo Penal ha fijado fecha para el comienzo del juicio. Si se contabiliza desde que en 1998 se inició la macro investigación sobre el entorno de ETA, habrán pasado 15 años.
Finalmente, el juicio comenzará el próximo 17 de octubre y se desarrollará durante al menos cinco meses. El número de acusados es tal, que la Sala de lo Penal sólo ha querido fijar la fecha de las declaraciones de procesados y los responsables civiles, que se extenderán hasta el 17 de febrero en un régimen de tres diarias. Después llegará el turno de testigos y los peritos, por lo que es fácil que esta vista se introduzca en la primavera de 2014.
Una instrucción «fatal»
Por eso, a las acusaciones les preocupa seriamente que las condenas que imponga el tribunal se vean reducidas como consecuencia de las dilaciones indebidas que se han producido es esos 11 años. El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, tiene la «absoluta seguridad» de que esa será la estrategia de las defensas. Y tiene claro quiénes son los dos principales responsables de esos retrasos: «Gracias a la fatal instrucción de Garzón y a la pérdida de tiempo en investigaciones absurdas sobre el genocidio y similares, se perdió mucho tiempo», asegura, antes de señalar al que en su opinión es el otro gran responsable: «Cuando más retraso hubo fue en la época de Zapatero. Se ralentizó muchísimo porque fue una de las monedas de cambio con que se negoció. En los años 2005, 2006 y 2007 la Fiscalía no avanzaba nada y teníamos que ser las acusaciones las que llevábamos el peso de la investigación». En cambio, Portero aplaude la actuación de Fernando Grande-Marlaska, primero como instructor sustituto de Garzón y ahora como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. «Con él, este caso se aceleró bastante, antes y ahora», asegura. A todos estos asuntos, habría que sumar cuestiones formales y la propia estrategia de las defensas para dilatar el proceso: como el intento en 2009 de recusar a tres magistrados.
Entre los 40 acusados, el único que a día de hoy permanece en prisión es Arnaldo Otegi, y lo hace por otro asunto, el «caso Bateragune». Para él y para los también exmiembros de Batasuna Joseba Permach y Rufino Etxebarría el fiscal solicita 12 años de cárcel por pertenencia a ETA en grado de dirigiente. Es más que probable que si finalmente son condenados se beneficien de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas (retraso injustificado), lo que puede suponer la rebaja de la condena en dos grados. Esto significará que aún siendo considerados culpables, no tengan que pisar la cárcel, puesto que ya han cumplido cuatro años de prisión preventiva.
Otra consecuencia de los retrasos es que el cierre cautelar de las 110 «herriko tabernas» a las que se atribuye la responsabilidad civil venció en el año 2007. Desde entonces, esos locales funcionan con absoluta normalidad. Como ya publicó ABC, entre 2007 y 2011 movieron en torno a 60 millones de euros.