La agresión a dos guardias civiles y a sus parejas en Alsasua (Navarra) fue encabezada por miembros de un grupo organizado de la localidad que promueve la expulsión de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Según los informes remitidos a la Audiencia Nacional, el colectivo quiere «provocar miedo e inseguridad» entre los agentes y sus familias e incluso en el resto de la población, que es un «objetivo» si no sigue sus consignas.
La descripción está recogida en un auto en el que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela reclama al juzgado de Pamplona que llevaba el caso que se lo pase a la Audiencia Nacional, ya que podría haberse cometido un delito de terrorismo. Los informes identifican a 12 de las personas que participaron en la agresión, que acabó con uno de los agentes hospitalizado.
La petición de la juez se fundamenta en el informe remitido por la Guardia Civil sobre las actividades del movimiento Alde Hemedik (Fuera de aquí), que busca la expulsión de las Fuerzas de Seguridad del Estado del País Vasco y Navarra. Tres de los identificados por la agresión serían los promotores del movimiento local de Alsasua que «desarrolla esa campaña», denominado Ospa Mugimendua. Los otros nueve detenidos podrían pertenecer también al movimiento, según la juez.
Según los informes –hay otro de la Policía Foral–, estos movimientos realizan «todo tipo de acciones de protesta, presión y hostigamiento contra los miembros de las [Fuerzas de Seguridad], fundamentalmente la Guardia Civil, y las familias de estas, buscando provocarles una sensación de continuo miedo e inseguridad e impidiéndoles realizar una vida en condiciones de normalidad». «Para ello», añade el escrito de la juez, «se han valido de actitudes provocadoras, manifestaciones, concentraciones, pintadas, pancartas y carteles, vídeos y el uso de redes».
«Actualmente», dice el auto, este movimiento «cuenta con apoyo de Bildu, Sortu y Ernai». El escrito vincula el movimiento de expulsión de las Fuerzas de Seguridad con la estrategia de organizaciones como Gestoras pro Amnistía, Jarrai, Haika y Segi, todas ellas ilegalizadas por su carácter terrorista.
Siguiendo los informes, la magistrada añade que el movimiento local de Alsasua tiene un doble objetivo: dificultar la vida a los agentes y amedrentar al resto de ciudadanos. El primer objetivo, detalla, consiste en «influir ostensiblemente y de manera negativa en la calidad de vida de los miembros de la Guardia Civil, así como en la de sus vinculaciones y familiares, sintiéndose en todo momento objetivo de grupúsculos violentos, con el gran condicionante que ello supone para su vida diaria, llegando a tener miedo o dificultades para realizar actividades tan cotidianas como realizar compras en comercios, poder disfrutar del tiempo libre con sus parejas o apuntar a sus hijos a actividades».
El segundo objetivo supone «crear un clima de miedo entre los ciudadanos, instándoles de manera indirecta a no entablar ningún vínculo afectivo o simplemente de amistad o cortesía con miembros de la Guardia Civil, en un intento de aislarles socialmente. El incumplimiento de estos preceptos por parte de algún ciudadano le convierte automáticamente en afín al Cuerpo y por tanto en cualquier momento tanto su persona como sus bienes o incluso sus vinculaciones directas pueden pasar a convertirse en objetivo de dichos grupúsculos violentos».
La juez relata los incidentes en el bar Koxka de Alsasua, que comenzaron con la llegada de Jokin Unamuno Goicoetxea, uno de los considerados promotores del movimiento contra las Fuerzas de Seguridad. Este es el relato de hechos recogido en el auto: «Sobre las 02.30 horas del día 15 de octubre de 2016, el teniente de la Guardia Civil […] y el sargento […] se encontraban, de paisano y fuera de servicio, realizando unas consumiciones, en compañía de sus parejas […] en el bar Koxka de Alsasua cuando, en un momento determinado, alrededor de las 03.15 horas, Jokin Unamuno Goicoetxea entró en el bar acompañado de Nahia Bengoetxea (participó directamente en la agresión de […]), dirigiéndose hacia el sargento diciéndole que no tenían derecho a estar allí, interviniendo entonces el teniente diciéndole a Jokin que les dejaran en paz, insistiendo Jokin en su actitud».
«Entre tanto», prosigue la juez, «la gente del bar, entre 20 y 25 personas, se iba acercando rodeando a los agentes y a sus parejas, comenzando a insultarles y amenazarles con expresiones tales como ‘esto os pasa por venir aquí’, ‘tenéis lo que os merecéis’, ‘iros de aquí’, ‘hijos de puta’, ‘cabrones fuera de aquí perros’, ‘putos pikoletos’, ‘txakurras’, ‘aldehemendik’ [fuera de aquí], ‘utzipakean’ [dejadnos en paz], para a continuación comenzar a golpearles».
«Los agentes y sus parejas intentaron entonces abandonar el bar, y ya en la calle se encontraron con otro grupo de 15 a 20 personas que junto a las anteriores continuaron insultando y golpeando a los agentes y a sus parejas, hasta que se constituyeron en el lugar los agentes […], pertenecientes a la unidad de Prevención de la Comisaría de Alsasua de la Policía Foral, a quienes se dirigían diciéndoles que por qué no detenían también al ‘sargento’ y, en varias ocasiones, que no entraran en el juego de los guardias civiles y la Policía Nacional, ya que los agentes son de Navarra y los otros no».
La magistrada Lamela, en sintonía con la Fiscalía, considera que los hechos podrían suponer delitos de atentado a la autoridad y lesiones, así como de provocación a la discriminación, odio o violencia. Y todo con carácter terrorista, lo que, además de para atribuir la investigación a la Audiencia, serviría para elevar las eventuales condenas.