Este Gobierno y «su» fiscal –Sánchez dixit– tienen un problema con los teléfonos móviles. No de calidad, que se suponen de gama alta, sino de uso y de protección de datos. Los terminales del presidente y de algunos ministros sufrieron un pinchazo con hipotéticas aunque probables consecuencias en la política exterior del Estado, y el de García Ortiz ha sido sustituido justo después de que su titular empezara a ser investigado por un presunto delito de revelación de secretos de un ciudadano, que por casualidad es novio de una dirigente del bando adversario. Adversario en teoría del Ejecutivo, no de la Fiscalía, aunque el citado posesivo presidencial y la famosa frase «de quién depende» convierten una relación institucional jerárquica en otra de estricta disciplina. Alguien ha debido de confundir la denominación convencional de ‘Ministerio Público’ con la de una cartera más del Gabinete sanchista, donde ya están significativamente fusionados los departamentos de Presidencia y de Justicia.

El caso es que esos dispositivos resultan claves para entender o esclarecer ciertas decisiones oficiales de las que pueden derivarse efectos políticos determinantes. Ninguna reputación sale indemne de un escrutinio al detalle de sus conversaciones o mensajes, pero tanto la hipótesis razonable de que los asuntos de interés nacional hayan sido objeto de espionaje como los indicios de un borrado de huellas digitales ante una pesquisa judicial levantan en la opinión pública sospechas muy graves. Bien por tratarse de cuestiones de alcance estratégico en el contexto de las relaciones con un país extranjero, bien por la conjetura verosímil de que el jefe de los fiscales haya escamoteado información relevante al Tribunal Supremo, estamos frente a sendos escándalos inéditos en una democracia cuya legitimidad se basa en el cumplimiento transparente de exigentes estándares éticos. No puede haber confianza en un sistema con esa clase de agujeros negros.

Está pendiente desde hace más de dos años la explicación parlamentaria de la infiltración del programa Pegasus, negada con muy dudosas apelaciones a la razón de Estado. Y la desaparición del teléfono de García Ortiz constituye una clara obstrucción al desarrollo del sumario. La opacidad da vuelo a especulaciones de todo tipo, que van desde el giro gubernamental sobre la soberanía del Sahara a la intervención de Moncloa en una operación de acoso delictivo. No es la credibilidad de Sánchez y su equipo la que está en entredicho; hace mucho que la han perdido. Es la de las instituciones, la de los instrumentos de control del poder, la de la limpieza de sus mecanismos, la de la consistencia de sus principios. La calidad democrática se mide en términos de capacidad de autodepuración contra las tentaciones de arbitrariedad o abuso de posición de dominio. Y este ejercicio de ocultación huele demasiado a podrido.