ABC 08/09/16
LUIS VENTOSO
· ¿Debe tolerarse que las autoridades catalanas incumplan de facto la ley?
ESPAÑA no es un país cualquiera. Entre 1519 y 1682 fue cabeza del mayor imperio que ha conocido el mundo (no es una opinión, es un dato). Hace cinco siglos, las potencias rivales ya hablaban de «los españoles». Hoy es además la duodécima mayor economía mundial. Según las últimas cifras del FMI, su PIB supera al de Rusia, Indonesia, Holanda o Australia. Pero esa relevante nación, una de las más antiguas, se enfrenta al riesgo de dejar de existir como tal, debido al desafío ilegal de las autoridades separatistas catalanas. Ese es el mayor problema de España, porque ataca lo elemental: su propio ser.
Cuando los separatistas aprueban en sede parlamentaria un plan para romper España en unos meses, caben dos alternativas: intentar pararlos, o ir dejándolos hacer mientras se buscan puentes imposibles con un enemigo que no los desea. Pedro Sánchez, Pedro Almodóvar –que vuelve a representar a España en los Oscar, sin que nadie le afee que hizo lo mismo que Soria–, Ferreras y la Ana Pastor televisiva, Manuel Rivas y Almudena Grandes, Carmena, Iglesias y Errejón, El Gran Wyoming, las comunicadoras Barceló y Bueno, los dos Garzones… que se sepa todos ellos son españoles, enérgicos y locuaces para denunciar el «austericidio» del PP. Pues bien, jamás los escucharán condenando en alto un desafío que vulnera las leyes, pisotea la soberanía y derechos del pueblo español y pretende destruir el país. ¿Qué pasaría si el Estado y la ciudadanía se sumasen a esa absurda equidistancia entre Rajoy y Puigdemont que propugna Sánchez? Pues que los separatistas se impondrían, Cataluña se separaría y otros la seguirían. España sería desguazada.
Los independentistas han elegido bien el momento para su golpe de Estado: España lleva meses sin Gobierno y el actual PSOE navega a la deriva, le resulta antipático defender a la nación (así le va). A ello se une una justicia exasperantemente lenta y pusilánime, con algunos magistrados del mal llamado «progresismo» que empiezan a sopesar que con tanta gente en las marchas separatistas, quizá convenga poner en barbecho las leyes (lo cual sería rendirse a la ley de la calle y liquidar el Estado del derecho).
Para inmensa frustración del grueso de los españoles, los desafueros de las autoridades catalanas van mucho más rápidos que la justicia. Artur Mas organizó un referéndum ilegal y lo cierto es que a día de hoy no le ha pasado nada. Forcadell ha firmado la más grave violación de nuestra legalidad, y tampoco. La justicia está llegando tarde frente a los hechos consumados. Ante esa dinámica, cabe hacer el avestruz hasta que se quiebre España –receta de Sánchez e Iglesias–, o protegerla con todos los recursos que prevé la Constitución, incluida la intervención de una autonomía donde ha dejado de imperar la ley.
El envite separatista demanda el relevo inmediato del irresponsable y mediocre líder del PSOE, a fin de facilitar un acuerdo explícito de los partidos constitucionalistas para tomar medidas urgentes, que necesitarían además del respaldo patriótico de intelectuales, medios y empresarios españoles. O eso, o cinco siglos después cerramos la tienda. Pero eso sí, con una gran sonrisa de fraternidad zapaterista.