La sentencia ha estado en este primer tramo de la campaña. Por supuesto, en el País Vasco, donde ha sido mayoritariamente saludada por la opinión pública y por la clase política, a excepción del PP. Dentro y fuera del País Vasco, los dirigentes de dicho partido se han dedicado a procesar maliciosamente las intenciones ajenas.
Las trompetas del apocalipsis (copyright José María Izquierdo) anuncian el estallido social, el retorno de ETA a las instituciones, la ruina de España y la inminente quema de neumáticos en la Castellana si Rodríguez Zapatero sigue cinco minutos más en el Gobierno. Es difícil resistir la tentación de poner tierra por medio. Y no se cansan. Pero si realmente hay un motivo para salir corriendo es la campaña electoral.
Turno de la clase política. El tercer problema de los españoles, después del paro y la crisis económica, según el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas). Por delante del terrorismo, en estos momentos muy por debajo en los niveles de preocupación ciudadana (un 6%, frente al 83% del paro) a pesar del ruido político y mediático de acompañamiento a la sentencia del Tribunal Constitucional del jueves pasado sobre el acceso de los amigos de ETA a las instituciones municipales y forales del País Vasco y Navarra, si se lo ganan en las urnas.
La sentencia ha estado en este primer tramo de la campaña. Por supuesto, en el País Vasco, donde ha sido mayoritariamente saludada por la opinión pública y por la clase política, a excepción del PP. Dentro y fuera del País Vasco, los dirigentes de dicho partido se han dedicado a procesar maliciosamente las intenciones ajenas. No solo las del Gobierno. También las de los magistrados (estómagos agradecidos, según González Pons, banda sonora del partido de Rajoy). Reacciones impropias de un partido que aspira a gestionar los intereses generales y el funcionamiento de las instituciones.
En cuanto al Gobierno, se aferró a las generales de la ley. Acatamiento y respeto. Pero celebró y celebra un desenlace ajustado a su vocación (lo que deseaba) sin haber renunciado a su obligación. Su deber era hacer lo que hizo en sintonía con el primer partido de la oposición, lo que estaba en su mano para que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional tuvieran todos los elementos de juicio al decidir entre el derecho del sistema a defenderse de sus enemigos y el derecho de los ciudadanos a la participación política.
Todo eso empieza a quedar atrás. Salvo que una ETA en horas bajas desmienta en cualquier momento a quienes, al amparo de la sentencia del Constitucional, apuestan por la complacencia con los que durante tanto tiempo ejercieron de brazo político de la banda ¿Es creíble un propósito de la enmienda elaborado en cuatro meses (vísperas electorales, casualmente) respecto a una trayectoria de cuarenta años? No respondan ahora, respondan después de la publicidad.
De la publicidad electoral, se entiende, que es donde andamos metidos desde el viernes pasado. Políticos en primera plano hasta el recuento del 22 de mayo por la noche en las 13 Comunidades Autónomas y los más de 8.000 ayuntamientos que salen a concurso. Cantidades industriales de impostura televisada y malversación de la escasa confianza que una parte de los ciudadanos aún creen en la dinámica electoral como fuente de remedios. En este caso, remedios a los problemas municipales y regionales de los españoles, pero es evidente el planteamiento nacional de uno de los dos grandes, el PP. Y por impregnación, también del PSOE, como se ha visto en las primeras intervenciones de Zapatero, Rubalcaba y Felipe González a lo largo del pasado fin de semana.
Antonio Casado, EL CONFIDENCIAL, 9/5/2011