Que el lehendakari Urkullu haya aprovechado la extrema debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez para reivindicarse en un escenario donde los secesionistas catalanes y Bildu tienen el papel de actores preferentes, es una de las razones de su último movimiento. Su plan de Estado plurinacional va envuelto en el miedo a perder comba. El miedo a seguir perdiendo votantes desde que el PNV sacudió su eje pivotado sobre un proyecto nacionalista conservador y pragmático para escorarse hacia la izquierda. Un viraje del que últimamente se están beneficiando los de Bildu en las urnas. Otegi, que se acaba de postular como candidato en las próximas elecciones autonómicas vascas, sabe que si va sumando apoyos del voto joven nacionalista, se lo debe al PNV, que se ha salido de su casilla tradicional y está quedando fuera de cacho.

A medida que Sánchez necesita, al precio que sea, los apoyos de los extremos más radicales, todos los partidos de izquierda, populistas y secesionistas esperan su oportunidad. No es menos cierto que después del panorama «diabólico» (según el socialista García Page) que dejaron las urnas el pasado 23 de julio, también Vox se aprovecha de la debilidad de Feijóo, que ganó las elecciones sin la mayoría suficiente para gobernar. Las tesis del partido de Abascal son muy discutibles en política de igualdad, autonómica e inmigración, por ejemplo. Pero en ningún momento ha planteado dar un golpe a la Constitución, vulnerar las leyes, justificar el terrorismo o cargarse los consensos de la Transición. Nada que ver. Esa es la diferencia entre las dos mayorías que se perfilan en las Cortes en la nueva legislatura. Quizá por eso, el prestigioso ‘Washington Post’ ponía especial acento en el chantaje de quienes le están atando en corto a Sánchez al decir, en su editorial, que España está siendo «rehén de una facción de extremistas rupturistas regionales» para poner el dedo en la llaga: «Aunque los partidos catalanistas separatistas sólo tienen 14 de los 350 escaños del Congreso, detentan un poder desproporcionado». En efecto, si la gobernabilidad de este país está en manos del 6% del electorado, algo se está haciendo muy mal.

Es en esa minoría parlamentaria que quiere forzar un régimen nuevo (la amnistía para los delincuentes en democracia no tiene otra justificación) donde se centra el debate del comienzo de curso. Y al PSOE actual todo le parece bien. Todo lo que proceda del mundo nacionalista que, en realidad, son algunos más: 26 escaños de los 350 diputados. Y hasta ahí pueden leer.

El lehendakari sabe que ninguna convención como la que ha propuesto, por muy pactada que esté entre dos gobiernos o dos parlamentos, puede acordar una modificación territorial sin pasar por el procedimiento de la reforma constitucional. Que el reconocimiento de la nación vasca deberá ser refrendado por todos los españoles porque ese cambio les concierne a todos ellos. Que no valdrán los ‘trágala’. Por mucho que el Tribunal Constitucional presidido por Conde Pumpido está dispuesto a mancharse la toga con el polvo del camino independentista. La amnistía va a ser un salto cualitativo en las concesiones, aunque a Junqueras, en su pulso con Junts, le parezca insuficiente. Pide la autodeterminación. «Pocas veces he visto que se destruya tanto por conseguir tan poco», se lamentaba Nicolás Redondo. Si al final el próximo presidente del Gobierno transige con todas las exigencias secesionistas, nos espera una legislatura de desigualdad y confrontación. Y todos tan contentos porque no gobierna la derecha.