Los autodenominados «artesanos de la paz» –las personas designadas por ETA para publicitar la entrega de armas– han intentado en las últimas semanas negociar con Francia la impunidad total para todo el que participe en los actos con los que mañana pretenden escenificar el desarme.
Su preocupación estaba centrada en las consecuencias penales que puedan sufrir quienes se presenten ante las autoridades francesas con la geolocalización de los zulos de la organización, quienes se presten a acudir a los zulos antes o durante su desmantelamiento y quienes hayan estado ocultando en sus domicilios o sus propiedades algún almacén.
Según fuentes consultadas por este periódico, las autoridades galas se han negado a llegar a ningún acuerdo. Los franceses habrían hecho llegar a los «artesanos» su intención de actuar contra quien obstaculice la acción de la Justicia, intente algún tipo de manipulación o se implique en algún tipo de acción que no sea legal o no respete la apariencia de legalidad. De modo que el margen de maniobra de los organizadores del desarme será en principio el que las autoridades francesas establezcan.
El pasado 17 de marzo, Jean-Noël Etcheverry, uno de los «artesanos» –detenido en cinco ocasiones por su presunta vinculación con ETA–, anunció que el 8 de abril estaría completado el desarme de la banda de forma «total, verificable y verificada». El siguiente reto de la organización era presentar este hecho como si no fuera una rendición y utilizarlo para volver a poner en primer plano el problema que tiene con los presos y huidos. Así, ha estado planificando el modo de entregar las armas al enemigo sin que parezca que es así. La banda pretende que parezca que es la «sociedad civil» quien las entrega como y cuando ETA quiere, y en presencia de garantes internacionales. Lo que los «artesanos» han hecho ha sido organizar en Bayona unas jornadas que culminarán con un acto organizado por Bildu.
En estas semanas han barajado varias posibilidades para introducir en este contexto la entrega del armamento: comparecer en las jornadas matinales para anunciar que, por orden de ETA, han entregado las coordenadas de sus zulos al Grupo de Verificación Internacional encabezado por el profesor Ram Manikkalingam; que, acto seguido, uno de los verificadores se acerque a la Fiscalía de Pau para entregar la información –tras lo cual la policía procedería a incautarse de las armas–; y que, o bien a primera hora, o bien cuando la geolocalización haya sido entregada a las autoridades, varios grupos de personas se presenten en los zulos acompañadas por los verificadores para protagonizar la entrega como «miembros de la sociedad civil».
Los organizadores de toda esta escenificación llevarán o no a cabo estos actos después de calibrar cuál puede ser la intervención final de las autoridades galas. Según las fuentes consultadas, los franceses no están dispuestos a permitir manifestaciones en torno a los zulos que conviertan la entrega de las armas en un acto de propaganda de la banda, ni la destrucción de pruebas, ni ningún tipo de actividad que vulnere la apariencia de legalidad. Pero es posible que tampoco pongan más pegas que las necesarias al desmantelamiento estricto de unos almacenes que están en su suelo.
ETA ha llegado a este punto tras comprobar que España y Francia hacían oídos sordos a sus exigencias sobre sus presos y tras resistirse durante más de tres años a todo tipo de presiones: a las de la izquierda abertzale–perjudicada por la torpe gestión de su derrota–, a las de los verificadores y a las del Gobierno vasco.
La banda intentó primero una negociación con el Gobierno de Rajoy en Oslo, pero este ni se dio por aludido. Después realizó una mascarada entregando a los verificadores unas armas en un baúl que se volvió a llevar tras realizar unas fotos. Y el pasado 16 de diciembre hizo un tercer intento al modo irlandés.
El IRA realizó su desarme por fases, con testigos internacionales y destruyendo las armas. Los «artesanos de la paz» se reunieron en un caserío para manipular un pequeño arsenal con la intención de que una grabación sirviese como prueba del desarme. Acabaron detenidos junto a la mujer que les dio cobijo.
Poco después fueron puestos en libertad con cargos, pero el Ministerio del Interior francés recordó que «sólo la autoridad judicial francesa está habilitada para hacerse cargo de las armas y explosivos de ETA». Advirtió de que «toda manipulación puede perjudicar la acción de la Justicia», aseguró que se negaba a negociar las modalidades de la entrega e instó a ETA a su disolución. En palabras de los expertos, este comunicado sólo les daba tres salidas: la Prefectura de Burdeos, la policía en Bayona o la Fiscalía en Pau.
Fracasados sus tres intentos, ETA ha organizado el cuarto pendiente de las autoridades francesas. Hace unos años, cuando los verificadores intentaron facilitar el camino a la banda, la juez Le Vert les advirtió de que si seguían con sus maniobras en suelo galo podían ser detenidos. Ahora, dependerá de las circunstancias.
Ayer, la Audiencia Nacional cursó una comisión rogatoria a Francia solicitando información sobre el arsenal por si alguna de las armas entregadas está incluida en alguna investigación abierta. Los expertos aseguran que la actual dirección de la banda sólo ha podido inventariar el 25% de todo el material que ETA ha tenido a su disposición a lo largo de los años. Y no va a entregar ni siquiera ese 25%, porque hay zulos que los actuales dirigentes no saben dónde están o porque, aunque lo saben, temen que estén vigilados. De modo que el desarme será incompleto. Queda por ver si será suficiente.