Los asesores de Mas prevén la secesión unilateral tras el 27-S

Movilización en la calle El Consejo de Transición aconseja movilizar a la sociedad civil si el Gobierno bloquea el proceso

A las pocas semanas de anunciar su pacto electoral, CiU y ERC ya discrepaban respecto a la hoja de ruta secesionista posterior a los comicios del 27 de septiembre, pero los asesores del presidente Artur Mas lo tienen muy claro. Los miembros del Consejo Asesor para la Transición Nacional, presidido por el ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, Carles Viver PiSunyer, reflejaron en el documento de 44 páginas titulado «El proceso constituyente» los pasos que se deben dar tras unas elecciones «en clave plebiscitaria» en las que se lograra una mayoría absoluta independentista.

Suspender la autonomía
El texto establece como premisa la negociación con el Gobierno de España de la creación de «un nuevo estado independiente». Pero, ante un previsible escenario de «no colaboración», los expertos auguran «una situación de bloqueo político, con una carga potencial de conflicto institucional muy elevada».

Prevén distintos grados de rechazo, desde el bloqueo las iniciativas que se lleven a cabo ante el Tribunal Constitucional hasta «una actitud activa y beligerante» que podría conducir a «la intervención de algunas instituciones y/o servicios de la Generalitat e, incluso la suspensión de la autonomía». No descartan «la declaración de estados excepcionales» por parte del Estado español como el de «alarma, excepción o sitio». No obstante, precisan que el Gobierno «no podría adoptar medidas que supongan una limitación, y todavía menos, una suspensión o supresión de los derechos y deberes de las personas. Si este fuera el caso, podría incluso intervenir la Unión Europea».

Ante esta situación, el Consejo sugiere apelar a las instituciones internacionales, movilizar a la sociedad civil y proceder a la proclamación unilateral de independencia en el Parlamento catalán, que debería ratificarse mediante un referéndum –aquí es donde discrepa Esquerra, pues entiende que la independencia ya vendría avalada por el 27-S–. Para ello «es necesario disponer de las estructuras de Estado básicas e indispensables para esta finalidad». Éstas son «la hacienda y la administración económica y tributaria, la seguridad social, el poder judicial, la seguridad pública, las infraestructuras, las telecomunicaciones, la energía, el agua y las relaciones exteriores».

De hecho, el Gobierno de Mas se ha propuesto reforzar durante estos meses previos al 27-S dos de esas estructuras: la hacienda catalana, en la que duplicará la plantilla y destinará este año 44 millones de euros, y la acción exterior, con la apertura de nuevas «embajadas» y la reciente designación de un delegado permanente de la Generalitat en la Unión Europea.

Tras esta proclamación de independencia, se daría paso a un «proceso constituyente» que culminaría en la aprobación de una Constitución catalana. Hasta ese momento, los expertos aconsejan que «el Parlamento de Cataluña apruebe una ley sobre el proceso constituyente que regule el procedimiento a seguir y establezca el régimen provisional del sistema institucional y jurídico de Cataluña».

Régimen provisional

Esta ley debería abordar la adaptación del sistema institucional de Cataluña, el régimen provisional de los derechos y libertades, el régimen provisional de nacionalidad, lengua y ordenamiento jurídico, y la relación con el Estado español y con otros organismos internacionales. Los asesores de Mas proponen, a continuación, la celebración de elecciones constituyentes. Éstas se podrían obviar si las elecciones plebiscitarias tuvieran lugar poco antes de la proclamación de independencia.

El siguiente paso sería la elaboración y aprobación de la Constitución catalana, ratificada posteriomente en otro referéndum. Como se sabe, el magistrado Santiago Vidal, expedientado por el Consejo General del Poder Judicial, lidera una de las tres propuestas que hay de Carta Magna catalana. Todas contemplan una república catalana en la que la lengua oficial sería el catalán y el castellano sería cooficial. También prevé la doble nacionalidad –para ello debería estar de acuerdo el Gobierno– y la creación de listas electorales abiertas. Discrepan respecto a la creación de un ejército catalán.