El jurista y político Landelino Lavilla falleció en abril de 2020. Sin embargo, su vida podría haber acabado 39 años antes. Por partida doble. Por un lado, Lavilla era presidente del Congreso cuando Tejero lo asaltó el 23-F. A punta de metralleta, estuvo retenido durante horas sin saber qué iba a ser de él y del resto de los diputados. Como consecuencia del intento de golpe de Estado, al día siguiente, 24 de febrero de 1981, la dirección de ETA político-militar llamó por teléfono al jefe del comando que la banda había mandado a Madrid: se le ordenó que suspendiese todas sus operaciones. Una de ellas, prevista para ese mismo mes, era el asesinato de Lavilla.

La lista de las víctimas mortales de ETA contiene 853 nombres. No obstante, aunque no sea un consuelo, podría haber sido mucho más larga. Un elevado número de los asesinatos que la organización había planeado no se llegaron a cometer. Los motivos son múltiples: una bomba que funcionaba mal o que fue desactivada a tiempo; la torpeza de los terroristas; su detención, fruto de la investigación policial o del aviso de algún ciudadano que vio algo raro; la rápida reacción de la persona objetivo del atentado o de sus escoltas; o el puro azar.

El 2 de abril de 1990, en un control rutinario de carretera, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado detuvieron a Henri Parot cuando transportaba en un automóvil 300 kilogramos de amonal destinados a la Jefatura de Policía de Sevilla. ETA acababa de perder a su integrante más sanguinario. Fue condenado como responsable de 38 asesinatos.

El 23 de octubre de 1991 en Zaragoza una pareja pidió a un transeúnte que les ayudara a empujar su coche, que se había averiado. No dio crédito: el número de la matrícula era exactamente el mismo que el del suyo. Cuando les pidió explicaciones, los dos etarras echaron a correr. El vehículo estaba cargado con 35 kilogramos de explosivo y otros 20 de metralla.

El 20 de mayo de 1996 ETA colocó dos coches-bomba con cerca de 200 kilogramos de amonal, así como un artefacto de cinco kilogramos en un contenedor de basura. Su objetivo era un autobús con militares que viajaban a la base de Cerro Muriano (Córdoba). El contenedor estalló, arrebatando la vida del sargento Miguel Ángel Ayllón, pero un fallo en el mando a distancia evitó que se activaran los coches-bomba.

En diciembre de 1999 la Guardia Civil interceptó dos furgonetas, una de ellas con 950 kilogramos de explosivos y otra con unos 730. ETA pretendía llevarlas a Madrid y hacerlas explotar en los túneles que hay bajo la Torre Picasso para derribarla.

A principios de 2000 ETA colocó diez kilogramos de dinamita en la jardinera de una ventana de una vivienda en la que había residido el comandante de la Guardia Civil de Cintruénigo (Navarra). Pero ya no estaba allí: se había mudado una familia distinta. A la bomba le daba lo mismo: estaba programada para detonar en noviembre de aquel año. Por fortuna, hubo un error técnico. No fue localizada y desactivada hasta febrero de 2001.

El 12 de octubre de ese año un comando colocó un coche-bomba en Madrid. Estaba preparado para que su carga, 25 kilogramos de dinamita, se activase a las 11.55 horas en pleno desfile de las Fuerzas Armadas. La banda avisó 40 minutos antes, sin especificar de qué vehículo se trataba. Las fuerzas de seguridad no lo encontraron, por lo que se pensó que era una falsa alarma. Sobre las 20.00 horas el automóvil fue retirado por una grúa porque bloqueaba un paso de cebra. Explotó en el depósito municipal a las 23.55 horas. Los etarras, que quizá no sabían inglés, habían pulsado ‘PM’ en lugar de ‘AM’.

El 17 de diciembre de 2002 dos guardias civiles interceptaron un vehículo sospechoso en Villalba. Hubo un tiroteo que costó la vida al agente Antonio Molina Martín, pero su sacrificio evitó una masacre. El coche-bomba tenía como objetivo volar por los aires El Corte Inglés de Pozuelo de Alarcón.

A finales de agosto de 2007 un vecino de Les Coves de Vinromá (Castellón) advirtió a la Policía de que había una furgoneta Mercedes Vito habilitada como caravana en un descampado. No constaba como sustraída porque la familia propietaria había sido secuestrada en las Landas, pero los agentes se acercaron. Asustado, el ‘comando Elurra’ de ETA detonó el vehículo y huyó. La furgoneta-bomba estaba destinada a atentar contra un complejo turístico de Oropesa del Mar.

Estos casos solo son una pequeña muestra. A ETA se le hizo poco asesinar a 853 personas y herir a otras 2.632. Ya fuera por sus errores, la suerte, la colaboración ciudadana o la acción policial, la banda no arrebató más vidas porque no pudo. Y solo dejó de hacerlo porque las fuerzas de seguridad la obligaron. Conviene recordárselo a quienes siguen justificando la historia de una organización obsesionada con llenar cárceles y cementerios.