No se entendería que una Generalitat gobernada por el animoso frente independentista del 14-F (ERC-Junts-Cup) dejase tirados a los dirigentes que en el desempeño de sus cargos oficiales, entre 2011 y 2017, se curraron «la internacionalización del conflicto». Lo raro hubiera sido que se desentendiera de la “acción represora del Estado” sobre el bolsillo de unos esforzados servidores de la quimérica república catalana. 

El problema lo tiene el Gobierno, obligado a parecer creíble en su declarado compromiso con el cumplimiento de la ley, mientras Pedro Sánchez y Pere Aragonès van abriendo los caminos del reencuentro en nombre del «verdadero patriotismo» frente a las respectivas acechanzas de Casado y Puigdemont. 

El sofisticado juego de avales y contraavales ideado por Jaume Giró, ex alto directivo de La Caixa, hoy consejero de Economía de la Generalitat, para blindar el patrimonio particular de los 34 dirigentes independentistas es la nueva meta volante de Pedro Sánchez en su carrera por demostrar al pueblo soberano que concordia no es claudicación.

El decreto de la Generalitat (fondo de 10 millones de euros de para las fianzas exigidas por el Tribunal de Cuentas), pendiente de convalidación en el Parlament, vuelve a poner a prueba el compromiso del Gobierno de la nación con el Estado de derecho que el independentismo pretende reventar. 

En este caso, se nos viene encima la apariencia de que se trata de tapar una ilegalidad con otra ilegalidad ante la inquietante apariencia de que en Moncloa hacen lo posible por asumir la creatividad del mago Giró, como si no vieran el truco. 

Todo ello, en nombre de la concordia pregonada por Moncloa y no correspondida por la Generalitat. Y en nombre del último imperativo político marcado por Pedro Sánchez. Que no se chafen los planes veraniegos para llegar a la “mesa”, después de la Diada, con una propuesta compatible con el vigente marco legal y llamada a superar la década maldita del ‘procés’. ¿Es posible si el frente que gobierna la Generalitat no se apea de su “Acuerdo por la Amnistía y la Autodeterminación” que piensa llevar al diálogo de los gobiernos en septiembre? 

Se nos viene encima la apariencia de que se trata de tapar una ilegalidad con otra ilegalidad 

En todas las esquinas del problema aparece la eterna cuestión de fondo: no hay nada que negociar si la contraparte desborda los marcos de la legalidad invocados por Sánchez en su reciente viaje báltico. El cumplimiento de la ley no es el programa de máximos del Gobierno, como cree Aragonés, sino una exigencia insalvable. Y es muy oportuno volver a recordarlo en relación con los avales malabares del independentismo. 

En condiciones normales, el Ejecutivo ya habría presentado un recurso de inconstitucionalidad con efectos suspensivos (artículo 161.2 sede la CE). Pero aquí el asunto se cruza con la llamada «agenda del reencuentro», que se resentiría con este problema añadido. 

La vicepresidenta, Carmen Calvo, se lo toma con calma y cede a la Abogacía del Estado la tarea de conseguir que el decreto de la Generalitat se ajuste a derecho sin reñir con la Generalitat, aunque parezca que los independentistas vuelven a atener razón al hablar de la represión del Estado (también la “económica”) porque no les deja hacer política sin miedo a que les embarguen. 

Aquí el asunto se cruza con la llamada «agenda del reencuentro» 

Entretanto, los vivaces tertulianos y los finos analistas airean la sospechas de que el Gobierno se puede pasar por el arco del triunfo el acta de liquidación del Tribunal de Cuentas sobre los fondos públicos gastados indebidamente por la Generalitat como se pasó en su día el informe desfavorable del Tribunal Supremo sobre los indultos a los condenados del ‘procés’.

De nuevo la falta de credibilidad del Gobierno planea sobre la política nacional.