Ignacio Camacho-ABC

• Con su narrativa exculpatoria de ‘los chicos de la gasolina’, el separatismo legitima la violencia política

Cuando hasta Echenique entona una discreta marcha atrás en su amparo -que lo dio, y explícito- a la ‘borroka’ y el saqueo callejero, el separatismo rufianesco intenta construir el torpe relato de una protesta juvenil contra la falta de horizontes sociales. Los incendiarios que han arramblado con mercancías de Louis Vuitton serían algo así como aquella ‘generación airada’ de Pinter, Osborne y Wesker, pero en versión analfabeta por los estragos de la inmersión lingüística y de la Logse, o la ‘juventud sin esperanza’ de Forman con una sobredosis de adrenalina que hubiese transformado su ingenuidad hippie en cólera nihilista. Un truco viejo e intragable para edulcorar la furia destructora de las brigadas de choque con que los independentistas han construido una fuerza de intimidación social contra la biempensante burguesía catalana con el objetivo de emparedarla entre la presión ejercida desde las instituciones y la desestabilización de la algarada revolucionaria. El camuflaje exculpatorio es demasiado burdo para colar como eximente pero envía el nítido mensaje de que el régimen nacionalista está dispuesto a jugar con dos barajas, la del aparato oficial de la Generalitat y la de la subversión controlada mediante mecanismos de agitación y estímulo de la guerrilla urbana.

Porque de eso se trata: de una legitimación de la violencia política en la que no es difícil apreciar la influencia de Bildu. La alianza estratégica del secesionismo republicano con los legatarios de ETA está batasunizando Cataluña como parte de un proyecto común de ruptura. La indulgencia ideológica que Rufián administró ayer en el Congreso a las hordas de estas noches de fuego barcelonesas se parece demasiado a aquella comprensiva minimización de ‘los chicos de la gasolina’ que asolaron el País Vasco hasta que Aznar y el Supremo los incluyeron en la Ley Antiterrorista. Y se acabaría, por cierto, de la misma manera: con una Fiscalía que investigase evidencias de delito en las tropelías y con la carga de responsabilidades subsidiarias de los destrozos sobre los padres de esos cachorros supuestamente crispados por el encogimiento de sus expectativas. Si las autoridades autonómicas excitan el vandalismo, lo protegen o lo justifican, quizá fuese conveniente apelar al compromiso de las familias para tirar a sus descarriadas criaturas de la brida.

Sucede que, a diferencia de los años de plomo vascos, los inductores de esta coacción violenta saben que cuentan con la empatía expresa de una parte del Gobierno y la anuencia pasiva del resto, porque quienes lo mantienen en el poder son ellos. Desde esa posición de prevalencia se pueden permitir el doble juego de representar al sistema y a los antisistema al mismo tiempo. Sólo que al patrocinar a las turbas quizá hayan ido demasiado lejos: todo proceso de insurrección se acaba revolviendo contra sus inspiradores primigenios.