Completa su trabajo la ponencia para definir las bases de una Ley Vasca de Educación con un viaje a Cataluña para «extraer ideas» a incorporar a su informe final. Ha hecho sus maletas sin que el Departamento de Educación del Gobierno vasco haya abierto sus cajones y mostrado los informes de las evaluaciones propias e internacionales que han analizado nuestro sistema educativo durante estos últimos cinco años, y que permanecen invisibles para la ciudadanía.

Claro que, durante este tiempo, el Ejecutivo ha desgranado algunos datos por aquí y allá, pero evitando sobre todo una mirada completa, comparativa y comprobadora de tendencias. Y cierto también que con aritmética, rigor y mucha paciencia se han podido conocer algunos de sus rasgos más destacados; aquellos que no nos califican precisamente como un gigante, pero sí constatan una base harto arcillosa.

La situación sería inconcebible para cualquier dirección que proponga una renovación en su ámbito. No es posible creer que patrocina un proyecto de mejora si escamotea a su comunidad los rendimientos académicos del alumnado, las evaluaciones practicadas o la eficiencia de las inversiones realizadas. No es creíble pensar que persigue algo positivo si solo adula a quien con altas expectativas obtiene mediocres frutos, o únicamente sugiere resignación a quienes relega cada vez en mayor medida a los márgenes del sistema.

Todas las investigaciones indican que nuestros resultados son inferiores a lo que se esperaría de nuestros condicionantes, o de forma más didáctica, que somos la comunidad autónoma con mayor margen de mejora. Entendemos como fortalezas aspectos que solo revelan fragilidad, como las pequeñas diferencias entre el alumnado de alto y bajo rendimiento, un diferencial corto porque nuestros contingentes de alumnado en niveles avanzados son reducidos, señal de mediocridad, mientras crece el número de estudiantes en los niveles iniciales, marca de fracaso. Más aún, somos una de las comunidades con mayor segregación y menor proporción de alumnado resiliente, aquel que alcanza los mejores resultados pese a estudiar en las circunstancias más difíciles.

Los datos de aprendizaje sorprendentemente bajos suelen reflejar políticas inadecuadas con la lengua de instrucción y existencia de mecanismos discriminadores del alumnado. Pero cuando topamos con los problemas, prevalece el disimulo. De hecho, no es la primera vez que cuando se aborda, por ejemplo, el engarce entre la política educativa y la lingüística, el Gobierno vasco apuesta por dejar bajo llave elementos imprescindibles para el análisis y el debate.

Hace ahora quince años, la publicación que recogía distintas reflexiones sobre una posible reforma de los modelos lingüísticos y las conclusiones de su comisión coordinadora fue sepultada en los almacenes gubernamentales (los cajones resultan a veces insuficientes), posiblemente para sorpresa de sus propios redactores. Tuvo que ser una nueva Administración la que años más tarde rescatara del polvo aquellos miles de ejemplares y sacara a la luz sus conclusiones.

En la publicación olvidada, titulada en castellano ‘La enseñanza vasca a examen’, se hacía referencia a que en la escuela el itinerario de cada estudiante en el aprendizaje de las lenguas nunca es idéntico. Los hay que conocen nuestras dos lenguas oficiales desde su entorno más próximo, quienes conocen solo una, o incluso quienes desconocen ambas porque utilizan una lengua extranjera (o más de una). Ninguno realiza el mismo recorrido ni adquiere exactamente la misma competencia lingüística al final de su periodo escolar. Evidentemente, pretendemos que todos consigan unos objetivos mínimos, aunque sabemos que no todos alcanzarán el mismo nivel. Y ello obliga, explicaban los autores, a extremar el cuidado para no convertir una de esas lenguas en una dificultad insalvable en razón a un origen socioeconómico o cultural determinado.

Pero las llamadas a la prudencia y al análisis no eran el punto fuerte de la Administración que soterró tales reflexiones, ni al parecer tampoco de la actual que esconde datos, no sólo por la consecuencia lingüística (que no es de su gusto), sino también porque demuestran que ni tenemos el «sistema educativo sin parangón en el mundo» del que presume el consejero Jokin Bildarratz, ni caminamos hacia la sociedad avanzada y cohesionada a la que aspiramos sin soberbia una buena mayoría.

La evaluación es una herramienta clave en la mejora de la calidad, y la transparencia de los resultados, la primera condición de cualquier sistema para progresar. Por mucho que insista el Gobierno, negar los problemas no evita su existencia. El debate debería centrarse en cómo hacerles frente, y para eso resulta más adecuado viajar a nuestro interior a descubrir lo que aún nos está velado. El desprecio a la verdad por muy dolorosa que sea («egiak min ematen du», recordaba Gabriel Aresti), además de un obstáculo para una investigación objetiva, especialmente grave en este momento, resulta un error de graves consecuencias humanas, sociales y económicas.