Arcadi Espada-El Mundo
NADIE discutió en España los seis meses que ha pasado Ignacio González en la cárcel o los tres años que pasó Francisco Granados. Los dos se dedicaban a la política y los dos han sido gravemente acusados de corrupción. Por el contrario casi todo el mundo discute desde el primer día (¡incluso el Supremo!) que estén en prisión preventiva políticos que se han alzado contra el Estado de derecho y que utilizaron su posición política no para llenarse sus bolsillos privados, sino para violentar la democracia. Si se prueban las acusaciones, Francisco Granados o Ignacio González habrán causados daños indiscutibles al sistema político español. Pero no habrá llegado el daño a provocar la marcha de 2.000 empresas, a que el 20% de los consumidores españoles haya dejado de comprar productos catalanes, a que la fractura civil alcance profundidades de riesgo en Cataluña o a que la imagen (es decir, el comercio) de Cataluña y España se haya erosionado de un modo tan implacable e inesperado. Todos esos daños los han causado hombres y mujeres que hoy están preventivamente en la cárcel o huidos. Parte del daño, además, era deliberado, como lo prueba el documento sobre los planes de independencia requisado en el departamento de Economía: el daño económico se planteaba como un objetivo para acelerar la transición al paraíso.
Ninguno de los encarcelados ha dado hasta el momento la menor señal de arrepentimiento. Para saber en su caso hasta qué punto es real el riesgo de reiteración del delito bastará saber que no lo consideran un delito. No es que consideren que no lo han hecho; es que, reconociendo lo que han hecho, no lo consideran delito. Algo así como si González y Granados defendieran la higiene y legitimidad de la corrupción. A la escandalosa hipótesis que supondría sacarlos de la cárcel se une un hecho puramente inconcebible: la plausibilidad de que se presenten a las elecciones. Volviendo al corrupto: no solo ponerlo en libertad, sino ponerle a contar dinero; no correr el riesgo de la reiteración delictiva: invitarle a ella. Esta posibilidad, que repugna al sentido común y por tanto habría de repugnar al Derecho, es consecuencia de no haber formalizado penalmente en España un capítulo de delitos contra la democracia y de haber confiado el castigo de los nacionalistas al apartado de un código penal pensado para espadones. Sería interesante que el Supremo, al parecer tan interesado en la corrección de las medidas cautelares que pesan sobre los nacionalistas, aprovechara la facultad que le asiste por razón de las llamadas «medidas innominadas» e introdujera la inhabilitación política cautelar de los encarcelados. Así ahorraría a los demócratas la obligación de ir a votar con mascarilla.