LIBERTAD DIGITAL 03/11/13
· Desaparición de la Ley de Partidos, derogación de la doctrina Parot, paralización de las detenciones…
Poco después de su llegada en 2004 al Palacio de La Moncloa, José Luis Rodríguez Zapatero aprovechó las conversaciones y contactos informales que el presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, venía manteniendo desde años atrás con el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, como base inicial de una negociación que acabase con el uso del terrorismo por parte de ETA a cambio de concesiones políticas a los asesinos.
Esa negociación se plasmó en la configuración de dos mesas técnicas, una que conformaron representantes de los socialistas vascos y de la entonces ilegal Batasuna-ETA -en la que también participaron destacados dirigentes del PNV- y una segunda mesa en la que se sentaron representantes enviados por el Gobierno Zapatero y la dirección de ETA.
En esta segunda mesa fue donde se realizaron muchas de las promesas que cristalizaron y han cristalizado en decisiones políticas o judiciales que han conmocionado a buena parte de la sociedad española. La última de ellas, queda reflejada en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que ha derogado de facto la doctrina Parot.
Libertad Digital repasa a continuación cuáles fueron las grandes promesas que los emisarios del Gobierno Zapatero realizaron a los negociadores de la organización terrorista ETA y si se han cumplido o no, así como el modo en el que se desarrollaron y llevaron a cabo el cumplimiento de esas promesas.
– Desaparición de la Ley de Partidos. Era una exigencia importante para la organización terrorista ETA, ya que su presencia institucional en el País Vasco y Navarra le ha servido tradicionalmente tanto para mantener económicamente muchas de sus estructuras legales (movimientos sociales, ecologistas…) a través de subvenciones de las instituciones que controlan, como para hacerse visibles en el día a día de la política vasca, lo que les permite mantener el apoyo de sus adeptos.
Según recogen las actas de la negociación intervenidas al ex número uno de ETA Francisco Javier López Peña Thierry, el Gobierno trasmitió a la banda terrorista a mediados de 2006 que su intención era hacer desaparecer la Ley de Partidos, a la vez que les hizo saber que permitiría la inscripción de una nueva formación política, en alusión a Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB), en la que ya trabajaban los proetarras.
Finalmente, la justicia no permitió el registro de este nuevo partido, puesto que la evidencias de ser sucesora de Batasuna-ETA eran clamorosas, pero sí permitió, maniatando a los tribunales mediante los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, la presencia de Acción Nacionalista Vasca (ANV) en las elecciones municipales y forales de 2007. Después, se permitió la presencia en otras elecciones de Iniciativa Internacionalista, Bildu, Amaiur y EH Bildu, así como la inscripión en el registro de partidos políticos de Sortu.
– Paralización de las detenciones. El Gobierno Zapatero prometió que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado dejarían de detener a los terroristas de ETA durante el proceso de negociación. La orden se trasmitió de forma verbal a los principales mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que durante esos años bajaron drásticamente el número de etarras detenidos. De hecho, la Ertzaintza pasó seis años sin arrestar un sólo terrorista (2003-2009).
El mayor número de detenidos se produjo en Francia, donde el Gobierno no podía influir ni dar este tipo de instrucciones. Aun así, cuando en 2007 fue arrestado en el país vecino el terrorista de ETA Juan Carlos Yurrebaso, éste no tuvo ningún problema en decirle a los agentes franceses que no podían hacerlo porque era miembro del equipo negociador de ETA y enseñó a los agentes el número de teléfono de un alto cargo del ministerio del Interior galo como salvoconducto. Los agentes hicieron caso omiso y continuaron con su detención.
En esta línea, también se quitó importancia a las actividades terroristas que seguía realizando la banda amada durante el proceso. Así, pese a que el Gobierno tenía conocimiento de que los terroristas seguían enviando cartas de extorsión a empresarios vascos y navarros y que estaban robando explosivos y armas en localidades francesas, se elaboraron diversos informes de verificación en los que se aseguraba que ETA había paralizado totalmente su actividad terrorista.
– Buen trato a los presos de ETA y el caso De Juana. Durante el proceso de negociación, el Ejecutivo prometió a la banda terrorista que los presos de la organización pasarían a tener un mejor trato. Entre esas mejoras, se incluye la puesta en libertad de los terroristas que están sufriendo alguna enfermedad de relativa gravedad. Uno de los casos más evidente fue la excarcelación del sanguinario terrorista José Ignacio de Juana Chaos. Algunas asociaciones de víctimas aseguraron que la liberación del etarra Josu Uribetxebarría Bolinaga por el Gobierno de Mariano Rajoy se debía a que la promesa realizada por el Gobierno Zapatero seguía vigente.
Según recogen las actas de la negociación, se llegó a prometer incluso que se favorecería la excarcelación de los terroristas que no hubiesen sido condenados por delitos de sangre y que se facilitarían los permisos de salida para muchos otros. También quedó reflejado cómo los enviados del Ejecutivo del PSOE dijeron ETA que muchos de los etarras encarcelados podrían salir de prisión a través de indultos una vez que la organización terrorista se hubiese desarmado.
– Derogación de la doctrina Parot. Junto a la promesa de buen trato para los presos, el Gobierno prometió a ETA la derogación de la doctrina Parot. La primera intención del Ejecutivo era hacerlo en los tribunales españoles, exactamente, en el Tribunal Constitucional, pero se encontró con serias dificultades internas cuando sus asesores realizaron los primeros sondeos internos. Entonces utilizó para ello el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), al que envió como juez español a su ex secretario de Estado de Justicia entre 2003 y 2007: Luis López Guerra.
Este juez fue uno de los encargados de resolver el recurso de la etarra Inés del Río Prada, quien llevó a Estrasburgo su caso después de que la justicia española retrasase su excarcelación hasta 2018. No sólo dictó sentencia sobre el mismo a favor de derogar la doctrina Parot -en público, como miembro del Gobierno, ya se había mostrado a favor de su derogación- sino que además actuó de lobby para influir en el resto de los jueces.
Según han denunciado las asociaciones de víctimas en numerosas ocasiones, López Guerra trasladó a los jueces que el Gobierno español quería que fuese derogada, pero que hacerlo en los tribunales españoles iba a tener un excesivo desgaste político para el inquilino de la Moncloa. Por su fuera poco, el Gobierno Zapatero renunció a defender la doctrina Parot ante este tribunal europeo, lo que facilitó una sentencia contra España a los pocos meses de designación de Mariano Rajoy como presidente.
Sin embargo, ya con el PP en el Gobierno y con la sentencia de Estrasburgo, Inés del Río apenas tardó 24 horas en salir de prisión ante la sorpresa de los expertos ante tal prontitud y rapidez, máxime cuando existía la posibilidad de acatar y no ejecutar la sentencia. El juez decano de Madrid afirmaba igualmente que aún ejecutando dicho fallo la etarra podría haber estado más días en prisión. Pero el Gobierno de Rajoy decidió lavarse las manos y dejar la responsabilidad a la Audiencia Nacional a pesar de que la decisión de ejecutar la sentencia corresponde a la «parte contratante», en este caso el Reino de España, es decir, el Gobierno.