La escalada de precios de la electricidad no remite y se mantiene en alturas de récord. Con excesiva parsimonia, el Gobierno ha adoptado una serie de medidas que no han evitado la escalada, a pesar de haber renunciado de manera drástica a su ‘parte del pastel’ mediante la rebaja o eliminación de la mayoría de los impuestos que gravan la tarifa. Luego emitió un decreto-ley que eliminaba eso que tan erróneamente se califica de ‘beneficios caídos del cielo’. Si es así, ¿por qué no les caen a nadie más que a ellos? ¿Qué han hecho para merecer ese beneficio? Pues poca cosa, invertir miles de millones en la construcción de las centrales hidráulicas o eólicas y, después, invertir miles de millones más en su mantenimiento, de tal manera que pudieran prolongar su vida útil y seguir proporcionando kilovatios. ¿Qué hay de malo en ello? ¿Deberían quizás haberlas abandonado, sin preocuparse de su deterioro hasta convertirse primero en obsoletas y después en inútiles? Total que, mientras queremos reducir el impacto ambiental de la generación con menos emisiones de CO2 y tratamos de mejorar la excesiva dependencia del gas exterior ya que interior no tenemos (y en un alarde de ¿inconsciencia, desaprensión? hemos decidido no buscarlo, no vaya a ser que lo encontremos), ha decidido castigar a aquellas plantas de generación que no emiten ni consumen gas. Todo muy lógico.

Total que el sector se ha levantado en armas -2.600 millones tienen la culpa- e Iberdrola se ha puesto a la cabeza de la manifestación con tres decisiones rompedoras: el nombramiento de un adversario interno de Pedro Sánchez como vicepresidente de Iberdrola España, la cancelación temporal de sus compras a proveedores y el anuncio de 7.100 millones de inversión en el Reino Unido, en donde ha sido recibido con ‘pompa y circunstancia’ por el premier más despeinado. A estas decisiones se suma una oferta de gran astucia: congelar precios a cambio de la retirada del decreto. Si lo consigue habrá retorcido el brazo del Gobierno y, en caso contrario, nadie podrá decir en adelante que no ha propuesto una vía de solución que permitiría detener el avance de los precios, que es el objetivo central de todo este lío. Aunque Sánchez ha andado rápido y le ha respondido con la oferta inversa.

Si abandonamos el litigio y vamos al meollo de la cuestión, la cifras son tremendas y sus efectos van a resultar demoledores para la industria. El panorama se ha complicado de manera extraordinaria al coincidir nuestra gran dependencia exterior del gas, cuyo consumo incentivamos para huir del carbón, con una baja producción de los principales productores de gas canalizado; el desvío de gas ruso a China; problemas en la disponibilidad de algunas plantas de licuefacción en varios países… A lo que se añaden las tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania y entre Argelia y Marruecos, países capitales para asegurar nuestro abastecimiento, mientras todo sucede en momentos de mínimos históricos en el almacenamiento europeo, motivados por el frío del pasado invierno.

Total que los precios se han ido a las nubes. Si en 2015 el gas cotizó de media a 19,10 €/Mwh, a finales del pasado verano y a la puertas del otoño lo hizo a 62,24 €/Mwh, un 325% más que la media histórica. ¿Qué va a pasar? Pues los futuros predicen un periodo, no corto, de precios altos en los alrededores de los 90-100 €/Mwh, lo que elevaría el incremento sobre la media entre el 400 y el 500%. Algo muy similar a lo que sucede en la electricidad, en la que los futuros adelantan un horizonte semestral de precios por encima de los 200 Mwh/h en el mercado mayorista.

El impacto en la industria está siendo brutal. Los costes se agigantan y los márgenes se volatilizan. No todas las empresas van a ser capaces de elevar sus precios en la medida necesaria para igualar la subida de sus costes y recomponer así su cuenta de resultados. ¿Resultado? Nada bueno. Lo veremos en los próximos meses. De momento cuente con una inflación alborotada.