Mikel Buesa-LaRazón

• El terrorismo conlleva costes económicos que, sin ser despreciables, son más bien menores siempre que los atentados sean esporádicos o poco frecuentes, porque en el caso contrario, como se vio en el País Vasco, trae vientos depresivos permanentes

Veinte años después de los atentados de Al-Qaeda contra los trenes de Atocha llega el momento de recuperar la reflexión acerca de los costes económicos que se derivan de este tipo de acontecimientos tan emocionalmente dolorosos. En los años que siguieron al 11-M tuve la ocasión de dirigir un equipo de economistas que se adentró en la difícil evaluación de esos costes. Nuestro trabajo arrojó un resultado de 211,6 millones de euros en cuanto al daño directo –que comprende el rescate de las víctimas, la atención sanitaria, las pérdidas de capital humano, los salarios no percibidos por los heridos, los daños a las infraestructuras, el uso de un pabellón de IFEMA, la atención psicológica y el lucro cesante por la manifestación del día 12–, pero infravaloramos el tercero de esos conceptos, de manera que si tenemos en cuenta la información disponible ulteriormente podríamos elevarlo hasta los 395,7 millones. Esta cifra equivale al 0,05 por ciento del PIB de España en aquella época –muy lejos del 0,79 por ciento que se estimó para los atentados de muy superior envergadura cometidos el 11-S en Estados Unidos–. Pero supera en 2.600 veces la de 150.000 euros que gastó la célula islamista para desplegar su barbarie.