Los decepcionados del PP

Ni las condecoraciones ni la negación de asignaciones económicas para los excarcelados que no se hayan arrepentido de sus delitos sirven ya para tapar ese boquete que se le va abriendo al PP por la vía más sensible de su buque insignia: las víctimas del terrorismo. Cuando se da cariño, falla la justicia, sostenía la hija de Ana María Vidal Abarca para resumir el sentimiento generalizado de estos colectivos que, antes que medallas, habrían preferido que los asesinos de sus familiares hubieran cumplido íntegramente sus penas. La puesta en libertad de tantos presos de ETA que no reniegan de su historia y de violadores con peligro de reincidencia sin conciencia del mal, por obra y gracia de la derogación de la aplicación retroactiva de la ‘doctrina Parot’, ha dejado en evidencia un proceso de desafección de amplios sectores afines al PP hacia el Gobierno de Mariano Rajoy.
Un distanciamiento provocado por un indisimulado resquemor desde el día en que el Tribunal Constitucional legalizó a la izquierda abertzale y quienes habían justificado la historia del terrorismo de ETA volvieron a ocupar concejalías, alcaldías, diputaciones y escaños parlamentarios. El colectivo Covite, que acaba de presentar su mapa multimedia del terror, donde ha contabilizado más de un millar de hijos que quedaron huérfanos, y ha enmendado en su totalidad el plan del lehendakari Urkullu para afrontar el fin de ETA, acaba de emplazar al Gobierno de Rajoy para que utilice la Justicia como vía de deslegitimacion de ETA y su entorno. Porque ésa es la percepción que anida en los sectores desencantados: que el Gobierno no ha hecho todo lo que debía para evitar estas escenas de contraste entre la alegría de quienes mataron y la tristeza de quienes tuvieron que enterrar a los suyos.
No dirigen el foco de la culpa sólo hacia este Ejecutivo, sino hacia los legisladores que tardaron en cambiar el Código Penal preconstitucional demasiados años. Recuerdan que los gobiernos socialistas se negaron a tomar en consideración las iniciativas del PP pidiendo una ley que contemplara el cumplimiento íntegro de las penas. Pero, a la vez, reprochan al Ejecutivo de Rajoy no haber actuado con la suficiente decisión y diligencia a la hora de llevar a cabo una campaña de concienciación por Europa para haber explicado que la ‘doctrina Parot’ permitió durante seis años acabar con la ‘tarifa plana’ para los beneficios penitenciarios que facilitaron a tantos delincuentes cumplir apenas un año por cada asesinato cometido.
Las víctimas esperan justicia. La van a volver a reclamar el próximo día 6, fiesta de la Constitucion, en la calle, con Ortega Lara como símbolo vivo del sufrimiento que fue capaz de provocar la banda terrorista. Observan los movimientos del Gobierno, al que ven superado por los acontecimientos. Y valoran los gestos de destacados personajes que han pasado de ser considerados ‘versos sueltos’ a núcleos de colectivos de protesta. Los hay con carné. Como Esperanza Aguirre. Que se fue a medias. O María San Gil, que sólo se prodiga en algunos actos de víctimas del terrorismo. Con el carné roto, como Ortega Lara o Santi Abascal. O los que se dan de baja, como la familia Igartua.
La dirección de los populares se ha mostrado respetuosa con las decisiones de los desencantados. Pero en el PP vasco, en su afán por restar importancia al goteo de bajas, no están valorando las consecuencias que puede tener esta lista de «desenganchados» en buena parte de la afiliación que, además de estar sufriendo un rebrote de ataques a sus sedes, observa el fenómeno de los decepcionados, embargada por la impotencia de verse arrastrada por los acontecimientos.
En cuanto empezaron las excarcelaciones de los presos de ETA, el ministro del Interior se limitó a decir que no permitiría ningún homenaje que supusiera un enaltecimiento del terrorismo y, por lo tanto, humillara a las víctimas. Pues bien, no logró su objetivo. Ha habido seis homenajes hasta ahora, contabilizados y denunciados por el delegado del Gobierno, Carlos Urquijo, que dejó en el escaparate una foto en blanco y negro: las palabras del ministro, en contraste con el silencio de la consejera de Seguridad del Gobierno vasco. Fernández Díaz se comprometió a algo que no pudo cumplir. A Beltrán de Heredia nadie le oyó decir siquiera que la Ertzaintza impediría los homenajes a los ex presos.
Eso mismo quiso decir el ministro cuando señaló que si la competencia en los municipios donde se habían celebrado los homenajes la hubiera tenido la Guardia Civil o la Policía Nacional, no se habrían celebrado. No fue un ataque a la Ertzaintza, sino a sus responsables políticos, de los que insinuó falta de celo a la hora de impedir ese tipo de actos que, por otra parte, prohíbe la ley.
El lehendakari Urkullu acusó el golpe y pidió una «rectificación en toda regla». No la hubo tal como esperaban en Ajuria Enea. El ministro llamó a la consejera, cierto. Pero él insiste en que no lo hizo para ofrecer «disculpas», sino para aclarar que sentía un profundo respeto hacia la Policía autónoma vasca y no quería «enturbiar las relaciones institucionales». Fin de la cita.
De estas últimas secuencias, queda la impresión de que el Gobierno del PP está atrapado entre el fallo de Estrasburgo, sus pactos de conveniencia con el PNV, el estilo de Rajoy de no remover el charco de los problemas y la presión emocional que provoca la salida en tromba de etarras orgullosos de su terrible historia, además de los violadores disfrazados de ‘clochard’.