JAVIER TAJADURA TEJADA, EL CORREO 06/01/14
· No puede considerarse seriamente como una respuesta aquella que se limita a recordar lo obvio: que la independencia de Cataluña es inconstitucional, y, sobre todo, una insensatez.
El año que comenzamos tiene una fuerte carga simbólica. Por un lado, se conmemora el centenario del comienzo de la Primera Guerra Mundial, o mejor dicho, de la Guerra civil europea (1914-1945) que supuso el fin de la hegemonía de nuestro continente. Por otro, y ciñéndonos en este caso a España, se celebra el final de la Guerra de Sucesión a la Corona que –tras morir Carlos II sin descendencia– enfrentó a los partidarios de los Borbones y a los defensores de la causa de los Habsburgo. Aunque Mallorca no capituló hasta 1715, la rendición de Barcelona se produjo en 1714. Se trata de dos conflictos de muy diferente naturaleza. El iniciado en 1914 es el paradigma de una guerra entre naciones que compiten por los recursos económicos (materias primas y mercados) y consecuencia inexorable de la conjunción entre el nacionalismo político y la expansión colonial. La Guerra de Sucesión, por el contrario, se produjo en un momento en el que las naciones como sujetos históricos no existían, y fue un conflicto dinástico que enfrentó a las dos familias más poderosas de Europa. En todo caso, los ecos de estos enfrentamientos se proyectan con especial intensidad en el presente, y nos señalan los principales desafíos a los que nos enfrentamos los españoles en el año que comenzamos.
El centenario del comienzo de la Primera Guerra Mundial coincide con un año electoral europeo. En primavera, los europeos elegiremos a nuestros representantes en el Parlamento Europeo, en unas elecciones decisivas en las que concurre una doble circunstancia. Por un lado, nunca el Parlamento Europeo había tenido tanto poder, y su actividad tanta relevancia para la vida de los ciudadanos, como el que vamos a elegir en 2014. Por otro, nunca había sido tan grande el riesgo de que los enemigos del proceso de integración europea (nacionalistas y populistas) obtuvieran un amplio respaldo en las urnas.
Del nuevo Parlamento surgirá igualmente una nueva Comisión Europea, y las nuevas instituciones deberán afrontar la crisis política y económica optando por una mayor integración en todos los órdenes o por el mantenimiento de la situación actual (o en el peor de los escenarios por una renacionalización de las políticas). La profundización en el proceso de integración resulta imprescindible para garantizar a medio plazo la unión monetaria, y para poder superar la grave crisis que padecemos, sobre todo, los países del Sur. En realidad, es la única forma de evitar que Europa vuelva a suicidarse de nuevo cien años después, con el agravante de que este suicidio sería definitivo. El desafío europeo se configura así como uno de los principales retos del año.
La conmemoración del final de la Guerra de Sucesión –manipulada y tergiversada hasta la saciedad por el nacionalismo catalán que en un formidable ejercicio de imaginación la presenta como un enfrentamiento en clave nacional– nos remite necesariamente al desafío catalán. Los partidos mayoritarios en Cataluña han pactado celebrar un referéndum independentista en noviembre, y en el supuesto de que la manifiesta inconstitucionalidad e ilegalidad del mismo impidan su realización, adelantar las elecciones como paso previo a una declaración unilateral de independencia.
Y frente a esta colosal amenaza para el futuro de la unidad política y de la cohesión social de España, no se ha avanzado hasta hoy respuesta alguna. Porque no puede considerarse seriamente como una respuesta aquella que se limita a recordar lo obvio: que la independencia de Cataluña es inconstitucional, y sobre todo una insensatez. Para que este recordatorio fuera efectivo tendría que venir acompañado de una exposición de las medidas que se ha previsto adoptar para el eventual momento en que se produzca el ‘accidente insurreccional’. Y en este sentido, las genéricas apelaciones al artículo 155 de la Constitución que otorgaría cobertura a la suspensión de la autonomía de Cataluña, son un mero brindis al sol. Y ello porque el artículo 155 no ha sido desarrollado mediante una ley.
Y a falta de esa legislación de desarrollo, su aplicación es prácticamente imposible puesto que no está determinado ni el objeto ni el alcance de esa eventual suspensión de la autonomía. Para que el 155 pueda configurarse como una respuesta real y efectiva al desafío catalán es preciso que una ley establezca cuáles son los diferentes supuestos en que se puede aplicar, tipificándolos de forma gradual, y estableciendo simultáneamente con arreglo al principio de proporcionalidad las distintas medidas a adoptar por el Estado.
La Ley debería igualmente precisar qué órganos asumirían los distintos poderes y facultades de la Comunidad, con qué alcance, y cuáles serían sus relaciones con los poderes públicos autonómicos subsistentes. A falta de esa regulación, la eventual aplicación del artículo 155 resulta casi inconcebible. La única respuesta prevista en nuestro ordenamiento frente a una ‘insurrección’ es según el artículo 116 de la Constitución, la declaración del ‘estado de sitio’. Ahora bien, dado que implica la suspensión de derechos fundamentales en el territorio en cuestión, su activación sumiría al país en una crisis de consecuencias imprevisibles y en una situación prebélica.
Ante el callejón sin salida al que nos conduce el escenario anterior, es preciso dar otra respuesta al desafío catalán, que, sin poner en cuestión la unidad de la nación y del Estado, con espíritu de concordia, tienda la mano a Cataluña. Esa respuesta –como acertadamente advirtió el Jefe del Estado en su discurso de Navidad– pasa por «actualizar nuestros acuerdos de convivencia». Desde esta óptica, la reforma constitucional es el otro gran desafío del 2014.
JAVIER TAJADURA TEJADA, EL CORREO 06/01/14