El ambicioso programa electoral del PP para el 23-J presentado este martes demuestra que Alberto Núñez Feijóo aspira a algo más que a la «derogación del sanchismo».

Porque es cierto que los objetivos y compromisos adquiridos por Feijóo contemplan la derogación parcial o total de algunas de las leyes más ideológicas y dañinas de la era Sánchez, como la Ley de Memoria Democrática, la Ley de la Vivienda o la ley del sólo sí es sí. Pero el documento con el que el PP se presenta a las generales también incluye un buen número de propuestas en positivo que merecen un atento escrutinio.

La tónica general del programa (que recoge alusiones a la «reconciliación nacional», al «pacto constitucional» y a la «convivencia democrática») sintoniza atinadamente con la demanda esencial de los españoles en el actual momento político, que no es otra que la de dejar atrás un clima de crispación, pugnacidad e incertidumbre.

Es muy sano el énfasis de Feijóo en su discurso en plantear una «alternativa serena a la política de bloques», en la búsqueda de «los grandes pactos de Estado» y en el horizonte de «menos división y más diálogo».

De ahí que sean muy bien recibidas las reformas para devolver la neutralidad a las instituciones después del asalto que han sufrido bajo el Gobierno de Sánchez. También las encaminadas a fortalecer al Estado frente al secesionismo, revirtiendo la desprotección del orden constitucional a la que han abocado la eliminación de la sedición, la rebaja de la malversación, la prodigalidad en la concesión de indultos o la permisividad con los referendos ilegales.

El programa de Feijóo está muy centrado en medidas económicas dirigidas a la clase media española, el estrato poblacional más damnificado por la sucesión de las crisis. Ampliando con propuestas nuevas las ya anunciadas con anterioridad por el PP, el líder de la oposición parece querer ocuparse de una de las grandes tareas pendientes. A saber, la reforma integral del sistema fiscal.

Desmarcándose de la voracidad recaudatoria de la Hacienda de la administración Sánchez, Feijóo plantea acertadamente la eliminación del impuesto a las grandes fortunas, la rebaja del IRPF, y el alivio de la presión sobre los autónomos. Esta rebaja de la carga fiscal y el compromiso con una política tributaria no confiscatoria también va en la línea de lo que ha exigido históricamente EL ESPAÑOL.

En el documento se encuentran otras medidas que este periódico también ha reclamado repetidamente. Tal es el caso del necesario Pacto del Agua y el Plan Hidrológico Nacional, la persecución de la trata para proteger a las mujeres de la explotación sexual, una nueva ley trans que corrija el fundamentalismo anticientífico queer, o la limitación del abuso del decreto ley para marginar al poder legislativo. Además, al dedicarle varios epígrafes específicos a la «violencia de género» y a la «igualdad de las personas LGTBI», Feijóo demuestra que una presidencia popular no plantearía amenaza alguna a los derechos sociales.

Mención aparte merecen también propuestas como la ampliación del silencio administrativo positivo, la implementación de un programa de inmigración legal cualificada basado en un sistema de puntos para atraer talento extranjero, o la mejora de la efectividad del IMV como «herramienta de inserción laboral», para compatibilizarlo con la creación de empleo y disminuir sus posibles efectos desincentivadores.

Entre el resto de las 365 propuestas listadas, destacan por su buen tino al menos diez:

1. El principio «una nueva norma, tres eliminadas», para minimizar las trabas administrativas y las barreras burocráticas en un panorama legislativo de hiperregulación.

2. Las ayudas a las empresas para fomentar la contratación indefinida de mujeres con hijos, una medida que se ocupa del mayor factor determinante de la brecha salarial de género, que es la maternidad.

3. La incorporación del «derecho al error» en el ordenamiento tributario español, para reforzar la protección del contribuyente en el desequilibrio de fuerzas con la Administración.

4. La derogación de la Ley de Vivienda, la norma más impopular de este Gobierno según las encuestas. La rectificación de esta ley intervencionista que criminaliza a los tenedores se complementa con la impostergable aprobación de los desalojos exprés de los okupas, con garantías que permitan recuperar la confianza de los propietarios.

5. La tramitación de la Ley ELA, una demanda de los enfermos y sus familiares que ha permanecido incomprensiblemente desatendida a lo largo de los años.

6. La reforma de la ley Celaá, un primer paso inexcusable para avanzar hacia un Pacto de Estado por la Educación que vuelva a elevar los estándares de exigencia en las aulas y premie el esfuerzo y el mérito. También en el ámbito educativo, es un acierto de primer orden la propuesta de una prueba de acceso única a la universidad para toda España, eliminando así las asimetrías entre territorios que redundan en una lesión del principio de equidad.

7. La política de «equilibrio lingüístico» mediante la consideración de lenguas vehiculares tanto de la lengua oficial como de la cooficial. Es urgente garantizar el aprendizaje en español de los alumnos en aquellas regiones donde el nacionalismo arrincona a la lengua común.

8. La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el órgano que más ha visto comprometida su credibilidad durante el mandato de Sánchez. Es una gran noticia que Feijóo haya puesto el foco en la imprescindible reforma judicial que pueda restituir la independencia de la Justicia.

9. La equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil, escuchando así el clamor de estos cuerpos que vienen pidiendo desde hace mucho la consideración de profesiones de riesgo.

10. La asunción de un «papel activo» en la OTAN, poniendo así fin a una etapa de ambigüedades y divergencias dentro del Gobierno en lo referente a la posición de España con respecto a la Alianza Atlántica y el aumento del gasto en defensa. Por ello, es también bienvenido el compromiso de Feijóo de favorecer la consolidación del sector de la Defensa.