La República de los Tonnntos hacía podio ayer. Campeona de campeones, Angélica Rubio, que fue jefa de prensa de Zapatero y ejerce ahora de directora de El Plural, daba ayer una noticia muy bizarra. Sostiene su periódico y ella personalmente en persona en la tertulia de Ferreras que el juez Juan Carlos Peinado, tormento jurídico de Begoña Gómez, tiene dos DNIs, con el mismo nombre pero con distinto número y que tiene cinco propiedades inmobiliarias compradas con uno y otras cinco compradas con el otro.
Se han hecho eco de la majadería los más tontos que tenemos en la República: José Vico y Nenédenadie que es militante LGTBI y obseso del ojete. Si no me engaño, ese infundio supone acusar al juez de un delito de falsedad documental, como poco y con toda seguridad dado lo improbable del relato, un delito de calumnias. Presuntamente, que no se me olvide el presuntamente. Ninguno de estos cretinos se ha tomado la molestia de hacer una búsqueda en Google. Con un mínimo esfuerzo y en un. tiempo mínimo, le habrá saludo un Juan Carlos Peinado García, que no es juez sino un trabajador autónomo que es delegado comercial del Grupo Paellador desde junio de 2017 hasta la fecha y que vive en Pozo de Guadalajara. Cuánto idiota, madre mía.
Qué grande el Tribunal Supremo, qué grandes los jueces Marchena y Llarena al excluir la malversación de los delitos amnistiables y mantener vigente la orden de detención contra Puchi. Hay que destacar que el gran auto de Marchena se carga la amnistía incluso aceptando de partida la lógica sanchista: “El dinero de todos sirvió para no minorar el dinero de unos pocos” y “El castigo de los delitos patrimoniales no se justifica por quedarse con las cosas de otro, sino por quitarle a otro las cosas”. Tengo para mí que la ley de amnistía fue redactada por la mano tonnnta de Irene Montero.
Fantástica Yoli al tirar por la calle de en medio y rebajar el horario de trabajo hasta las 37 horas y media semanales contra el parecer de la CEOE. «Estar una hora antes en casa mejorará tu vida«, ha dicho la discapacitada, aunque en esto tiene razón. Más le va a mejorar la vida a los trabajadores que a partir de su aplicación puedan estar 40 horas a la semana en casa.
Gloria Lomana publicaba el sábado pasado un video extraordinario. Se veía en él a dos docenas de ciclistos, vamos a usar todos el lenguaje inclusivo, porque eran todos varones, quiero decir portapenes, porque no había ningún varón con vagina. Iban todos en sus bicis, en pelota picada. Eran las dos de la tarde del sábado por la calle Mayor de Madrid. Cuenta Gloria que iban gritando: “En bici, desnudos, ciclismo más seguro”. También cuenta, y se ve en el video que la Policía Municipal les iba abriendo paso. Así estamos, remata el comentario.
Pedro Sánchez no aceptaría la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, si es imputado por filtrar datos confidenciales de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. «Por supuesto que no tiene que dimitir el fiscal general del Estado”. ¿La razón? “Tiene todo el apoyo del Gobierno de España» y ha explicado que la actuación de Álvaro García Ortiz buscaba frenar una información falsa que atribuye a Miguel Ángel Rodríguez que «trataba de desinformar sobre un caso que afecta directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid». «¿Y se le va a imputar por eso al fiscal general del Estado?», se ha preguntado en la Cadena SER ante la presencia amiga de Angelines Barceló. Es un caso que adecta DIRECTAMENTE a la presidenta de la Comunidad de Madrid. La tesis que le plagiaron iba de Economía, no de Derecho penal. Entre el centón de cosas que este ignaro desconoce está lo el delito de revelación de secretos que recoge el Código Penal en su artículo 197. Contradecir lo que su jefe califica de ‘bulo’ no es un motivo suficiente para que el fiscal general del Estado cometa un delito de revelación de secretos. Uno estaría dispuesto a aceptar que las intenciones de Bego Pillafondos al recomendar a sus patrocinados que antes habían sido patrocinadores de sus másteres y cátedras. También aceptaría que no había en ello ánimo de lucro, sino un afán de justicia, el propósito de recomendar a quienes ella consideraba los mejores, pero si hubiera alguna relación entre las recomendaciones de Bego Fundraiser y las cantidades concedidas por el Gobierno que preside su marido a los recomendados, pues tampoco me extrañaría que algún juez se maliciase que había en ello tráfico de influencias, y por ello una infracción del Código Penal.
Pero Bego tiene quién la defienda, y no me refiero solo a Antonio Camacho o al imp`resionante Patxi López que la ascendió a presidenta del Gobierno. Marichús Montero, ayer mismo: “La derecha no le perdona a Begoña Gómez que sea una mujer libre y con una carrera profesional brillante. Le atacan a ella con mentiras para debilitar al Presidente, pero no conseguirán su objetivo”.
Antonio Maestre se ponía estupendo en La Sexta, acusando a Ayuso de haber disminuido los derechos del personal LGTBI: «Isabel Díaz Ayuso, que es del Partido Popular, es la primera presidenta de una comunidad autónoma en toda España que ha promovido y ha realizado la primera reforma que ha retrocedido en derechos civiles LGTBI. Y lo ha hecho ella sola, con su mayoría absoluta, no con VOX». Por más que Santiago Martínez Vares le emplazó a decir qué derechos les había recortado Ayuso, no llegó a decir ninguno.