SANTIAGO GONZÁLEZ-El Mundo
La presunta resolución de la ONU ha sido comunicada a Efe por el abogado Ben Emmerson, que es un hombre que responde a los intereses de su mandante, o sea, Carles Puigdemont. No ha dicho nada, en cambio, sobre la clamorosa ignorancia que el TEDH ha mostrado hacia la denuncia de los 76 parlamentarios que, encabezados por Carme Forcadell, denunciaron ante Estrasburgo al Tribunal Constitucional español por no permitir que el Parlament votase la Declaración Unilateral de Independencia, suspendiendo el Pleno en el que se iba a votar semejante desafuero.
¿Dónde se ha visto? Pues en cualquier tierra de garbanzos democráticos. La chapucilla de Emmerson ha sido cantada por Torra como si hubiera sido una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ninguno de los portavoces habituales ha hecho el menor comentario sobre el inequívoco varapalo de Estrasburgo, calificando la demanda de los separatistas de «manifiestamente infundada», mientras apreciaba que la resolución del Constitucional defendía «un bien social imperioso» y expresaba la necesidad de una sociedad democrática.
Las desgracias nunca viene solas, ni siquiera para los golpistas, y quizá por eso la Fiscalía del Supremo ha anunciado que sus conclusiones definitivas van a descartar los cargos de sedición para agarrarse a los cargos mollares de rebelión. Por si necesitaban más compañía, los prófugos Puigdemont y Comín se plantaron ayer en el Parlamento Europeo, sede de Bruselas, con el fin de obtener un pase provisional previo a la acreditación del fugitivo principal como parlamentario. Los diputados Esteban González Pons (PP), Iratxe García (PSOE) y Javier Nart (Cs) remitieron al presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, para advertirle de que la legislación española impide que un eurodiputado pueda acreditarse hasta recoger el acta en Madrid y prestar juramento o promesa de acatamiento a la Constitución, por lo que instaron al presidente del Parlamento Europeo a suspender inmediatamente la acreditación de todos los eurodiputados españoles. De momento.
Por si lo anterior fuera poco, la Fiscalía ha reclamado retrasar las excarcelaciones de los procesados, pidiendo al tribunal que no les conceda el tercer grado a quienes resulten condenados antes de que hayan cumplido la mitad de la pena, lo que dificultará la puesta en libertad provisional de los golpistas a Quim Torra por la aplicación de su procedimiento de máxima urgencia, también llamado Oriol Pujol. Así está el tema.