Los empresarios recurren a Rajoy por temor a ERC

CiU, que con sus 50 diputados está a 18 de la mayoría absoluta en el Parlament, necesita de los 21 escaños de ERC para gobernar con tranquilidad. Ambas formaciones llevan días negociando, pero las conversaciones se han encallado por dos motivos: CiU no quiere poner fecha al referéndum independentista, como exige ERC, y además los nacionalistas no ven con buenos ojos la batería de impuestos que los republicanos pretenden introducir para, a cambio, paliar los recortes.

Ayer, dos organizaciones empresariales, Fomento del Trabajo y la Cámara de Comercio, hicieron pública su preocupación por ese alza tributaria que pretende ERC y que pasaría por la recuperación del impuesto de Sucesiones, la inclusión de más sujetos pasivos en el de Patrimonio, el incremento del impuesto que grava a las grandes superficies comerciales, la subida de Transmisiones Patrimoniales, la creación de nuevos tributos para las centrales nucleares, los bancos, los pisos vacíos y los refrescos con azúcares añadidos, y el despliegue de una nueva fiscalidad medioambiental, entre otras cosas.

Es justo lo contrario de lo que proponen los empresarios afiliados a Fomento, quienes la semana anterior a las elecciones hicieron llegar a Mas un centenar de propuestas económicas para salir de la crisis. Recomendaron una serie de medidas fiscales como la eliminación de la subida del IRPF acordada por José Montilla en 2011 para las rentas más altas, la eliminación de un gravamen complementario, también en renta, acordado para los ejercicios 2012 y 2013, la recuperación de la deducción del 15% en la cuota del tributo por gasto sanitario y el establecimiento de otra deducción, también del 15%, por rehabilitación de vivienda. Según explicó ayer Gay de Montellà ante la asamblea general de la patronal, la entidad también pidió a Mas que elimine el impuesto sobre el Patrimonio.

Ahora, y a la vista de las negociaciones entre CiU y ERC, los empresarios se han asustado. Temen que el incremento de la presión fiscal «complique el escenario empresarial». Tanto es así que Gay de Montellà se atrevió a pedir al Gobierno central que «tome nota y homogeneice los impuestos» en todo el Estado para evitar la desigualdad entre las autonomías, informa Efe. El empresario es consciente de que si eso se hace «alguien dirá que nos quitan competencias», pero cree que merecerá la pena «porque el equilibrio facilitará el trabajo de las empresas catalanas».

También el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls, se mostró ayer «muy preocupado» por la inminente subida de impuestos.

Pero la preocupación de Gay de Montellà va más allá de lo estrictamente económico. El presidente de Fomento reclamó también al futuro Govern que, si convoca la consulta independentista, lo haga en el marco de «la legalidad constitucional». Teme que si el plebiscito se celebra «fuera de la legalidad» se acaben generando dudas sobre «la estructura legal del país». «Si un territorio es capaz de llevar a cabo una cosa fuera de la legalidad, también lo podría hacer en otro asunto», apuntó.

Precisamente, son esa subida de impuestos y la consulta lo que ha encallado las negociaciones entre CiU y ERC. Las conversaciones quedaron ayer congeladas con motivo del acto de constitución del nuevo Parlament, según explicaron fuentes de ERC. Las mismas fuentes indicaron que los negociadores de CiU son muy «laxos» a la hora de plantear el referéndum y que ERC no necesita darse mucho más tiempo ni prepararlo al detalle, como pretende CiU, porque los republicanos estarían dispuestos a celebrarlo mañana mismo.

Tampoco hay acuerdo en la batería de medidas tributarias que propone ERC y que CiU, quizá por las presiones de los empresarios, no acaba de ver clara. Otro punto de conflicto, según fuentes nacionalistas, podría ser la constitución del nuevo Govern, ya que ERC quiere evitar que consejeros de Unió poco cercanos al independentismo ocupen departamentos clave. Aun así, varias fuentes coincidían en que las «sensaciones son buenas» y en consecuencia es muy posible que el pacto se cierre en los próximos días.

EL MUNDO, 18/12/12