Exigir legalmente la deslegitimación política de ETA pone al nacionalismo vasco ante su verdadera encrucijada: o aprende a formular su nacionalismo de una forma radicalmente distinta al de ETA, o se verá arrastrado inevitablemente por la deslegitimación que supone haber defendido un proyecto político manchado con la sangre de los ciudadanos.
Es más que probable que en sociedades bastante más normales que la vasca -y la española en su conjunto-, la nueva política del Gobierno de Patxi López de intentar acabar, o al menos reducir, los espacios públicos ocupados por la simbología de ETA no hubiera sido necesaria, porque la ciudadanía nunca hubiera tolerado que el terror y sus símbolos se apoderaran de las calles. Nosotros, sin embargo, y no todos, nos contentamos con manifestar nuestra alegría después de haber soportado, ignorado, digerido y minusvalorado el significado que tenía esa ocupación de espacios públicos por parte del entorno etarra.
Bienvenida sea esta nueva estrategia del Gobierno vasco, especialmente en estos momentos en los que ETA -de la única forma que conoce- nos ha demostrado que sigue viva: matando. Pero bienvenida sea esta lucha por mantener los espacios públicos libres de la simbología del terror si se enmarca en un esfuerzo más amplio por entender cuáles son los espacios que necesita la banda asesina para sobrevivir; si se enmarca en un esfuerzo de la mayor parte de la sociedad para ir acotando, hasta hacerlos desaparecer, los espacios que ETA necesita para sobrevivir como organización terrorista. Me refiero a los ámbitos simbólicos, de lenguaje, a las esferas políticas, sentimentales, tácticas, que le sirven de campana de oxígeno para poder seguir respirando.
Por poner un ejemplo: los blusas de Vitoria -cuadrillas que, una vez al año, durante las fiestas de la Blanca, se visten con una prenda tradicional de quienes trabajaban en el campo y que da vitola de vasquidad- se han manifestado contra la retirada de fotos de presos de ETA en nombre «de la libertad de expresión». Esta actitud es uno de esos espacios que permiten que la banda pueda seguir viviendo, porque, si la memoria no me falla, en ninguna ocasión anterior se han manifestado los blusas exigiendo a ETA que respetara el derecho a la vida -sin la cual no hay libertad de expresión- de todos los que han sido asesinados.
Empezamos a querer recuperar las calles como espacios en los que la simbología de ETA no tenga impunidad porque habíamos abandonado la calle en sus manos. Y el hecho de que los proetarras hayan podido campar a sus anchas ha dado la impresión de que ETA es mucho más potente de lo que realmente es.
Hemos abandonado en manos de los asesinos la definición de los problemas que afectan a la sociedad vasca. Hemos permitido que la situación política de Euskadi se haya visto exclusivamente desde el prisma del conflicto político. Partidos que en la discusión del proyecto de Constitución votaron en el Congreso contra el derecho de autodeterminación, lo han acabado incluyendo en su programa -como el PNV-. Y casi todo el conjunto del nacionalismo vasco que no forma parte del entorno de ETA ha hecho de la asunción de las mismas metas perseguidas por la banda, pero sin violencia, la táctica por excelencia para que ésta dejara de matar. ¿Pero cómo va a dejar de cometer atentados si ve que así da más razón a quienes creen que conseguir lo que quiere es la mejor forma de que deje de matar?
Aralar se acaba de oponer a que una calle en Pamplona reciba el nombre de uno de los guardias civiles que acaban de ser asesinados en Palma. Y lo ha argumentado en nombre de la «neutralidad», lo que no es más que equidistancia y un intento de tratar de esconder en el espacio público la existencia de víctimas asesinadas por ETA, y, a la vez, la existencia de verdugos. Es una forma de no luchar por conquistar los espacios públicos para los demócratas. Es una forma de dejar que existan espacios que ayudan a la banda asesina a sobrevivir.
Llama la atención que todas las medidas que se propongan para luchar contra ETA -aunque parece que ya nadie es capaz de cuestionar directamente la necesidad y la legitimidad de la lucha policial- levantan suspicacias en el nacionalismo. No se puede dar a entender que éste no haya condenado a ETA, dice el PNV; y lo hace con razón. Y también dicen los dirigentes de este partido que desde el Gobierno vasco hicieron todo lo posible para luchar contra la violencia; pero lo hacen sin razón. Porque poner en marcha el Acuerdo de Estella/Lizarra, como unidad de acción política de los nacionalistas excluyendo a los que no lo son para definir política la sociedad vasca, y tratar posteriormente de vestir el caramelo envenenado con papeles de diferentes colores, así como los planes soberanistas de Ibarretxe, no han supuesto más que la creación de un espacio en el que ETA ha podido sobrevivir.
No se puede imponer desde el Gobierno a los ayuntamientos vascos que limpien las pintadas y retiren las fotos de los presos, dice el PNV. Si Batasuna condena la violencia, aunque lo haga de manera tramposa, sin creérselo, con fórmulas que admiten todo tipo de interpretaciones -Egibar analizó en su día todas las posible fórmulas que utilizó el Sinn Fein para dar la impresión de que se distanciaba de la violencia del IRA, sin hacerlo de verdad-, hay que levantar inmediatamente su ilegalización, dice el PNV, creando así una atmósfera en la que, aunque sea con dificultades, ETA pueda seguir respirando.
Quienes más han repetido que en la lucha contra la banda no basta la lucha policial están en contra de todas las medidas no estrictamente policiales para combatir el lenguaje y la simbología del terror. La única medida no policial que admiten es el diálogo, y dicen que lo piden para que no queden grupos irredentos que no aceptan la disolución definitiva de ETA. Pero el término diálogo se ha convertido en plastilina pura, que puede significar lo que sea deseable en cada momento.
EN LA LEY DE VÍCTIMAS aprobada por el Parlamento vasco en la anterior legislatura -y con el voto a favor del PNV- se habla de la necesaria deslegitimación política de ETA. No sé si el PNV es consciente del significado que tienen esos dos términos unidos: deslegitimacion y política. Pero si uno no quiere andar dando saltos mortales lingüísticos, lo que significan es que el proyecto político, nacionalista y revolucionario -si es que sigue siéndolo- de ETA está condenado en cada asesinado, y no puede tener futuro alguno en Euskadi.
Exigir legalmente la deslegitimación política de ETA pone al nacionalismo vasco ante su verdadera encrucijada: o aprende a formular su nacionalismo de una forma radicalmente distinta al de ETA, o se verá arrastrado inevitablemente por la deslegitimación que supone haber defendido un proyecto político manchado con la sangre de los ciudadanos.
Ése es el espacio en el que se libra la batalla definitiva contra los asesinos. El espacio de la calle debe ser entendido como realidad y, al mismo tiempo, símbolo de ese espacio político en el que se libra la definitiva batalla contra ETA. Hay que cerrar la campana de oxígeno que le permite a la banda seguir respirando. Y para ello la mayor responsabilidad la tienen los nacionalistas vascos. Algo deben atisbar cuando llegan a afirmar que los atentados sólo son crímenes: no quieren ver en ETA nada político, ¡cuando han estado reclamando que sus presos sean considerados presos políticos!
Joseba Arregi, EL MUNDO, 12/8/2009