En el sondeo más pesimista para la derecha, el de GESOP del pasado 12 de octubre, la derecha alcanza los 189 escaños (119 para el PP y 70 para Vox). Trece por encima de la mayoría absoluta y tres por encima del mejor resultado del PP en solitario, que fueron los 186 del PP de Mariano Rajoy en 2011.

En el sondeo más optimista, el de Hamalgama Métrica (9 de noviembre), la derecha suma 207 escaños (145 para el PP y 62 para Vox). Uno por encima del mejor resultado de la izquierda en democracia, los 206 escaños de 1982, cuando Felipe González consiguió 202 y los comunistas de Santiago Carrillo, cuatro.

[En unas circunstancias, además, irrepetibles para la izquierda: las de un país que salía de la dictadura y de un golpe de Estado ejecutado por los últimos mohicanos del franquismo castrense].

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, entre Cuca Gamarra, Miguel Tellado, Alma Ezcurra y Ester Muñoz, en su despacho de Génova. David Mudarra

Con sólo tres escaños más de esos 207 que prevé Hamalgama, el PP y Vox podrían reformar unilateralmente la Constitución siempre que esa reforma no afectara al Título Preliminar, los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, o el Título relativo a la Corona.

PP y Vox podrían, por ejemplo, eliminar el Senado.

O acabar con la inviolabilidad de los diputados.

O poner coto a los decretos-ley.

O poner en manos de los jueces la elección de los miembros del CGPJ.

O derogar el artículo 128 de la Constitución, que subordina «toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad» al interés general.

Es decir, blindar el derecho a la propiedad privada y evitar por ejemplo eso que empieza ya a asomar por el horizonte y que ERC ha insinuado en varias ocasiones. El de la imposición de un nivel confiscatorio de impuestos a la herencia para que los jóvenes españoles, que no tienen ahorrado prácticamente nada y que no podrían hacer frente al coste de esos tributos, se vieran obligados a renunciar a ella y el Estado se hiciera con un parque de vivienda pública a coste cero con el que comprar masivamente votos cautivos.

En la práctica, una expropiación bolivariana masiva de propiedades privadas camuflada bajo la apariencia de la eliminación de los presuntos privilegios hereditarios de esos jóvenes.

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En la media de los sondeos publicados hasta el momento, y descartando aberraciones como la del CIS de Félix Tezanos o la de la agencia Opina 360 de Iván Redondo, el PP oscila entre 137 y 146 diputados.

Vox, entre 54 y 74, con dos detalles interesantes.

1. Vox ha empezado a captar votantes del PSOE (200.000 de momento gracias a discursos como los de Carlos Quero).

2. Vox es ya la primera fuerza, de largo, entre los jóvenes de 18-24 años, donde alcanza el 31% del voto, más que la suma de PSOE (20%) y PP (8%).

Algo, por cierto, de lo que no se ha enterado todavía Sumar (sí el PSOE).

Dicho de otra manera. La España de 2025 es la más conservadora desde 1978 y lo seguirá siendo en el futuro porque el voto joven es hoy mayoritariamente de derechas y el de izquierdas, boomer.

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Y de ahí el interés del PSOE en seguir actualizando sin límite las pensiones y el sueldo de los funcionarios, las dos patas del leviatán que está devorando el esfuerzo y la economía de varias generaciones de españoles a costa del futuro de los jóvenes.

Y de ahí, también, el interés de la izquierda en compensar esa realidad demoscópica y sociológica con un aumento descontrolado de la inmigración en España.

Esa es la apuesta de PSOE, Sumar, Podemos, ERC, BNG, Compromís y EH Bildu.

Otra cosa, claro, es el coste de ese aumento descontrolado de la inmigración, letal en un país cuyos servicios públicos hace muchos años que llegaron a su capacidad límite.

Vamos, en resumen, hacia un país partido en dos.

Los jubilados, los funcionarios y la inmigración, por un lado.

Y los jóvenes y el sector privado, el único verdaderamente productivo, por el otro.

Es decir, el Estado y las clases pasivas contra la Nación y las clases productivas. 

Rota la solidaridad intergeneracional, se romperá la solidaridad entre comunidades y luego la noción misma de nación con la coexistencia en un mismo territorio de varias naciones culturales extrañas que serán administrativamente españolas, pero sentimentalmente extranjeras, cuando no incompatibles con un Estado de derecho basado en las estructuras morales de la democracia liberal.

Pasaremos así de una sociedad de ‘alta confianza’ (esa en la que la paz social se basa en estructuras morales previas al Estado e independientes de cualquier regulación legal) a una de ‘baja confianza’ (una en la que no existe una escala de valores compartidos y los ciudadanos desconfían los unos de los otros).

Un solo ejemplo.

La Agencia EFE informó ayer de que la población española creció [en sólo tres meses] en 105.488 personas, llegando así a los 49,4 millones, el máximo histórico en nuestro país.

Una ciudad del tamaño de Cádiz, añadida a la población española en el plazo de apenas doce semanas. «El crecimiento poblacional se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidos en España disminuyó con respecto al segundo trimestre del año» decía EFE.

De los 49,4 millones de habitantes de España, 39.617.578 son nacidos en España y 9.825.266 son residentes en España nacidos en el extranjero.

Dudo mucho que Alberto Núñez Feijóo pueda esquivar este debate, como probablemente (y lo digo comprendiendo desde el punto de vista humano su posición) él desearía para evitarse problemas.

Pero si él no sale al paso del problema, el problema saldrá a su paso.

Y sólo hace falta coger un día el metro, intentar sobrevivir a Renfe, pedir hora en atención primaria, encontrar plaza en una guardería, intentar una gestión cualquiera en una comisaría o lanzarse a alquilar un piso para darse cuenta de que España sobrepasó hace mucho tiempo su capacidad de asimilación natural.

Y ese es el caldo de cultivo perfecto para un conflicto civil.

Porque no hay ninguna sociedad a lo largo de la historia, ninguna, que haya soportado una avalancha migratoria como la actual, en un plazo de tiempo tan corto, sin acabar destruida. Ninguna.

Cuando se habla, por ejemplo, del melting pot de Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX se suele olvidar convenientemente un factor clave: que los inmigrantes que llegaron a Nueva York no contaban con un Estado asistencialista esperándoles en el puerto.

Y esa fue la clave de su integración. Que nadie les ayudó. Mucho menos a costa de los ciudadanos nativos. Que es lo que está ocurriendo hoy en Occidente.

La actual avalancha inmigratoria en España sólo se gestiona de dos posibles maneras.

O como quiere Vox.

O poniendo a dieta de adelgazamiento al Estado, acabando con la idea del asistencialismo como derecho de nacimiento, ligando los salarios a la productividad, liberalizando la economía, sacando las garras de la burocracia de los sectores productivos y generando un nuevo desarrollismo en una España de trabajadores, no de perceptores de rentas ajenas vía coerción estatal.

Es decir, generando una economía racional que seleccione a los inmigrantes en función de su capacidad para aportar valor neto a su sociedad de acogida. La española.

Cualquier otra opción no es un país, es una ONG.

Y las cuotas de membresía en las ONG son voluntarias, no obligatorias.