¿Los españoles primero? Pues sí

Si una familia gastase cada mes mucho más de lo que ingresa, la tacharíamos de chiflada y le auguraríamos una pronta ruina. Pero eso es lo que hacemos como país, como casi todas las naciones occidentales. Vivimos en una huida hacia adelante, que se paga empufándonos cada vez más. La depresión del 2007-2011, que fue una crisis de deuda, se superó… contrayendo todavía más deuda, con inmensas inyecciones de liquidez.

¿A qué se destina en España el gasto público? El 40,6 % se lo zampan las pensiones, las prestaciones por desempleo y las ayudas sociales. La sanidad se lleva un 14,8 %, la educación, el 9.8 % y la defensa, el 3,2 %. Estamos tan endeudados que un 6 % del gasto público hay que dedicarlo directamente a pagar los intereses de nuestra losa de deuda.

Pero el rigor contable arranca bostezos. Son muchos más amenos los latiguillos demagógicos buenistas y gastar a espuertas sin fijarse en lo que cuestan las cosas. La regularización de Sánchez es una chapuza, acorde al espíritu irresponsable que impera. En lugar de exigir a los inmigrantes unas pruebas elementales de arraigo, con un tiempo de residencia en España y limpieza de antecedentes penales, lo que se hace es abrir la puerta de par en par, a fin de que un pato cojo que ya está de salida se ponga la vitola de súper referente «progresista» global (y de paso pueda rascar algún voto agradecido de los extranjeros que ha nacionalizado).

El Gobierno no se ha detenido a calcular cuánto nos va a costar meter a más personas en el sistema de prestaciones públicas, ni la sobrecarga en los servicios sociales. Tampoco ha pensado en las familias españolas que se van a ver postergadas para dar prioridad a recién incorporados.

El aparato gubernamental ha vuelto a demostrar su impresionante capacidad para dirigir la conversación pública. En lugar de hablar de las fronteras abiertas de Sánchez, que se dan de bruces con las políticas contra la inmigración descontrolada del resto de Europa, solo se habla del concepto de «prioridad nacional» de Vox. La izquierda brama escandalizada. Y Sánchez, el de la amnistía del golpe catalán y el del pacto con el partido de ETA, denuncia una «patada a la Constitución» de Vox y PP.

Por su parte, Vox y PP, el mismo día en que se ponen de acuerdo en Extremadura y Aragón, se enzarzan en una pelea sobre si hay que referirse a personas «con arraigo» en España, como consta en el acuerdo extremeño y como quieren los populares; o a «prioridad nacional» y «españoles», como quiere Vox, que en una enmienda en el Congreso ha ido más allá de lo que se estableció en Extremadura, a fin de tocarle un poco los pies al PP. Felicidad para Sánchez, cuya chapuza queda opacada por la polémica de sus torpes adversarios.

Un reportero y un cámara de este periódico bajaron ayer a la calle a preguntar a los viandantes si creían que los españoles «de toda la vida» –término que empleo para entendernos– deberían tener preferencia en los servicios públicos sobre las personas recién llegadas. Universalmente les respondieron que sí. Normal. Es de puro sentido común. Y lo digo estando a favor de la inmigración (controlada), porque la necesitamos y no tiene vuelta atrás: la maravillosa señora que cuida a mi madre es peruana, la amable camarera del café matinal es venezolana, el eficiente capataz de mi última mudanza era marroquí, en las cuadrillas de obreros supone casi una rareza ver un español… España ya es así, y por eso muchas propuestas de Vox son una fantasía un tanto demagógica, aunque en esta polémica de la prioridad considero que tienen razón.

¿Debe tener el mismo acceso a los servicios públicos de las administraciones españolas un español que un extranjero que todavía no ha recibido la nacionalidad? No, por una razón evidente: uno ha contribuido durante años –o décadas–, cotizando y pagando unos impuestos brutales, y el otro todavía no. Por supuesto un extranjero que vive en España de manera irregular debe recibir asistencia sanitaria ante una emergencia y si tiene hijos ha de ofrecérseles la escolarización. Pero de ahí a darles por la cara todo el catálogo de subsidios del Estado del bienestar español media un trecho.

A los políticos y a los periodistas, instalados en nuestras pequeñas torres de marfil, nos falta calle. Cuando hablas con gente de aquí y de allá, de barrios de grandes capitales y de pueblos, te cuentan una historia que se repite. Ahí fuera hay un montón de extranjeros, en especial marroquíes, que viven en buena medida de las ayudas que reciben por tener hijos. Se benefician de manera extraordinaria de los servicios públicos, relegando de hecho a veces a las clases medias-bajas y medias españolas, porque la realidad que nunca se comenta es que el dinero es finito, ergo las prestaciones, también. Muchas veces el último en llegar es el que más se beneficia, para razonable irritación de los que siempre han vivido aquí. Pero señalar ese problema y proponer que los españoles tengan prioridad sobre los extranjeros no regularizados es «facha y racista», según el PSOE y sus aliados.

Si Salvador Illa amenaza con que no regularizará a nadie en Cataluña si no sabe catalán, eso es «progresista», y si Puigdemont suelta todo tipo de bravatas xenófobas, también. Pero si los extremeños acuerdan en un pacto de Gobierno que se prime en los servicios sociales a quienes tienen un arraigo acreditado, entonces son una caterva de fascistas.

España necesita un baño de lógica básica y realismo contable.