ABC 28/03/17
EDITORIAL
· La asistencia financiera del Estado no puede convertirse en un salvavidas al que acudan las comunidades para tapar sus agujeros
LA ausencia de mayoría parlamentaria obliga al Gobierno a alcanzar acuerdos con otros grupos políticos para aprobar leyes y reformas que son clave para el buen funcionamiento del país, como es el caso de los presupuestos generales del Estado o el nuevo modelo de financiación autonómica, pero algunas de las exigencias que plantea la oposición no solo resultan negativas para la economía nacional, sino que son injustas para el conjunto de los contribuyentes y deberían ser rechazadas o, como mínimo, implementarse desde el más estricto rigor para minimizar sus posibles daños. Un claro ejemplo es la condonación de la deuda autonómica que han planteado algunos gobiernos regionales liderados por el PSOE, como es el caso de Andalucía o la Comunidad Valenciana, entre otros. Cristóbal Montoro anunció ayer que está dispuesto a estudiar la aplicación de quitas sobre el elevado endeudamiento que acumulan las autonomías, lanzando así un guiño político a los socialistas con el fin de recabar su apoyo en los presupuestos.
Sin embargo, esta medida, lejos de ser positiva, entraña graves riesgos que han de ser tenidos en cuenta antes de tomar una decisión errónea. En primer lugar, cabe recordar que el Estado puso en marcha mecanismos extraordinarios de financiación mediante inyecciones de liquidez y préstamos de bajo coste para cubrir los abultados agujeros fiscales de las regiones y garantizar la prestación de los servicios públicos básicos. En concreto, desde 2012, el Gobierno ha repartido más de 200.000 millones de euros entre las autonomías para facilitar su financiación y, en última instancia, evitar la quiebra de las administraciones más despilfarradoras. Como consecuencia, más de la mitad de la deuda autonómica está hoy en manos del Estado. El problema es que dicha solidaridad, siendo bienvenida y necesaria, debe ir acompañada de responsabilidad para no generar efectos perniciosos.
Las quitas desincentivan el cumplimiento de los objetivos fiscales y el imprescindible reequilibrio de las cuentas públicas. De hecho, su aprobación supondría premiar a las autonomías díscolas y manirrotas, en detrimento de las austeras y responsables, ya que las más endeudadas serán las que más se beneficiarán de la condonación. Asimismo, el hecho de que parte de la deuda regional sea sufragada por el Estado significa que todos los contribuyentes pagarán los errores y abusos que han cometido ciertos gobiernos autonómicos, lo cual, además de injusto, supone un inmerecido balón de oxígeno para aquellos políticos que han gestionado de forma nefasta los recursos públicos. La asistencia financiera del Estado no puede convertirse en un salvavidas permanente al que pueden recurrir las comunidades con mayor déficit y deuda para enjuagar sus excesos.