DIARIO VASCO, 26/7/12
La reforma legal del Gobierno no se aplicará en las próximas elecciones autonómicas. El Ejecutivo de Rajoy tiene intención de consensuar con los partidos el cambio en la Ley Electoral, aunque no hablará con Amaiur
La intención del Gobierno central de devolver el derecho a voto en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y Navarra a los ciudadanos que se vieron obligados a marcharse a causa de la presión terrorista está desde ayer más cerca de hacerse realidad, aunque en ningún caso llegaría a aplicarse antes de las próximas elecciones autonómicas. El grupo de expertos juristas a los que el Ejecutivo de Rajoy pidió un informe legal sobre la constitucionalidad de esta medida ha dado su visto bueno al voto de los ‘exiliados’ y el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, presentó ayer una propuesta de modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) que recoge esta posibilidad. Lo más llamativo de esta reforma es que bastará con que una persona que vivió al menos cinco años en Euskadi declare que se tuvo que marchar por las amenazas de ETA para que prevalezca la «presunción de veracidad», por lo que no deberá probarlo y su cambio en el censo se hará de forma automática.
LAS DIEZ CLAVES
1 Cinco años Será indispensable haber residido de forma regular en la CAV o Navarra durante al menos cinco años entre 1977 y 2011.
2 Declaración El aspirante deberá firmar una declaración en la que prometa que su salida de esas comunidades fue por la «presión» del terrorismo.
3 «Presunción de veracidad» Esa declaración no será comprobada, pues la Administración aplicará el principio de «presunción de veracidad» para agilizar los trámites.
4 Descendientes No hay acuerdo aún sobre los descendientes de los ‘exiliados’. Algunos ponentes proponen que se les pueda incluir si estuvieron empadronados.
5 Una vez y revocable Se podrá pedir la inscripción una sola vez y el interesado podrá revocar su decisión. Pero si es así, no podrá volver a inscribirse por segunda vez.
6 Seis meses o un año Tras la entrada en vigor de la reforma, habrá un plazo de seis meses o un año para que se formulen las peticiones. No habrá otra oportunidad.
7 Trámite simple Bastará con que el interesado reclame ante la oficina electoral de la zona en que resida ahora el cambio censal a la CAV o Navarra.
8 Automático El cambio al censo de esas comunidades será automático. Se dará de baja en un censo y se dará de alta en el otro inmediatamente para evitar fraudes.
9 Sin censo especial Los peticionarios se incluirán en el censo del último municipio vasco o navarro en el que residieron. No habrá censo especial de ‘exiliados’.
10 Todas las elecciones La inscripción será válida para todas las elecciones que se celebren en esas circunscripciones, así como para todos los referendos.
Espíritu de la reforma legal La propuesta de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que «el presente proyecto de ley no pretende otra cosa que restablecer la integridad del censo electoral en el País Vasco y Navarra, impidiendo -en la medida de lo posible puesto que varios cientos de personas asesinadas por ETA no podrán votar nunca más- que la depuración del mismo llevada a cabo por ETA despliegue sus efectos sobre la realidad política del País Vasco y de Navarra».
Pese a disponer de mayoría absoluta en el Congreso y el Senado, el PP quiere consensuar este cambio legal con todos los partidos, a excepción de Amaiur, para evitar la acusación de que pretende «alterar el censo con motivaciones partidistas». Ésta también es la razón por la que el Ejecutivo ha renunciado a que entre en vigor antes de las próximas elecciones autonómicas vascas. «No pensamos en las primeras elecciones, sino en las siguientes generaciones», sentenció el ministro de Interior.
REACCIONES
YOLANDA BARCINA PRESIDENTA DE NAVARRA
«Es un asunto de justicia que no está motivado por ningún interés electoral a corto plazo»
LAURA MINTEGI CANDIDATA DE EH BILDU
«Subvierte la opinión natural de la población vasca, modificando mayorías y minorías»
PATXI ZABALETA ARALAR
«Es una auténtica marcha verde de la derecha española para tergiversar los resultados electorales»
IKERNE BADIOLA EA
«Supone una perversión democrática que pretende alterar la realidad de este país»
Fernández Díaz presentó ayer en Madrid las conclusiones del seminario en el que veinte expertos han analizado la viabilidad jurídica de la medida. Estuvo acompañado de Benigno Pendás, director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), institución que ha coordinado dicho seminario. El informe incluye una propuesta de reforma legislativa, que es la que ha hecho suya el Gobierno, para que puedan votar quienes acrediten haber residido durante al menos cinco años en la CAV y Navarra entre el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones, y el 31 de diciembre de 2011.
El punto que se presenta como más polémico de la reforma que plantea el Gobierno es el que permitiría que, quien cumpla con el requisito de un mínimo de cinco años de residencia y quiera volver a inscribirse en el censo electoral de la localidad en la que vivió, sólo deberá declarar que tuvo que dejar Euskadi por la «presión de la violencia terrorista» para recuperar el voto, sin necesidad de presentar ninguna prueba. Fernández Díaz explicó que las declaraciones de los afectados tendrán «presunción de veracidad» y aseguró que un hipotético fraude sería un porcentaje mínimo respecto al total. De todas formas, dejó claro que el texto es sólo una propuesta y que está abierto a las modificaciones que consensúen los grupos parlamentarios.
Para todas las elecciones
Otro aspecto que se concreta en la propuesta de reforma legal es que la inscripción en el censo electoral sería efectiva para todas las citas electorales, incluidas las municipales, así como para posibles referendos que se pudieran convocar. La solicitud de cambio de censo tendría vigencia indefinida, si bien el elector podría revocarla en cualquier momento y volver a votar en su domicilio actual, aunque en ese caso ya no podría pedir de nuevo la opción de sufragio en la CAV y Navarra.
El director del CEPC, Benigno Pendás, señaló que no se crearía un censo oficial de desplazados, sino que estas personas se integrarían en el ordinario. En cuanto a la forma de emitir el voto, los expertos se decantan por el voto por correo, aunque también consideran constitucional que se estipule que deba hacerse de forma presencial en los colegios electorales.
El ministro de Interior apuntó que «la voluntad política de Gobierno para llevar a cabo esta reforma era clara, pero teníamos que saber si era viable o no jurídicamente. Los expertos nos han dicho que lo es, por lo que seguiremos para adelante con el máximo nivel de consenso». Fernández Díaz reconoció que «hay muchas cuestiones abiertas para el debate político, si bien se ha resuelto de forma satisfactoria la primera gran incógnita», en referencia a la viabilidad jurídica de la reforma.
El titular de Interior explicó que, aunque el Gobierno podría tener lista la reforma para las próximas elecciones vascas, no forzará los plazos para «buscar un consenso» en el Parlamento. Fernández Díaz quiso alejarse de las críticas de algunos sectores nacionalistas, que le acusan de querer alterar el censo electoral para beneficiar los resultados de los partidos constitucionalistas, y aseguró que «no estamos hablando en términos electoralistas, sino de principios, de justicia y reparación».
Fernández Díaz recordó que el Gobierno podría hacer uso de los instrumentos de urgencia que tiene a su alcance para tramitar la propuesta a través de un Real decreto, que el PP aprobaría ejerciendo su mayoría absoluta en las Cortes Generales, «pero no sólo queremos ser honestos, sino parecerlo», afirmó.
El ministro anunció su intención de llegar a un acuerdo con el Gobierno Vasco y el navarro, así como con todos los grupos parlamentarios, especialmente el PSOE y el PNV. No obstante, dejó claro que el Gobierno no negociará con Amaiur -aunque sin citarlo- porque «ningún acuerdo sería posible mientras la coalición no exija la disolución de ETA».
Fernández Díaz prefirió no dar cifras de cuántas personas estarían en condiciones de votar según la reforma que plantea el Gobierno, pero comentó que «bastaría con que un solo vasco o navarro no hubiera podido ejercer el derecho a voto para que esto tuviera sentido».
Preguntado por la posibilidad de que se produzca algún tipo de fraude al no ser necesario presentar pruebas para demostrar que una persona recibió amenazas, consideró «difícil» que alguien firme una declaración de ese tipo si no ha tenido que abandonar el País Vasco por la amenaza terrorista.
DIARIO VASCO, 26/7/12