Los cinco trabajadores fallecidos en los trágicos sucesos del 3 de marzo de 1976, en los que cien personas resultaron además heridas de bala a manos de la Policía en Zaramaga durante una protesta laboral, no serán declarados víctimas del terrorismo. El PSE, PP y UPyD rechazaron ayer en el Parlamento vasco una proposición no de ley presentada por el PNV, Aralar, EA y Ezker Batua en este sentido. La decisión provocó el malestar de la asociación Martxaok 3, en cuya opinión el voto en contra de los partidos constitucionalistas «no es más que una estrategia de encubrimiento y de olvido que pretende ocultar las múltiples expresiones del terrorismo de Estado ocurrido en las últimas décadas».
A pesar de que socialistas, populares y UPyD reiteraron su solidaridad con los damnificados y su condena formal de aquellos sucesos, la asociación de víctimas del 3 marzo denunció su «hipocresía» y recordó que «también siguen esperando el esclarecimiento de los hechos, justicia, castigo a los culpables y el reconocimiento a las víctimas en cientos de casos más». También instó a «tomar ejemplo» del primer ministro británico, David Cameron, que «hace ahora un año pidió perdón a los familiares de los 14 asesinados por su Ejército en 1972 en Derry», e insistió en que el Estado «debe asumir su responsabilidad sobre aquellos hechos protagonizados por sus fuerzas armadas, al margen del gobierno bajo el que se cometieron».
El debate encendió un intenso debate en la Cámara. El PSE y el PP consideraron que no resultaría «adecuado» incluir a los fallecidos en la actual ley de víctimas del terrorismo e incluso los socialistas agregaron que «sería meter en el mismo saco dos cuestiones que no tienen correspondencia», por lo que indicaron que el foro idóneo para tratar este asunto es la ponencia sobre damnificados de motivación política.
Aralar criticó estos argumentos y rechazó los intentos de «clasificar a las víctimas» en «distintas categorías». EA acusó al PSE de tratar de «eludir» el compromiso de «pedir a Madrid» que este colectivo sea tratado «como víctimas del terrorismo de Estado».
EL CORREO, 17/6/11