Fuera de los focos de la trifulca y bajo el radar del espectáculo político-mediático, la comisión del Congreso para la evaluación del Estado autonómico –impulsada por Pedro Sánchez– analiza los verdaderos problemas de fondo que se esconden detrás de la crisis territorial e institucional de España. Las actas de las 25 comparecencias que se han producido contienen abundante y valiosa información acerca de los males del Estado autonómico. Aunque ni los propios partidos que trabajan en ella le dedican demasiada atención, y a pesar de que hay grupos parlamentarios ausentes –Unidos Podemos, PNV, PDeCAT y ERC– en esta comisión se habla de la política con mayúsculas. La política que consiste, según dijo Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social (CES), en «promover la convivencia y aliviar el malestar» de un país.
Tanto el presidente, José Enrique Serrano, como los portavoces de los grupos destacan el gran nivel que están teniendo las comparecencias de catedráticos, historiadores y altos cargos de organismos del Estado, que acuden al Congreso pertrechados de argumentos y datos sólidos para realizar un diagnóstico de las cosas que no funcionan y que es necesario cambiar.
La comisión arrancó con los padres de la Constitución, cuyas comparecencias se siguieron con atención. Desde entonces, trabaja en silencio, aunque quizá si los diputados –o por pedir que no quede– los ciudadanos se molestaran en leer las actas de los taquígrafos podrían saber de qué estamos hablando cuando hablamos de la necesidad de reformar el Estado autonómico.
Los comparecientes han coincidido en que el Estado autonómico es un instrumento complejo, grande, diverso y difícil de articular. Un modelo que responde, según aseguró Jaime Rodríguez-Arana, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña, «a los principios de unidad, autonomía, solidaridad e integración». «Un Estado compuesto, con textura federal, pero sin cultura federal», según Joan Romero González, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Valencia. «Un Estado competitivo y no cooperativo, por desgracia», en opinión del ex presidente canario y ex ministro Jerónimo Saavedra. Un Estado que ya no es de dos velocidades –comunidades de Régimen Foral y de régimen común– sino de 17 velocidades distintas.
Hay unanimidad absoluta en la necesidad de reformar el Senado –y por tanto la Constitución– porque, según confesó Miquel Roca, los constituyentes se equivocaron en el diseño de la Cámara de segunda lectura. Existe asimismo coincidencia en delimitar con mayor claridad las competencias del Estado y las de las comunidades autónomas.
Pero lo más interesante es que los expertos han identificado con claridad y precisión las disfunciones, inequidades, desigualdades y asimetrías en el funcionamiento del Estado autonómico. De la ingente cantidad de datos que obran en poder de la comisión, basta un par de ellos para hacerse idea de la necesidad de corregir las deficiencias en el funcionamiento del Estado autonómico. El gasto sanitario por persona y año puede oscilar entre los 1.000 euros y los 1.600 euros. El salario de inserción, la renta mínima básica, puede oscilar de los 300 a los 700 euros. La diferencia entre la comunidad que más presión fiscal tiene y la que menos es de tres puntos porcentuales. Demasiados, según los expertos.
Sin embargo, los españoles tienen una buena relación con el Estado descentralizado. De acuerdo con los datos facilitados por el presidente del CIS, Cristóbal Torres, la serie histórica de las encuestas oficiales demuestra que «la aprobación del Estado autonómico se ha consolidado de forma muy significativa y se mantiene en los mismos porcentajes desde 1984», mientras que los partidarios de un Estado más centralizado siguen siendo una minoría. El malestar con el Estado autonómico experimentó un aumento en 2012 –el peor año de la crisis–, pero ahora se mantiene en los porcentajes habituales.
La buena valoración de los ciudadanos del Estado autonómico quizá descanse en la prosperidad alcanzada en España en los últimos 40 años. Los datos económicos los facilitó el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), cuya comparecencia ha sido la que más revuelo e impacto ha causado en la comisión por la claridad, el rigor y la profusión de datos que ha aportado al debate. José Luis Escrivá abrumó con cifras y gráficos a propósito de cómo ha funcionado la descentralización desde 1978 y dónde residen sus ineficiencias actuales. Su primera y relevante conclusión –sobre todo en un momento en el que se discute sobre una hipotética recentralización– es que el Estado autonómico ha producido prosperidad. España, con un modelo descentralizado, ha crecido más en los últimos 38 años que los países más centralizados europeos, como Francia, Italia o Grecia. La brecha de renta entre unas y otras regiones españolas se ha reducido más que en el país vecino. «Los modelos descentralizados tienen un potencial considerable, pero requieren normalmente un grado de sofisticación institucional mayor», señaló Escrivá. Y en España, la calidad institucional falla, añadió.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera «no acaba de funcionar, hay un clima sorprendentemente alto de desconfianza entre la Administración Central y las comunidades autónomas. Predominan las relaciones bilaterales sobre los mecanismos multilaterales. Hay un incumplimiento generalizado de las reglas. Los planes económicos y financieros de las comunidades se aprueban sin ninguna reflexión. Jamás he visto una discusión sobre un plan financiero de nadie». Es la forma en la que un experto en Econometría explica que el Gobierno central negocia de forma bilateral con algunas comunidades –por razones partidistas– el reparto de unos recursos que debería acordar con todas, mediante una negociación conjunta. Y eso genera agravios comparativos entre las comunidades.
La desconfianza y falta de lealtad de la Administración Central con las comunidades y de éstas entre ellas mismas son las mayores dificultades para el funcionamiento del Estado autonómico, según han apreciado todos los comparecientes. Como expresó de forma gráfica el catedrático valenciano, «hace tiempo que el problema y la solución están en la mesa de la política. La academia ha hecho bien su trabajo». Los comparecientes han coincidido en que es la actitud de los partidos políticos, más que el desacuerdo en el contenido de las reformas, la que impide los acuerdos en España. Sin contar con que la crisis catalana no permite ser nada optimista sobre una reforma constitucional que los expertos han delimitado con mucha precisión.
Con esa reforma en el horizonte se constituyó esta comisión que tiene por delante casi un año de trabajo y en la que escuchará a unos 200 comparecientes. Su presidente, José Enrique Serrano, quiere imponer mayor ritmo de actividad en los próximos meses y, a pesar de las pocas expectativas que los partidos tienen sobre su resultado, está dispuesto a no desmayar. «La comisión está siendo de gran utilidad, si fracasamos y por la actitud de los partidos no se corrigen los fallos y las deficiencias, que por lo demás son muy concretos, no habrá nadie en los próximos 20 años que se atreva a intentar una reforma de la Constitución. No podemos decirle a los españoles que este trabajo parlamentario no servirá de nada».