FRONTERA D 23/05/17
MIKEL ARTETA
Con permiso del Real Madrid, y ya que no todo lo pueden las metáforas, hoy hay dos grandes noticias, vinculadas.
La primera es la filtración de la llamada “ley de transitoriedad” (léase, golpe de Estado) preparada por la Generalitat para, tras la Declaración Unilateral de Independencia, regular la forma de Estado de una Cataluña independiente, su nacionalidad, lengua y la organización de sus instituciones. Según me chivan, semejante noticia no es trending topic. Y, claro, así nos luce el pelo algo menos que las mechas de CR7.
Que el documento plasma un golpe de Estado es obvio en forma y fondo: “mientras no sea aprobada la Constitución del Estado catalán, la presente ley es la norma suprema del ordenamiento jurídico catalán”. Así pues, váyanse Kelsen y la jerarquía normativa a tomar viento fresco. La gravedad radica en que se está atacando el procedimiento (la Constitución) que nos hemos dado entre todos para garantizar que todos acataremos las leyes y políticas públicas derivadas, gusten más o menos, por cuanto surgen de un equilibrio de intereses, respetan unos mínimos (derechos fundamentales) y pueden ser modificadas en futuras legislaturas, con las mayorías adecuadas. La cacicada de la Generalitat y su desprecio por la legitimidad procedimental tienen nombre.
Al parecer, y ateniéndome a la digestión que hace la prensa, el documento revela cosas tales como que Cataluña será el primer país que niega a la mayoría (el 55%) de sus ciudadanos el derecho a desarrollar su ciudadanía en su propia lengua (¡en nombre de su ‘lengua propia’!). Como lo suyo es la tolerancia, parece que van a permitir hablar en castellano en la calle y en el hogar (“se garantiza el mantenimiento de los usos vigentes -sic- de la lengua catalana y la lengua castellana”), pero que se olviden los españolitos de estudiarlo o de usarlo en su trato con cualquier órgano administrativo. Ya no será sólo cuestión de protocolos de hospital: al médico, si no es en catalán o en inglés, se le deberán dirigir los pacientes por señas. El castellano en Cataluña será tan respetable como el urdú, para hacernos una idea.
Una Constitución, la catalana, que entre otras peregrinas pero terroríficas sandeces, pretende arrebatar la nacionalidad a los españoles que llevan empadronados ahí dos años. Por lo demás, lo importante lo tienen claro. Puesto que hay que amnistiar a los Pujol y a todos los golpistas, “el presidente del Tribunal Supremo es nombrado por el Presidente de la Generalitat”. Y, como de lo que se trata es de no pagar la fiesta a los vagos españoles, “la potestad para exigir tributos y otras contribuciones públicas obligatorias y la potestad para sancionar el incumplimiento corresponden a la Generalitat, sin perjuicio de las potestades atribuidas por ley a las administraciones públicas locales”.
Con semejante amenaza tan avanzada, cualquiera diría que va a haber sangre. Pero, quién sabe, quizás lo arregle un editorial de Gabilondo; o, mejor, una canción de amor a Cataluña del flamante Secretario Snchz. No obstante, su empeño por señalar al PP como fábrica de independentistas no ofrece mucha esperanza. La culpa de todo la tuvo Yoko Ono…
Y aquí llegamos a la segunda gran noticia del día: ha ganado Pedro Sánchez. Una militancia criada en las ubres del zapaterismo, cuya única idea de lo justo es contradecir al PP (algún militante socialista cree que Rawls es una galleta de chocolate) ha demostrado que, con su voto, puede acabar con la casta que tenía secuestrado al partido. Bien. Sólo falta que sepan elegir algo mejor que un tipo que bandea del “no es no” al “sí es sí” (¡únicas ideas conocidas!), sin mediación ni criterio alguno.
Sin embargo, quienes se tienen por más de izquierdas en el entorno del PSOE parecen sentirse satisfechos. Ha ganado, dicen algunos, el progreso, la izquierda y la democracia. No deja de sorprenderme tal confusión. No se enteran de nada. Vamos a ver, por partes:
1. Hay Comunidades Autónomas ricas y pobres.
2. Las regiones ricas (más jóvenes, dinámicas, más pobladas y más densamente pobladas), además de por los votos que contienen, manejan la agenda política por su riqueza, porque concentran el capital que sostiene a los grandes medios, a las influyentes empresas, etc. Si Murcia estuvo en la agenda hace poco fue sólo en la medida en que se estaba jugando la imagen (nacional) del PP. De su economía supimos poco.
3. Como sucede en la confrontación entre países, los intereses de las regiones ricas, en materia fiscal y financiera, son opuestos a los de las regiones pobres.
4. Los partidos más federalizados integran esa tensión en su seno. Es el caso del PSOE, Podemos o IU. Han tratado de sofocarla apelando al principio de ordinalidad, que se centra en la restricción de la solidaridad interterritorial. Han abandonado sus principios.
5. El federalismo no es sinónimo de justicia social sino quizás lo contrario. Todo depende de cómo se lea el principio de subsidiariedad, piedra de toque del federalismo, que reza que hay que acometer los asuntos en el nivel competencial (político/administrativo) más cercano al ciudadano, siempre que sea más eficiente.
Bien leído, este principio implica que los asuntos de los dineros, como la fiscalidad, deben decidirse en el nivel más lejano posible al ciudadano. (Puesto que el cosmopolitismo, que sería lo ideal, hoy nos queda lejos -pese a esfuerzos como el proyecto BEPS de la OCDE- nos conformaremos con la segunda mejor opción: el ámbito político europeo –la UE tiene sobre la mesa un proyecto de Directiva antielusión- y, sobre todo, el de los Estados). De otro modo, las regiones quedarían presas del dumping fiscal, por ejemplo. Lo mismo en materia de infraestructuras: ahora País Vasco y Valencia reclaman la propiedad sobre sus puertos: ¿total, para qué quiere Castilla la Mancha exportar nada y por qué Valencia se lo iba a poner fácil?
Nuestra izquierda, contagiada de nacionalismo desde hace tiempo, no lee bien el principio de subsidiariedad (no digo que lo haga bien la derecha) y prefiere sistemáticamente el nivel más cercano al ciudadano: lo mismo que haría el anarco-capitalismo (“oiga, yo con mi dinero hago lo que quiero”), pero poniendo el límite no en el individuo sino en los grupos que tienen fuerza suficiente para, erigiéndose de forma voluntarista en nación, someter al resto. Nos echan a unos al cuello de los otros.
No creen que el todo pueda más que las partes. Lejos de socializar, y pese a pretenderse socialistas, su programa político se empeña en fragmentar. Es una confusión incomprensible que solo se comprende porque la mayoría social nada en ella; y porque todos prefieren seguir ahí a riesgo de salirse de la foto.
6. En los partidos más federalizados es más probable que surjan candidatos de regiones ricas, y/o con apoyos de regiones ricas, que defiendan engendros tales como la “nación de naciones”; invento tan pegajoso y alejado de la justicia social como ese otro de la “Europa de los pueblos”. Se trata de asegurarse de que entre estados distintos (o entre administraciones territoriales diferentes) los presupuestos no sean vasos comunicantes. Que cada cual se apañe con lo suyo. Con tal invento cada región puede hacer lo que quiera. Del mismo modo que el pobre, con su plena libertad, será libre de morirse de hambre, también lo serán las CCAA más improductivas (improductivas por herencia histórica, pues fue el Estado mercantilista el que protegió, con aranceles, el textil catalán). Para sobrevivir electoralmente, y deudora de su estructura, la izquierda se ha convertido necesariamente en derecha. Pero sigue igual de contumaz en su arrogante superioridad moral.
Podemos gobierna Madrid y Barcelona, sin ir más lejos, con el discurso identitario del cuanto más cerca, mejor. Quizás sea porque a los ciudadanos de dichas ciudades no les da miedo. Las alarmas no saltan porque hay una particular comunión de intereses: las ciudades grandes y dinámicas son las que más interés material tienen en soltar lastre y en “ser libres”. La plurinacionalidad es bienvenida (o no repelida) porque no les supone una amenaza.
7. El PSC (partido distinto al PSOE y en el cual el PSOE no tiene ni voz ni voto) ha decantado (le ha dejado hacerlo la Gestora, que no se ha atrevido a romper la grotesca alianza) el voto hacia el candidato de la libertad (de las regiones ricas) y la plurinacionalidad.
Sin duda la primera noticia, la del ataque al Estado de Derecho, es sumamente grave y resulta lamentable la escasa respuesta social que está recibiendo el embate catalán. Pero la segunda me parece mucho más importante y sintomática (explica con creces que se pueda dar la primera): nuestra izquierda parlamentaria (que no es izquierda) ha perdido por completo el norte y se ha aliado con quienes amenazan la igualdad. Y sólo consigue pervertir cada día más sus principios, dejando huérfanos a quienes abogamos por la igualdad, sin pretender mermar las libertades ni ahogar la capacidad productiva de algunos polos dinámicos que deben financiar los derechos con que legitimamos al poder político, para que éste pueda conservar a su vez nuestro sistema democrático.
El ataque del secesionismo avanza porque la izquierda española calla. Esto es lo que debe entenderse. Y calla porque no entiende que el mayor ataque del secesionismo no es contra el Estado de Derecho (desgraciadamente, todos encontramos coartadas en nuestra vida cotidiana para saltarnos una norma en nombre de un fin último más valioso; el propio Estado encuentra esa coartada -incluso legalmente- y la llama ‘estado de excepción’), ya que cree que eso puede llegar a consentirse -no entremos ahora en los desatinos de esto- en nombre de un fin mayor. Calla porque no quiere entender que el mayor ataque del secesionismo es contra nuestro estado social, contra la justicia, contra los derechos de muchos españoles.
Más que señalando la violación de los medios, la batalla se ganará cuando todos entiendan que el nacionalismo se propone violar los fines sobre los que se sostiene la democracia y, en definitiva, cualquier idea de justicia social que se precie. La secesión pretende arrebatarnos (expoliarnos) recursos que son también nuestros para financiar derechos que son de todos. Y mientras no deslegitimemos por completo su fin, desenmascarando el brutal egoísmo que esconde, seguirán avanzando, con sus medios fascistas sin que la gente tome la calle para hacerles frente. Si acaso la tomarán para arremeter contras las instituciones comunes. Lo estamos viendo.