El fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, sufrió ayer su segundo varapalo en este caso, después de la sentencia que dejó en la quinta parte sus peticiones para los acusados y ha absuelto a 11 de los 18 encausados.
Algo debía de maliciarse cuando rebajó el ingreso en prisión a prisión eludible mediante fianza. El tribunal ha desestimado su petición en un auto irreprochable, en el que impone como medidas cautelares la de comparecer los días 1 de cada mes y la obligación de comunicar sus movimientos si fuera a trasladarse fuera de la UE. No considera el tribunal el riesgo de fuga, citando doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que propone como elementos de análisis: la ausencia de arraigo, carencia de vínculos afectivos o de integración social, así como la actitud del acusado ante la detención. No hace falta extenderse sobre el riesgo de destrucción de pruebas o de que el acusado vuelva a incurrir en los mismos delitos que llevaron a su procesamiento.
El problema es que, si como decía Napoleón, todo francés llevaba en su mochila un bastón de mariscal, en la de cada español hay un fiscal y un juez. El buen pueblo español que se expresa en las redes sociales no se conforma con resoluciones que no hagan pasar la carreta de los condenados frente a las tricoteuses, para que las que no hacen calceta les tiren berzas y hagan escarnio. Habrá polémica a cuenta de la gran renovación en la Fiscalía, 35 cargos, del fiscal jefe de la Audiencia Nacional para abajo.
Otro asunto es el del fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, destituido para ceder el cargo a José Luis Díaz Manzaneda. López Bernal empezó la jornada hecho un toro y la terminó a paso de buey. Entró con mucho brío y con una agitación desmesurada de metáforas: «No puede ser que a los fiscales se nos persiga más que a los corruptos». Sería mejor que esas frases se las dejara a Errejón y sus camaradas, para que posen en Twitter, pero el Ministerio Público debería mostrar un poco más de contención y algo de sindéresis, a ser posible. Luego se extendió el fiscal en un relato que tiene algo de surrealista, al denunciar, después de conocer que había llegado al final en el desempeño de su cargo, que había sufrido presiones e intimidaciones, llegando a denunciar que en Madrid se ha creado una asociación para querellarse contra él, porque hace más de 30 años cortó «unos pinos de los que se decía que estaban protegidos». Un poco artificioso parece, cuando al fiscal general le bastaba con sustituirlo.
El ministro Catalá estuvo de lo más racional, al decir que si sufrió presiones debería haberlas comunicado a la Fiscalía General del Estado para ser tutelado en sus derechos. Pero sus argumentos desaguan cuando dice que su sustituto, Díaz Manzaneda, es un «gran fiscal» que ya ha trabajado con él contra la delincuencia urbanística, de manera que «seguro que va a seguir en la misma línea». Si esto es así no se entiende que el Gobierno, la Fiscalía o quien sea lo haya hecho saltar para poner en su lugar más de lo mismo.