ABC – 18/11/14
· El fiscal general, contra las cuerdas, lleva la querella a la Junta de Fiscales de Sala para no quedarse solo en su decisión de actuar contra la Generalitat
· En marzo de 2013 el fiscal general cesó al antecesor de Romero de Tejada porque estaba a favor de la consulta.
La desautorización de los fiscales catalanes a su superior jerárquico, Eduardo Torres-Dulce, ha pasado de ser una impresión a una realidad. Con la querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por el 9-N, se han cumplido los peores pronósticos: no es que una mayoría de los fiscales del TSJC discrepen de emprender acción alguna contra los representantes del Gobierno autonómico, sino que directamente, y de forma unánime, se niegan.
Ante el convencimiento de que Mas y los suyos han incumplido la ley y ante la negativa de sus subordinados a actuar en defensa de la legalidad –lo que suponía interponer esta querella–, Torres-Dulce llevará mañana este asunto a la Junta de Fiscales, órgano que él mismo preside y que está integrado por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, los fiscales de Sala y el fiscaljefe de la Secretaría Técnica del órgano. La grieta insalvable que ha abierto en la Fiscalía de Cataluña ha puesto contra las cuerdas al fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, ya que fue él mismo quien decidió el pasado jueves, tras una reunión en Madrid, dejar en manos del fiscal Superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, la decisión sobre el horizonte penal de Mas.
La sorpresa ha sido mayúscula, pues a la vista de los acontecimientos, la Fiscalía catalana estaba jugando en otro campo: el debate de la semana pasada en la sede de Fortuny no había girado en torno a la interposición de la querella, sino sobre si este escrito tenía que ser de máximos o de mínimos. Así, mientras que la Fiscalía General del Estado quería querellarse contra Mas, su número dos, Joana Ortega, y los consejeros de Interior y Educación por desobediencia, prevaricación y malversación, la Fiscalía catalana era partidaria de hacerlo solo por desobediencia y únicamente contra Mas y Ortega. Sin embargo, a medida que han ido pasando los días, los fiscales díscolos del TSJ catalán y las indudables presiones de la Generalitat –precisan fuentes jurídicas– han impuesto su criterio sobre los tres fiscales que en principio eran partidarios de interponer la querella, hasta el punto de que incluso Romero de Tejada –a quien Torres-Dulce colocó en ese puesto tras cesar a Martín Rodríguez Sol, favorable a la consulta– se le ha rebelado.
Ayer, a las ocho y veinte de la tarde, la Fiscalía General del Estado difundía un comunicado en el que sigue mostrando su convencimiento de que «debe formularse querella ante el TSJ catalán (competente para investigar a Mas por su condición de aforado) y así lo ha ordenado hoy (por ayer lunes). El Fiscal Superior, José María Romero de Tejada –prosigue la nota– no lo considera procedente y lo ha comunicado a última hora de la tarde de hoy». Ante esta discrepancia, el asunto se aboca a la Junta de Fiscales, según establece el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que prevé que el fiscal que reciba una orden o instrucción que considere contraria a las leyes –o que, por cualquier otro motivo estime improcedente– se lo hará saber a su fiscal jefe, que si no considera satisfactorias las razones alegadas, «planteará la cuestión a la Junta de Fiscalía y, una vez que ésta se manifieste, resolverá definitivamente reconsiderándola o ratificándola». Si la orden fuere dada por el Fiscal General del Estado, como es el caso, éste «resolverá oyendo a la Junta de Fiscales de Sala». No obstante, la última palabra la tiene Torres-Dulce, que parece querer contar con el apoyo de los suyos ante de tomar esta decisión.
El órgano presidido por Torres-Dulce explica que fue la Fiscalía Superior de Cataluña la que el pasado 8 de noviembre, el día anterior a la consulta, inició diligencias de investigación ante la realización de actos (cesión de locales públicos, elaboración de papeletas, distribución de urnas, etc.) por
parte del Gobierno de la Generalitat. Entonces sí entendió que esos actos eran contrarios a la suspensión de la consulta acordada hasta en dos ocasiones por el Tribunal Constitucional. A su vez, el mismo 9-N fue la Fiscalía catalana la que informó a favor de la admisión a trámite de las innumerables denuncias ciudadanas al entender que «existían indicios racionalesde delito». «Al término del proceso de participación ciudadana, la Fiscalía General del Estado solicitó de esa Fiscalía una valoración jurídico-penal de los hechos recabados en dichas Diligencias a los efectos de adoptar las acciones legales».
Tensas relaciones
La última semana no ha sido fácil para el fiscal general. Mientras se iban tensando sus relaciones con sus subordinados catalanes a medida que avanzaban los días, en paralelo era latente su malestar por declaraciones como las de la digente del Partido Popular de Cataluña Alicia Sánchez-Camacho –en las que anunció el contenido de la querella del fiscal– o las de miembros del Gobierno emplazándole a que presentara el escrito con la mayor celeridad.
La guinda de la tarta llegó el viernes de la mano de la vicepresidenta del Gobierno, Soyara Sáenz de Santamaría, que, respetando el principio de autonomía del Ministerio Fiscal, tuvo que recordar a Torres-Dulce quién mandaba en la Fiscalía y, a la vez, recordar a los fiscales que su misión es velar por el cumplimiento de la legalidad y que se debían a su superior jerárquico.
Los jueces decidirán si archivan en Cataluña 12 denuncias por el 9-N
· El Tribunal Superior consultará a la Fiscalía, que previsiblemente se opondrá a su admisión.
Primero la parálisis, y finalmente la negativa, de la Fiscalía Superior de Cataluña a seguir adelante con la querella contra Artur Mas no ha impedido que la actuación del Ejecutivo catalán a propósito del 9-N ya esté judicializada. En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) informó ayer de que el tribunal ya ha recibido «por el momento» doce denuncias de los juzgados de Martorell, Terrassa y Gavá, cuyos jueces se han inhibido al afectar las denuncias a una persona aforada. Las doce denuncias, sobre la cincuentena que llegaron a presentarse el pasado domingo día 9 por partidos como UPyD o entidades como Sociedad Civil Catalana, son contra el presidente Artur Mas, y en concreto por un delito de desobediencia.
Ahora, la Sala Civil y Penal del TSJC, siguiendo los trámites habituales, designará a «un ponente para cada una de las denuncias, siguiendo el turno de reparto establecido por la sala». Posteriormente, «las denuncias se remitirán a la Fiscalía para que informe sobre si son favorables a la admisión a trámite o no». Según informó el TSJC, «tras la respuesta de la Fiscalía se creará la sala de admisiones: formada por el presidente del TSJC y dos magistrados más (uno de ellos el ponente). En esta sala se dictará una resolución donde se acordará la admisión o no de las denuncias presentadas». En caso que las denuncias se admitan a trámite el ponente se convertirá en el magistrado instructor de la causa.
Curiosamente, y pese a la negativa a proceder con la querella, la Fiscalía Superior de Cataluña se verá obligada a pronunciarse ahora sobre la admisión a trámite de las citadas denuncias. Precisamente, el pasado viernes, el Fiscal General, Eduardo Torres Dulce, ya recordó que el 9-N está en manos de los jueces, dando a entender que la judicialización de los hechos no requeriría que la Fiscalía presentase formalmente querella.
«Derecho a decidir»
En cualquier caso, la rebelión de los fiscales catalanes se intuye solo como un prólogo de lo que está por llegar. Si la Fiscalía ya ha mostrado su negativa a enjuiciar a Mas, no es descartable que el TSJC lo haga en el mismo sentido cuando proceda a dirimir si admite o no las denuncias presentadas. Su presidente, Miguel Ángel Gimeno, se ha manifestado con claridad en numerosas ocasiones a favor del «derecho a decidir».
ABC – 18/11/14