Maximino en Haro
Hay caras que transparentan el hondón de la conciencia de sus propietarios y la del fiscal general del Estado, Alvaro García Ortiz es una de ellas. Tiene el heredero y albacea de Lola Delgado una cara grande y redonda y una sonrisa huérfana, como asombrada de sí misma.
Forzosamente ha de estar asombrada después de que el CGPJ haya considerao ‘inidóneo’ su nombramiento para el cargo y de que el Supremo le haya achacado desviación de poder al ascender a la máxima categoría de la carrera fiscal a su antecesora, Lola Delgado. Pero además, el fiscal general pinta menos entre los suyos que Chapachorra en Pamplona. Hagamos cuentas: El fiscal Álvaro Redondo, que se nos ha revelado como un estajanovista de los informes, había escrito dos en el tiempo record de 72 horas, uno primero, de 63 folios, considerando que en las actuaciones de Tsunami Democràtic, orientadas, aprobadas y favorecidas por el patrocinio intelectual y ético de Carles Puigdemont había delito de terrorismo. Nótese con qué largueza adjetivaba el fiscal Redondo: intelectual y ético son dos calificativos imposibles de colocar junto al nombre de Puigdemont. Después de esos tres días en los que mantuvo una conversación con su jefe, Álvaro García Ortiz, redactó otro, éste de 68 folios, en el que descartó radicalmente que hubiese indicios de terrorismo contra el prófugo del maletero. Álvaro Redondo está en todas las posiciones, aunque no al mismo tiempo, sino de manera sucesiva.
No le valió ayer ante la Junta de Fiscales del Supremo que se pronunció por apabullante mayoría, 12 votos contra tres, por apreciar la existencia de delitos de terrorismo en Tsunami y por una mayoría, también apabullante ma non troppo, once fiscales contra cuatro, a favor de encausar por terrorismo a Carles Puigdemont y a Rubén Wagensberg, el diputado de la Esquerra fugado a Suiza.
Es verdad que la decisión de la Junta de Fiscales no es vinculante, aunque si lo fuese ya se las arreglaría Pedro Sánchez para desvincularla, pues bueno es él, ya ha anunciado que la Junta de Portavoces no tiene la última palabra, cosa normal, siempre es él quien tiene la primera palabra y también la última, que será una refutación radical de la primera si así le conviniera, y si no, pues no. No se me ocurre mejor ejemplo que el propósito del felón de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de acortar los plazos para la investigación, cuestión que no acaban de ver con buenos ojos los fiscales para quienes el acortamiento de los plazos de investigación “solo conllevará mayores espacios de impunidad en la lucha contra delitos graves y complejos, como aquellos de carácter económico cometidos a través de organizaciones de todo tipo, contra la salud pública, la corrupción o el terrorismo”. Es que de eso se trataba, capullos, podría decir cualquiera de los portavoces demediados de Sánchez, que son todos. Fue el mismo Sánchez el que manoseó el mismo artículo 324 de la LeCrim en 2020, pero en sentido contrario, para alargar los plazos porque se trataba de sentar la mano a la corrupción del PP y no de otra cosa. En la primera década del siglo, el diario socialdemócrata por anonomasia tenía su sección diaria dedicada a los asuntos de la oposición. Las páginas dedicadas al tema iban coronadas por un cintillo que rezaba: “la corrupción que afecta al PP” y no la otra.