Hace una semana, justo antes del juicio que sentó en el banquillo al ex presidente de la Generalitat Artur Mas, la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consejera Irene Rigau por presunta desobediencia el 9-N, las asociaciones de jueces lamentaron que los soberanistas estaban presionando a los tribunales con las convocatorias de apoyo masivo a los acusados y sus ataques a la imparcialidad de la Justicia. Ayer, fue el turno de la Fiscalía General del Estado que, a partir de un incidente que sucedió el último día del juicio por el 9-N con la fiscal jefe de Barcelona, Ana Magaldi, expresó su «preocupación» por lo que consideran «los intentos de presionar a la Justicia en su tarea de hacer prevalecer el imperio de la ley».
El pasado viernes, cuando Magaldi salió del Palacio de Justicia, donde se celebró el juicio, sufrió «el acoso y los insultos por parte de un grupo de radicales» que estaban en la puerta del tribunal para apoyar a los procesados. La fiscal jefe había seguido todas las sesiones y al salir escuchó gritos de «fuera la Justicia española», por lo que se quedó mirando a los manifestantes. Entonces, la llamaron «fascista» o «eres una mierda» y un hombre cruzó la calle y le dijo «por qué nos juzgas por poner las urnas». Magaldi hizo llamar a un mosso de paisano, se identificó y le explicó al ciudadano que el fiscal acusa, pero quien juzga es el juez, a lo que el hombre replicó que era una «vergüenza».
El agente hizo volver al ciudadano a su sitio y después acompañó a Magaldi y otros fiscales unos metros, sin más incidentes. Según fuentes judiciales, la fiscal jefe «pretendió hacer un acto de dignidad de una representante de una institución del Estado» al aguantar los insultos durante unos segundos en la puerta del tribunal. La Fiscalía General del Estado expresó «el compromiso» de los profesionales «con ese cumplimiento de la legalidad, frente a los que siguiendo la irracional aventura de la falta de respeto al Estado de Derecho intentan imponerse, mediante la violencia y el insulto».
Las asociaciones de fiscales han expresado su apoyo a Magaldi y su rechazo al uso de la violencia. «Todos los planteamientos políticos y todas las ideologías pueden ser defendidos, pero siempre que ello se haga respetando la legalidad y las normas de convivencia», destacaron desde la Asociación de Fiscales, mientras que la Unión Progresista de Fiscales lamentó «la falta de respeto a las reglas del Estado de Derecho repercuten de forma inquietante en la convivencia democrática que tantos años nos ha costado construir».
El PDeCAT, principal impulsor de la protesta que reunió a miles de personas a las puertas del TSJC, rechazó ayer las acusaciones de la Fiscalía General y evitó condenar las acciones contra Magaldi. La coordinadora de los neoconvergentes, Marta Pascal, afirmó que, en todo caso, quien «presionó» a la Fiscalía para que actuara contra la consulta del 9-N fue el Gobierno español. Se trata de un argumento que ya usó Mas frente al juez. En opinión del PDeCAT, el hecho de que la Fiscalía catalana no observara delito en el 9-N en primera instancia y luego se produjera un cambio de criterio es una evidencia de que hubo presiones del Gobierno. Según Pascal, «en ningún caso» la manifestación a las puertas del TSJC que alentó su partido constituye una presión al sistema judicial. En opinión de la dirigente del PDeCAT, los concentrados ejercieron el «derecho fundamental a la libertad de expresión».
Por su parte, ERC se limitó a desmarcarse de quienes increparon a Magaldi. Gabriel Rufián, diputado del partido en el Congreso, condenó «cualquier acto de persecución o insulto», y subrayó que quienes protagonizaron el incidente son «una minoría muy minoritaria» que «no representa el carácter pacífico del proceso soberanista».