Los fracasos que vienen

De vuelta a los cajones de salida. La política vasca es ya pura precampaña para las próximas elecciones autonómicas por más que nadie –posiblemente ni el lehendakari– pueda garantizar hoy cuándo será la cita con las urnas. Si en octubre, como reclama el PP; en noviembre, como indican casi todos los indicios; o en febrero, como desearía el PSE, siempre que la evolución económica y los sondeos lo aconsejen a la vuelta de vacaciones.

Y, metidos en precampaña, los grandes partidos se mueven para tratar de ampliar su espacio y estrechar al mismo tiempo el del adversario. Los más evidentes, los del PP de Antonio Basagoiti y los del PNV.

Los conservadores han movido ficha en una doble dirección. Roto el pacto con el PSE y con la evidente sensación de que los recortes de Rajoy rebajan su intención de voto décima a décima, semana tras semana, toca distanciarse de los socialistas. Donde antes se buscaba el acercamiento ahora se busca el encontronazo, la fricción.

Si el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, ha sido el gran ariete del PNV contra Patxi López en varios momentos de la legislatura, los dos grandes referentes institucionales de los conservadores –el diputado general de Álava, Javier de Andrés, y el alcalde de Vitoria, Javier Maroto– han empezado a jugar un papel similar contra el Gobierno del lehendakari. Claro que, a cambio, las ayudas de Lakua que antes llegaban a ambos con relativa facilidad parece que han comenzado a desvanecerse.

Palo y zanahoria

Pero, además, toca erosionar el flanco moderado del PNV. Ese que el año pasado le dio a Iñaki Azkuna la mayoría absoluta en Bilbao. Y qué mejor para ello que vaticinar una futura entente soberanista postelectoral entre el partido de Iñigo Urkullu y Sortu, los herederos de Batasuna, como ha hecho Basagoiti. Eso sí, después de pactar con los jeltzales el reparto del poder en Kutxabank y en las cajas, en perjuicio de los socialistas.

El PNV tiene absolutamente interiorizado que su gran pelea electoral será con la izquierda abertzale tradicional, con Sortu. Y la prudencia aconseja no apretar demasiado la soga a las instituciones que gobiernan los herederos de la antigua Batasuna para que puedan explotar una imagen de victimismo.

Por ello, Martin Garitano se va a tener que quedar con las basuras que Bizkaia recogía a Gipuzkoa de buen grado cuando el PNV mandaba en ambos territorios. En compensación, el alcalde donostiarra, Juan Karlos Izaguirre, tiene desde esta semana un acuerdo con el PNV para invertir 76 millones en cuatro años y evitar así la paralización de la ciudad. Un pacto que no ha gustado nada a algunos críticos con Egibar.

La crisis va a ser la que va a poner fecha al fin de la legislatura. Si sigue la caída de ingresos y el año que viene tocan nuevos recortes, no parece probable que el Gobierno de López elabore un proyecto presupuestario. Si ocurre lo contrario, lo habrá para forzar un debate ideológico con PNV y PP y el lehendakari comerá las uvas en Ajuria Enea.

A su llegada al poder, el Ejecutivo socialista decidó abrir ambiciosos debates y puso sobre la mesa algunas de las viejas asignaturas pendientes de la autonomía vasca. Pues bien, pese a la crisis y a que lo ocurrido en otras comunidades podía constituir todo un revulsivo para entrar a fondo en las reformas, todo apunta a que la mayoría de las cuestiones se van a cerrar en falso.

Autoengaño

Los desmanes perpetrados en los últimos años desde la política contra algunas cajas de ahorros han elevado el clamor contra la politización de estas entidades y la exigencia de su completa profesionalización. Aquí los partidos han decidido cambiar la Ley vasca de Cajas. Pues bien, aunque Kutxabank no se ha visto salpicada por semejantes escándalos, lejos de aprovechar el viaje para avanzar en la despolitización del gran banco vasco, para lo único que ha servido el cambio legal es para dirimir una nueva batalla por el poder. Vencedores, PNV y PP; perdedor, el PSE.

El Gobierno de López abrió también el melón de las duplicidades derivadas de nuestro complejo sistema institucional. Es una evidencia solo discutible desde el mero interés partidario que en Euskadi hay competencias dobladas, funcionarios duplicados y gastos innecesarios. El debate aún está abierto. Pero, ni en pleno zafarrancho de recortes, los grandes partidos vascos han mostrado una voluntad real de pactar la eliminación de duplicidades evidentes. Ni siquiera esa pléyade de sociedades incrustadas en Agricultura que sirven a los gobiernos para colocar a muchos de sus liberados; ni esos funcionarios generales y forales cuyo trabajo es vigilar los flujos económicos entre instituciones para ejercer competencias que son del otro.

Otro tanto ocurre con el capítulo fiscal. Con la excusa de la defensa de las competencias de las diputaciones, PNV y PP se han opuesto de plano a que las haciendas forales crucen sus ordenadores para mejorar la persecución del fraude fiscal.

Fraude que el Gobierno de López cifra entre el 17% y el 18% del PIB –ELA habla de un 20%–, cuando en los países de nuestro entorno se estima que no alcanza el 10%. Nada extraño que la renta media que declaran profesionales y pequeños empresarios vascos sea, increíblemente, un 30% menor que la que confiesan los asalariados por cuenta ajena. El próximo pleno parlamentario sobre el asunto parece amortizado de antemano. Todo apunta a que habrá abundante munición preelectoral y ningún cambio.

El último debate

Queda un último gran debate abierto, la Ley Municipal. Después de tres décadas de autonomía, Euskadi aún no se ha dotado de una norma que fije con claridad las competencias de nuestros ayuntamientos. El Ejecutivo de López ha llevado al Parlamento un proyecto que sí lo hace. El texto, además, les da voz y voto en el Consejo Vasco de Finanzas (CVF), el órgano en el que el Gobierno vasco y las diputacionse se reparten los dineros.

Salvo sorpresa mayúscula, ya es seguro que el proyecto gubernamental no prosperará. De nuevo, PNV y PP rechazan que se quite poder a las diputaciones para que los ayuntamientos participen en el reparto de los recursos económicos.

La única duda radica en si peneuvistas y populares tumbarán el texto sin más, con lo que la Ley Municipal seguirá siendo una asignatura pendiente, o si se aprobará con el listado competencial. pero sin el poder económico. El PP, que en su pacto con el PSE se comprometió a auspiciar la norma, tiene la última palabra. Son los fracasos, los importantes fracasos, que deja una legislatura que enfila su final.