EL MUNDO – 24/11/15
· Hacienda impulsa un canal para que los empleados públicos denuncien leyes o gastos soberanistas.
· En una medida inédita en las relaciones entre la Administración central y una autonómica, los funcionarios de la Generalitat podrán delatar directamente ante instancias del Estado actos ilegales.
· El Ministerio de Hacienda, dirigido por Cristóbal Montoro, ha decidido crear un canal de comunicación con los empleados públicos en Cataluña para que puedan denunciar o consultar cualquier acto administrativo del que sospechen.
El canal con el Estado será accesible a todo empleado público en Cataluña y a proveedores o «terceros» en general. Se trata de un sistema electrónico de nueva creación para evitar que el dinero público pueda ser empleado en actividades contrarias a la ley. Así lo especifica la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas en un apartado de su página web destinado a la Delegación del Gobierno en Cataluña y que desarrolla la orden ministerial publicada el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado.
La medida se deriva de los controles especiales que aprobó la semana pasada la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos como condición para entregar a Cataluña otros 3.035 millones del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Según el comunicado de la Secretaría de Estado, «a través del sistema electrónico, las autoridades y empleados públicos podrán formular consultas o informar sobre las posibles dudas de nulidad o anulabilidad que, de conformidad con lo previsto en las leyes, surjan en relación con determinados actos administrativos. La posibilidad de informar sobre posibles dudas de nulidad o anulabilidad también estará a disposición de terceros que pudieran estar afectados por la posible invalidez de las actuaciones».
«Con este fin, se pone en marcha un sistema electrónico, a través de la dirección electrónica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas», señala. Enmarca esta singular medida en este objetivo: «La Administración General del Estado prestará el amparo necesario a las autoridades y empleados públicos que prestan servicios en la Comunidad Autónoma de Cataluña, para que puedan llevar a efecto las medidas derivadas de este acuerdo, así como cumplir con el resto de disposiciones reguladoras de este mecanismo de financiación y que afecten directa o indirectamente a las competencias y funciones que tengan encomendadas o que se correspondan con su cargo o puesto de trabajo».
Los funcionarios de la Generalitat que quieran delatar cualquier actuación podrán dirigirse a la Delegación del Gobierno en Cataluña o presentar un escrito en soporte papel en esta instancia o en las subdelegaciones del Gobierno en Lérida, Tarragona y Gerona.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, exigió a la Generalitat de Cataluña en declaraciones públicas que cumpla «cuanto antes» con sus «nuevas» condiciones para recibir recursos adicionales del Fondo de Liquidez Autonómica, para que sus proveedores «no tengan que sufrir más aplazamientos derivados de posiciones políticas que hoy no tienen sentido».
En declaraciones a los medios de comunicación antes de inaugurar en la Escuela de Negocios IESE una conferencia sobre la Estrategia de Fondos Europeos 2014-2020, Montoro declaró, según Europa Press, que la Generalitat «lo que tiene que hacer es distraerse menos y dedicarse a gestionar recursos de todos los ciudadanos. Cumplir esas condiciones aunque sean diferentes a las del resto y así se podrá abonar cuanto antes».
El ministro explicó que las condiciones «adicionales» que el Gobierno exige a la Generalitat otorgarán una «mayor transparencia» en su gestión pública, ya que se identificará en qué se gastan los recursos y se evitará que se destinen fondos al proceso soberanista.
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha aprobado ese desembolso para Cataluña procedente del remanente del FLA del año pasado, pero impone al Govern unas condiciones para poderlo cobrar, cosa que hará además de manera fraccionada, según vaya cumpliendo lo que se le exige.
Entre los requisitos figura que el interventor de la Generalitat deberá emitir un certificado mensual sobre la ejecución del presupuesto autonómico (Generalitat y todos los organismos), para tener constancia de que los gastos que se van realizando «no contravienen el ordenamiento jurídico». Sin este certificado, el Estado no procederá a desembolsar los 3.035 millones que, en todo caso, serán distribuidos de forma fraccionada para asegurar un cumplimiento continuo.
EL MUNDO – 24/11/15