La puerta abierta dejada por la Generalitat para que se reclamen responsabilidades contables a varios funcionarios por el proceso participativo del pasado 9 de noviembre de 2014, ha hecho saltar las alarmas entre los trabajadores públicos de la Administración catalana.
La proximidad del referéndum de autodeterminación anunciado para el 1 de octubre, así como la opacidad de la Generalitat con las características de esta votación, provoca que los funcionarios quieran conocer de forma rápida los planes de acción para no exponerse a posibles responsabilidades penales ni patrimoniales.
Pese a que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, han expresado que el referéndum se hará con todas las garantías legales, invocando para ello la normativa internacional, los representantes de los trabajadores públicos consideran que existen demasiados interrogantes en la actuación política para evitar que no les salpique una posible impugnación del Estado. Los trabajadores públicos temen que se les achaquen responsabilidades que no les corresponden.
Por eso, muchas de las organizaciones que aglutinan a funcionarios ya han expresado su total fidelidad a la Constitución por encima de cualquier otra normativa con la que la Generalitat quiera argumentar la convocatoria del referéndum ilegal. En este sentido, el Consejo de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Cataluña (CSITAL) aseguró que la actuación profesional de sus miembros se rige por el cumplimiento del principio de legalidad y recuerda que debe ser fiel «a la Constitución».
Esta entidad detalla que su código ético tiene «un enunciado claro que no admite interpretaciones» sobre que «el funcionariado de la Administración local con habilitación de carácter estatal debe actuar de acuerdo con las leyes, los reglamentos y las normas e instrucciones que sean aplicables al cumplimiento de sus deberes». Por eso, ante la convocatoria del referéndum, el CSITAL destaca que debe permanecer «siempre fiel al espíritu y al texto de la Constitución, a la normativa autonómica y europea y a los principios de conducta de este código ético».
El CSITAL aglutina a colegiados «con un modelo profesional homólogo al de otros países de la Unión Europea fuertemente comprometidos con los gobiernos locales de Cataluña», que hacen «funciones públicas estructurales y necesarias de fe pública, asesoramiento legal, control interno de la gestión económico-financiera, la contabilidad y la recaudación» en corporaciones locales. Sobre el referéndum ilegal, la Junta General del Consejo cree que determinadas manifestaciones políticas han dado al colectivo «un protagonismo que no nos corresponde» y por eso reivindicaron que actúan siguiendo su código ético profesional con principios que defienden «los valores democráticos, de legalidad, de lealtad y de neutralidad y de imparcialidad política», y que siempre deben respetar y estar acorde con «el cumplimiento del principio de legalidad» y con la fidelidad «al espíritu y texto de la Constitución».
La posición funcionarial está en consonancia con la legalidad a la que hizo de nuevo mención ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que advirtió una vez más de que los independentistas «presionan» a funcionarios públicos y a alcaldes porque tienen «miedo» a asumir sus propias responsabilidades ante el referéndum. La vicepresidenta del Gobierno recordó en el Congreso, ante los diputados del Grupo Popular donde hizo balance del periodo de sesiones, que el propio Tribunal Constitucional dice en su sentencia del 14 de febrero que cualquier acto de preparación del referéndum «era ilegal».
En esa disyuntiva se encuentran los sindicatos que también han expresado sus recelos. Las secciones de la función pública de UGT y CCOO insisten en que ante la falta de información de que disponen sobre la posible celebración de un referéndum, el Govern tiene la obligación de blindar a los funcionarios. «Es un tema político», concreta Encarna Fernández, secretaria general de la Función Pública de UGT de Catalunya. «Obramos con prudencia porque tenemos una ley estatal que hay que cumplir», insiste Joan Maria Sentís, coordinador de l’Àrea Pública de CCOO de Catalunya. Los sindicatos están presionando a la Administración catalana para que convoque el Consejo Catalán de la Función Pública, con representación de todos los cuerpos funcionariales, incluidos la policía autonómica, personal docente o personal de la administración técnica. Quieren que allí expliquen cómo piensan desarrollar la ley de referéndum y valorar cómo afectaría a los funcionarios púbicos.
«Pedimos a la Generalitat, y por extensión al Estado, que nos garantice que los trabajadores púbicos no tendrán que acarrear con las consecuencias del referéndum», concretó Sentís, pero CCOO no quiere pronunciarse sobre «coyunturas» hasta que no se sepa «la concreción de la ley y esté aprobada». Ambos sindicatos previenen de que la situación que se ha generado tiene una raíz política y, a pesar de que hasta ahora no se conoce sanción penal o administrativa contra ningún trabajador público, «el Govern tiene la obligación de blindar a los funcionarios».
El presidente de CSIF en Cataluña Joan Escamilla explicó que han aumentado las consultas de funcionarios respecto al referéndum del 1 de octubre, ya que «quieren conocer qué consecuencias puede tener para su puesto de trabajo» acatar o firmar algunas órdenes de cargos públicos. El sindicato elaboró un protocolo de actuación en el que se recomienda a los empleados públicos que pidan a sus superiores que cualquier orden que consideren ilegal se la comuniquen por escrito. Escamilla calificó de «absoluta desfachatez» que la Generalitat justifique la legalidad contable del 9-N a partir de los informes de funcionarios, ya que es «una forma de sacarse la pelota de encima».
Por su parte, la Intersindical Alternativa de Catalunya, que engloba a la mayor parte del personal docente de la Generalitat, expresó su apoyo total al referéndum y quiso salir al paso de ciertas informaciones que atribuían a una de las formaciones que la integran, la sindical CATAC, una recomendación a sus afiliados para que ante posibles órdenes de manifiesta ilegalidad pidieran la solicitud por escrito e incluso aconsejaría acudir a la Fiscalía en casos extremos.