El PSOE y el PP deberían entrenarse en una lógica y una moral universales, y aprender a medir con el mismo pie de rey los crímenes ajenos y las distracciones propias. El pueblo llano recuerda perplejo los versos de Martín Fierro: «De los males que sufrimos/ hablan mucho los puebleros,/ pero hacen como los teros/ para esconder sus niditos:/ en un lado pegan los gritos/ y en otro tienen los huevos».
Es hora de que el gran Manolo Chaves deje de sentir en el cerviguillo el aliento de este periódico. A cada cual lo suyo: a mí, que no soy Chaves, también me parecería deleznable que se usara el caso Matsa para «trasladar a la opinión pública que la Junta de Andalucía ha entregado una subvención a la hija del presidente, a la hija de Manuel Chaves o a la empresa de Manuel Chaves, lo cual, evidentemente, es incierto», por decirlo con sus propias palabras.
Algún día habrá que preguntarse por qué tantos socialistas con mando han copiado a Ibarretxe el palabro «trasladar» cuando quieren decir «transmitir», pero vayamos al grano: estoy seguro de que la Junta de Andalucía no ha entregado jamás una subvención a la hija del presidente, ni a la hija de Manuel Chaves, que viene a ser también la hija del presidente, caprichos de la genética. Tampoco es cierto que la Junta diera cantidad alguna a la empresa de Manuel Chaves. Ni siquiera que Chaves tenga una empresa.
Sí creo en los hechos, a saber: que el presidente Chaves aprobó una subvención de 10,1 millones de euros para una empresa apoderada por su propia hija. La compañía Minera de Aguas Teñidas no era propiedad de la hija de Chaves, ni del propio Chaves, a ver si queda claro a base de insistir.
Paula Chaves era apoderada, no propietaria, y gestionó la ayuda ante un Gobierno que tampoco era propiedad de su padre, aunque sí lo presidía.
El dinero de la subvención no era para el padre ni para la hija, ojo, sino para la empresa por ella apoderada. La Fiscalía del TSJ de Andalucía basó la exculpación de un segundo hermano Chaves, alto cargo que no se inhibió en una subvención a la empresa en la que trabajaba un tercer Chaves, por una razón fundamental: la condición de alto cargo del segundo no había coincidido con la de apoderado del tercero.
Aunque esa coincidencia sí se da ahora, los socialistas se han volcado en apoyo de Manolo. Nadie se plantea si ha incumplido el artículo 7.1 de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos elaborada por su propio Gobierno. ¿Cómo podría dudar nadie de quien ha sido calificado por su sucesor como «el hombre más honesto de Andalucía»?
Quienes invierten la carga de la prueba para exigir a Camps que pruebe su inocencia, (del ministro del Interior y Leire Pajín para abajo, todos) proclaman como dogma de fe la virtud de Chaves, avalada por 19 años en la Presidencia de la Junta. Ana Botella cree en la de Camps un año más: los 20 que lleva en política el presidente de la Generalitat. «Ha ganado las elecciones hasta en seis ocasiones», ha dicho Griñán como un gran argumento exculpatorio. En cambio, Griñán y los suyos desconfían justamente de los votos pasados o futuros de Camps como avales de su inocencia.
El PSOE y el PP deberían entrenarse en una lógica y una moral universales, y aprender a medir con el mismo pie de rey los crímenes ajenos y las distracciones propias. Mientras, el pueblo llano recuerda perplejo los versos de Martín Fierro: «De los males que sufrimos/ hablan mucho los puebleros,/ pero hacen como los teros/ para esconder sus niditos:/ en un lado pegan los gritos/ y en otro tienen los huevos».
Santiago González, EL MUNDO, 3/6/2009