El sectarismo, otro mal nacional endémico, reparte a priori los papeles en el tablero político e impide afrontar el imprescindible debate territorial con una mínima limpieza de miras. El enfoque partidista, puramente identitario y puerilmente sentimentaloide, renuncia a cualquier aproximación razonada y razonable al asunto.

Como si se tratara de roles previamente repartidos en un cutre teatrillo, la izquierda oficial pone el grito en el cielo cuando alguien afirma que el modelo autonómico está bloqueando de manera nítida la correcta y eficaz prestación de los servicios públicos.

Las palabras policía habituales para acallar la discusión son fascismo y Ayuso. Es el totum revolutum habitual. El fuego, las inundaciones, la pandemia o la nevada de Filomena no tienen ideología, que se sepa.

Tampoco entienden de fronteras, reales o inventadas. Va de suyo que permanecen ajenas a singularidades autonómicas, peculiaridades identitarias o Códigos Postales.

En lo que respecta a Ayuso, que vive encantada de tener unos adversarios tan torpes, su única aportación consecuente acerca del modelo autonómico ha sido defender a ultranza la autonomía financiera de Madrid y, por ende, un nivel elevado de descentralización. Como la propia izquierda en el gobierno de la nación, por cierto.

El reparto de papeles es absurdo y además sólo sirve para atrincherar a los más sectarios en la negación suicida del adversario.

Parece que ese es el gran objetivo político. No asumir responsabilidades, sino eludirlas. No ser coherente en la defensa de un modelo de organización territorial, sino defenderlo a modo de trinchera para poder culpabilizar al rival político de todos los males posibles.

La culpa del desastre siempre en tejado ajeno.

Si el sectarismo se moderase, sería factible que «hunos y hotros», por decirlo con Miguel de Unamuno, salieran de la cerrilidad y asumieran lo obvio: el actual Estado de las Autonomías es un modelo disparatado y disfuncional.

No sirve a la eficacia ni a la eficiencia, sino a una demencial competencia entre las partes, arrasando por completo el bien común. Carece de toda lealtad federal, para aquellos que utilizan la palabra «federalismo» como una especie de conjuro mágico que solventaría todos los males.

No es suficiente si no se precisa qué se pretende hacer con esa bandera porque federalismos hay varios y contrapuestos. Como afirmaba recientemente Jesús Fernández-Villaverde, España sufre un exceso de descentralización.

Una nación no es el cuarto de banderas ni una colección de símbolos. Es algo mucho más importante. Su dimensión material es esencial: unidad de justicia y redistribución.

«Si la organización territorial del Estado sólo garantiza que las diferentes administraciones se den la espalda unas a otras, estaremos ante un modelo fallido»

Si se quema Jumilla, se quema Béjar, se quema Cádiz, se queman Andoain, Gerona, Madrid y España entera.

Si se inunda Valencia, se inundan Murcia, Zaragoza, Almería, Fuenlabrada, Santiago de Compostela y España entera.

Si hace falta un respirador en Extremadura o en Andalucía, se debe llevar desde donde sobre de forma inmediata, automática e incondicional.

No hay que pedir ayuda. No hay que suplicar solidaridad. No hay que llorar por una dádiva, ni por la presencia de voluntarios. Para que una nación tenga sentido, la justicia debe ser inherente al conjunto de sus miembros.

Como reza el viejo lema socialista, de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades.

Se impone, por tanto, una reflexión colectiva. El único modelo territorial válido es aquel que sirve al bien común, a la correcta y eficaz prestación de servicios públicos a la ciudadanía. Si la organización territorial del Estado sólo garantiza que las diferentes administraciones se atrincheren, se den la espalda unas a otras o funcionen como islas ensimismadas y egoístas, estaremos ante un modelo atroz y fallido.

En ese punto nos encontramos ya.

Pretender que la reflexión sobre la excesiva descentralización de España o sobre el modelo autonómico sea una forma de eludir otros debates constituye una nueva majadería, no por habitual menos delirante.

Es obvio que España tiene problemas de diferente naturaleza, que a su vez agravan la descoordinación y fragmentación mencionadas.

Por poner un ejemplo sobre lo más reciente, resulta imprescindible una gestión activa y preventiva de los bosques y montes para reducir el riesgo de incendios de gran intensidad, a través de tratamientos selvícolas que lleven muchas de las masas arboladas a estructuras y densidades más adecuadas. Varias masas forestales se encuentran abandonadas, sin gestión alguna, generalmente por falta de rentabilidad económica.

Resulta imprescindible realizar una sostenida inversión pública que garantice la necesaria gestión de las mismas. Y que resulte beneficiosa no sólo en términos de prevención de incendios, sino que también pueda serlo en otros planos (socioeconomía en el medio rural, incremento de la diversidad de especies, etcétera).

En paralelo, resulta imprescindible revisar la legislación de protección civil y emergencia para establecer los automatismos necesarios para garantizar el mando del gobierno central en cuanto haya catástrofes que se desarrollen a la vez en varias CCAA, para garantizar la movilización conjunta de todos los recursos del Estado.

«Los prejuicios ideológicos impiden reconocer el obvio fracaso del Estado de las Autonomías, pero cualquier emergencia exige planificación y coordinación centrales»

Recordemos que, en materia de prevención, la verdadera tarea pendiente, casi todas las competencias han sido transferidas a las CCAA.

Cuando la izquierda habla de recursos públicos, de inversión suficiente, de buenos salarios para los profesionales encargados de la protección civil – y de contratos que no sean estacionales, sino que permitan desarrollar una labor de prevención a largo plazo, en las épocas de menor riesgo para preparar montes y bosques para el período estival –, acierta.

Ello hace aún más incomprensible que trunque o limite su discurso al abordar la distribución competencial o la macabra paradoja de un Estado fracturado en taifas identitarias que no cooperan y que bloquean la imprescindible movilización de recursos públicos en toda la nación.

Esa parcelación autonómica es una forma de privatización del espacio público, tan lesiva para el Estado social como la externalización de servicios públicos o la degradación de las condiciones laborales de sus trabajadores.

A pesar de los prejuicios ideológicos que les impiden a algunos reconocer el obvio fracaso del Estado de las Autonomías, convendría asumir que cualquier crisis o emergencia climática, sanitaria o medioambiental exige buenas dosis de planificación y coordinación centrales.

Nada tiene que ver eso con la concentración territorial o institucional. Es más, resulta perfectamente compatible que, desde un mando normativo único, se procure la desconcentración de instituciones entre diferentes territorios. Pero siempre con una norma común, con un mando único.

¿Acaso resulta progresista la fragmentación en materia de prevención forestal, o para la limpieza de carreteras, o para afrontar una crisis pandémica, o para movilizar recursos públicos del conjunto del Estado ante incendios generalizados o inundaciones?

Imagínense que diéramos un paso más allá en la descentralización normativa medioambiental y que cada CCAA pudiera establecer leyes diferentes sobre cambio climático, gases de efecto invernadero o contaminación (así ocurre ya en materia educativa, sanitaria o fiscal).

No sería difícil imaginar que algunas CCAA fueran más laxas que otras en su normativa, quizás en nombre de la promoción de «la libre actividad económica». Tal vez algunos supuestos progresistas aplaudirían.

El delirio identitario ha convertido el modelo territorial en un fin en sí mismo. Es lo que les impide reconocer lo obvio: el sinsentido del Estado autonómico y sus consecuencias antisociales.

*** Guillermo del Valle es abogado y secretario general de Izquierda Española