Con 84.000 hectáreas calcinadas en una semana, tres muertos y docenas de heridos graves en las Unidades de Quemados, nuestro país atraviesa una de las crisis de incendios forestales más devastadoras de su historia.
El incendio de Molezuelas de la Carballeda se ha convertido en el más grave jamás registrado en España, con casi 40.000 hectáreas arrasadas.
Sin embargo, mientras las llamas devoran nuestros bosques y los bomberos arriesgan su vida, la clase política se ha enzarzado en una batalla dialéctica tan estéril como lamentable.
La polémica desatada por los desafortunados tuits del ministro Óscar Puente criticando las vacaciones del presidente de Castilla y León ejemplifica perfectamente esta deriva.
Mientras más de mil militares de la UME se jugaban la vida combatiendo las llamas (como reconoció su propio jefe, el teniente general Marcos, en la entrevista concedida a EL ESPAÑOL), nuestros dirigentes se dedicaban a intercambiar reproches sobre quién estaba o no de vacaciones.
Este espectáculo bochornoso alcanzó su punto más bajo cuando el debate se centró en si España cuenta con 42 o 56 aeronaves antiincendios, como si las cifras fueran más importantes que la realidad: necesitamos más medios, no más polémicas.
Isabel Díaz Ayuso lo expresó con claridad meridiana cuando pidió «dejar la bronca por el momento». Luego recordó una obviedad: «ahora corresponde ayudar».
La presidenta madrileña dio ejemplo interrumpiendo su período estival para coordinar los recursos de su comunidad, al igual que hicieron los bomberos forestales de Madrid al suspender su huelga ante la «situación devastadora». Frente a una catástrofe nacional, no hay colores políticos que valgan.
Los datos son demoledores y deberían avergonzar a todos por igual.
La inversión en prevención de incendios se ha desplomado un 60% en los últimos quince años, pasando de 364 a 176 millones de euros. Gastamos apenas ocho euros por hectárea en prevención en Castilla y León, cuando el coste de extinción ronda los 19.000 euros por hectárea.
Es decir, preferimos pagar 2.375 veces más por apagar el fuego que por evitarlo.
Esta lógica suicida trasciende ideologías: es pura inconsciencia colectiva.
Las propuestas existen, pero se pierden en el ruido político. Los expertos defienden el papel del pastoreo extensivo como cortafuegos natural, una medida de sentido común que PSOE y PP han rechazado sistemáticamente por prejuicios ideológicos.
Tampoco ayuda en este sentido la falta de unos Presupuestos Generales del Estado actualizados, algo que cabe achacar no a quiénes rechazan aprobarlos, sino al partido que ocupa el poder y que prefiere vegetar en la Moncloa a convocar unas elecciones generales que clarifiquen el escenario y permitan un nuevo ciclo político con unas cuentas públicas que conciten el apoyo de la mayoría.
El teniente general Marcos advirtió en EL ESPAÑOL que «quedan cuatro días muy duros» y que la UME tiene capacidad «de sobra» para responder.
Pero esa capacidad no debería someterse a semejante prueba cada verano. España necesita un pacto de Estado contra los incendios que incluya inversión real en prevención, reconocimiento del sector primario como aliado fundamental, mejor coordinación institucional y medios permanentes suficientes.
Mientras nuestros políticos se enzarzaban en reproches estériles, 170 niños quedaron rodeados por las llamas en un campamento de Orense. Sólo la heroicidad de 27 militares de la UME evitó una tragedia mayor.
Esa imagen debería acompañar a cada dirigente al despertarse: cuando España arde, la ciudadanía espera soluciones, no bronca política.
Los pirómanos y unos bosques sacrificados en el altar de una idea mística, urbanita y casi infantil sobre la naturaleza convierten cada verano en España en una ruleta rusa.
No podemos permitirnos el lujo de seguir llegando tarde a los incendios. Tampoco podemos tolerar que nuestros representantes utilicen el dolor ajeno para rédito partidista. España merece líderes a la altura de sus bomberos: valientes, generosos y unidos frente al fuego común.