EL CONFIDENCIAL 14/06/17
· LA OPOSICIÓN DESLIGA EL CASO VASCO DEL CATALÁN
Oxígeno para los independentistas. La sentencia del Tribunal Europeo sobre el expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa, condenando a España por inhabilitarlo, da alas a los secesionistas catalanes, que ven en ello una oportunidad y munición para su pulso al Estado español. Así lo reconoció la portavoz del Govern, Neus Munté, tras la reunión del Ejecutivo que preside Carles Puigdemont. «Nos felicitamos y lo felicitamos por esta sentencia. Le transmitimos nuestro apoyo, porque lo que se evidencia es un contraste muy preocupante entre Estrasburgo y la Fiscalía española y la justicia europea y la justicia española. Es lo que tantas veces hemos lamentado», dijo Munté.
La portavoz aseguró: «Nosotros hemos condenado muchas veces la deriva antidemocrática del Gobierno español y la persecución de cargos democráticos para evitar debates democráticos (sic) y evitar debatir ideas democráticas (sic) y legítimas. La sentencia nos da más argumentos porque va en esta línea y porque afectará a todas aquellas personas que han sido juzgadas y condenadas, como las personas imputadas por la causa del 9-N, o al proceso abierto contra la presidenta del Parlamento y la Mesa».
Para Munté, «la condena al Estado español indica cuál es el posicionamiento de instancias europeas con mucho prestigio que, de manera inequívoca y en diversas ocasiones, condenan la deriva del Estado español y que evidencia la falta de independencia de la justicia y la falta de transparencia de la misma». La portavoz criticó también que «hay mucha prisa y afición por poner querellas, pero luego Europa da un toque de atención. No es la primera vez que el Estado español es condenado por prácticas poco garantistas y poco transparentes, y es un aviso para los que constantemente recurren a la judicialización o recurren a las querellas».
Los independentistas salieron en tromba, conscientes de que necesitan acumular críticas contra el Estado español. El propio Puigdemont tachó la sentencia de Estrasburgo de «vergüenza internacional». Artur Mas se sumó al júbilo, celebrando que hayan triunfado «la democracia y la justicia en Europa» ante «la politización de la justicia española». Y el que fuera su mano derecha, Francesc Homs, lanzó una proclama destacando la «mañana de emociones telefónicas con Atutxa ante la condena a España por haberlo inhabilitado». La propia Carme Forcadell, presidenta del Parlamento, investigada por desobediencia al TC, dijo también la suya: «Es el ejemplo más claro de que los problemas se deben resolver políticamente y no judicialmente».
La querella habla sobre unos «hechos notorios» que refuerzan la tesis de que las urnas van a ser compradas para materializar un referéndum ilegal
Munté criticó también que la Fiscalía haya ampliado la querella contra la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, y su secretario general, Francesc Esteve, por convocar un concurso de compra de urnas. Para la Fiscalía, desde la fecha de la interposición de la querella hasta hoy ha habido hitos importantes: «Debe resaltarse el anuncio hecho público el pasado viernes día 9 de los corrientes por el presidente de la Generalitat de su firme voluntad, expresada con toda solemnidad, junto al Gobierno que preside (…) de llevar a cabo el aludido referéndum el próximo día 1 de octubre (…). Más allá de que dicho anuncio no haya venido acompañado de ninguna resolución jurídicamente valorable, es indudable que resulta un dato de enorme trascendencia en orden a ponderar el empleo ilícito del material a suministrar«, dice el texto de la Fiscalía.
Ese anuncio, según la Fiscalía, «se completa con el acto político celebrado dos días más tarde y que, convocado por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), contó con la participación de la querellada y del resto del Gobierno de la Generalitat y en el que reafirmaron la decisión adoptada el viernes día 9». Ambos actos, afirma la ampliación de la querella, son «hechos notorios» que refuerzan la tesis de que las urnas serán compradas para materializar un referéndum ilegal que ha sido prohibido por el TC. La Fiscalía va más allá y avisa de que si se sigue adelante con el concurso público, al que se han presentado dos empresas, podría haber un delito de «gasto ilícito».
Munté se dolió de que ni la primera querella ni esta ampliación fueron comunicadas a los dos querellados, «lo que es una primera irregularidad flagrante y una falta de garantías, que es lo que Estrasburgo pone de relieve con la sentencia sobre Atutxa». Así, habla de «persecución chapucera» de la Fiscalía y del Estado. «Nos hemos enterado por la prensa y nos gustaría conocerla para poder valorarla. Pero los hechos que se denuncian no son delito».
También Junts Pel Sí (JxS), que este martes reunió de urgencia a su grupo parlamentario, cree que la sentencia de Estrasburgo crea «un precedente» en el caso de la causa abierta contra Forcadell y algunos miembros de la Mesa del Parlament. «La sentencia nos alegra y nos genera esperanza en los tribunales europeos», advirtió Roger Torrent, portavoz adjunto del grupo parlamentario. No hay que olvidar que tanto Artur Mas como los ya condenados por el tema del 9-N están dispuestos a agotar la vía judicial de su causa hasta los más altos tribunales europeos.
Torrent ve un paralelismo claro entre el tema de Atutxa y el tema catalán, y restó importancia al hecho de los motivos del fallo de Estrasburgo: Atutxa no tuvo oportunidad de defenderse y por eso se condena al Estado, mientras que los catalanes han podido comparecer ante los tribunales. Para Torrent, esto no es importante (aunque es la causa de la condena), sino que «el fondo de la sentencia es que se persiguió a los encausados«: Atutxa no disolvió al grupo heredero de Batasuna y Forcadell permitió aprobar mociones inconstitucionales. Luego, los procedimientos —que es lo que se dirimió en Estrasburgo— fueron muy diferentes el uno del otro.
También Albano-Dante Fachín, portavoz adjunto de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP), considera que hay un «paralelismo político absoluto entre la investigación a Joan Josep Nuet» (que este lunes declaró ante el TSJC como miembro de la Mesa del Parlamento por desobedecer al TC) y la inhabilitación de Atutxa.
La oposición, unánime
La oposición, en cambio, echa por tierra la tesis de los independentistas. Fernando de Páramo, portavoz adjunto de Ciutadans en el Parlamento catalán, afirmó que la sentencia de Estrasburgo no se puede comparar con los procesos contra independentistas catalanes. «Que el ‘president’ coja la sentencia entera y no solo lo que le interesa«, subrayó el dirigente de C’s contestando a los tuits de Puigdemont. «Para los maestros del victimismo que comparan ambos casos, hay que decir que Mas ha comparecido, se le ha dado audiencia y a Forcadell se le ha dado audiencia también», cosa que no había ocurrido con Atutxa. Y zanjó que los independentistas «están desesperados, agarrándose solo a la parte de las sentencias que les interesa aunque digan lo contrario, como la del caso Atutxa».
Tampoco la portavoz socialista, Eva Granados, ve ligazón alguna entre el caso Atutxa y el caso del independentismo catalán, ya que las acusaciones contra Artur Mas y sus consejeros por el 9-N o las más recientes contra Forcadell y algunos miembros de la Mesa del Parlament fueron hechas por actuaciones muy concretas.
Alejandro Fernández, portavoz del PP, por su parte, destacó: «Nosotros, como demócratas, acatamos las sentencias judiciales, a diferencia de los que se consideran demócratas y después ni acatan las leyes ni las respetan. Por eso España es reconocida como una de las mejores democracias del mundo», aunque desde el soberanismo se intente presentar a España como un Estado demofóbico. Y enfatizó que no se puede comparar el caso Atutxa con el caso Mas o Forcadell, porque «cada caso es cada caso». Como el portavoz adjunto de C’s, Fernández criticó que los independentistas «aplaudan solo aquellas sentencias que les gustan y el resto, no». «Pediría a Forcadell que acate todas las resoluciones judiciales», recomendó en tono irónico.