EL CONFIDENCIAL 04/05/17
· A los socios del ‘president’ les entran las prisas y se lanzan a presionar para que el Govern ponga ya una fecha al referéndum
El independentismo está nervioso porque el tiempo se echa encima. A cuatro meses del hipotético referéndum —y con las vacaciones de por medio—, el tiempo apremia. Tanto que la CUP exige día sí y día también al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ponga ya fecha a la consulta y que desvele la pregunta que se hará a la ciudadanía. Los antisistema, además, disfrutan poniendo en aprietos al Gobierno catalán: su última iniciativa es poner encima de la mesa que se congele el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) hasta que no se haya celebrado el referéndum. Se trata de una medida de fuerza, sin precedentes en una democracia. Paralelamente, arrecia la última gran campaña internacional, para la que el Gobierno catalán echa mano de la ‘sociedad civil’ con el fin de captar apoyos en el exterior.
Lo que está claro es que, cada vez más, toma cuerpo la última gran campaña internacional de todas las fuerzas independentistas. Ayer, varias entidades soberanistas presentaron la última iniciativa al respecto: enviar una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, con el fin de que la organización internacional inste al Gobierno español a “cumplir los tratados y resoluciones internacionales que reconocen el derecho a la autodeterminación y, como consecuencia, que no obstaculice la celebración del referéndum”.
No es la primera vez que se intenta involucrar a la ONU: el propio Gobierno de Carles Puigdemont envió el pasado 31 de agosto a Zeid Ra’ad al Hussein, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, y a varios altos cargos una carta en la que denunciaba la “persecución judicial” de España contra los independentistas, basándose en que había una causa abierta contra Artur Mas, Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau. Posteriormente, los independentistas acudieron al colaborador del alto comisionado de la ONU sobre Derechos Humanos Alfred de Zayas, que llegó a escribir el pasado enero a la embajadora de España en la ONU, Ana María Menéndez, quejándose del cerco a “antiguos dirigentes políticos” justamente antes del juicio contra Mas y sus consejeros.
La nueva misiva al mandamás de la ONU repite tópicos y está firmada por Pau Miserachs (Grupos de Estudios Políticos), Isabel Helena Martí (Sobirania i Justícia), Josep Cruanyes (Comissió de la Dignitat), Alfredo Bienzobas (Sindicalistes per la Independència), Bernat Tresserras (Plataforma d’Esquerres per la Independència y Carles Castellanos (Drassanes per la República Catalana), entre otros.
Sometidos a Castilla
Miserachs explicó ayer que entregó la carta el pasado 21 de abril en la sede de la ONU en Ginebra y en ella acusa al Gobierno español de incumplir “sistemáticamente tratados internacionales que obligan a su observación por encima de la legislación estatal española”. Los firmantes se acogen al derecho emanado de la Carta Fundacional de la ONU de 1945, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del mismo año y a diversos tratados internacionales. Y apelan, asimismo, al derecho de autodeterminación aprobado en 1975 en el seno de la OSCE, a la Conferencia de Viena de 1993 y a una resolución del plenario de la ONU aprobada en 1994.
En la carta, los independentistas reclaman que el Estado español facilite el referéndum para “acabar definitivamente con el conflicto Cataluña/España y las vulneraciones de los derechos de los catalanes a disponer de un Estado propio lleno de plenas facultades legislativas y de desarrollo de su economía y vida social”. Piden que España acepte “la secesión pacífica, ordenada y equitativa del territorio catalán” y aseguran que en 1714 Cataluña “fue sometida a Castilla”, cosa que nunca fue aceptada por los catalanes, y consideran que desde esa fecha “se le han impuesto su Administración central, sus leyes, cultura e idioma intentando castellanizar Cataluña para descatalanizarla y absorberla, política contraria a los derechos humanos y libertades políticas de los pueblos sometidos por la fuerza militar”. Asimismo, aseveran que “no está prohibida la modificación de fronteras ni la separación del territorio de un Estado para constituir un nuevo Estado”, ya que “no se considera ninguna clase de atentado contra la integridad del Estado predecesor”.
El Gobierno catalán tampoco se queda de brazos cruzados. Ayer, bajo el paraguas del Pacto Nacional por el Referéndum (plataforma creada por Puigdemont para integrar a partidos, instituciones, sindicatos, patronales y entidades cívicas), que coordina Joan Ignasi Elena, se presentó un manifiesto de Juristas por el Referéndum en el Colegio de Abogados, con la presencia en primera fila del consejero de Justicia, Carles Mundó, el presidente del grupo parlamentario de JxS, Jordi Turull, el líder de Podemos en Cataluña, Albano Dante, el coordinador general de ICV, David Cid, el director del Instituto de Estudios del Autogobierno (IEA), Carles Viver Pi i Sunyer, y el exeurodiputado Ernest Maragall. El manifiesto, que consta de siete puntos, apoya la celebración del referéndum porque “no solo es legítimo, sino que también es legal, porque el derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña arranca de la Constitución española”.
Paralelamente, la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM) hicieron ayer un llamamiento a los ciudadanos para concentrarse ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el próximo lunes 8 de mayo, fecha en que tiene que declarar la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, acusada de desobedecer al TC. El llamamiento se extenderá a los días 12 de mayo y 12 de junio, fechas en que declararán los otros miembros de la Mesa del Parlamento que han sido querellados: Lluís Corominas, Anna Simó, Joan Josep Nuet y Ramona Barrufet. Todos ellos son de JxS excepto Nuet, que es de CSQEP.
La encerrona de la CUP
A Puigdemont, sin embargo, le ha salido un forúnculo: la CUP le ha puesto encima de la mesa un texto que pide ‘congelar’ el Consejo de Garantías Estatutarias hasta después de celebrarse el referéndum. El motivo es que los radicales no quieren que ninguna instancia ensombrezca la celebración del referéndum. Lo que piden a Junts Pel Sí (JxS), la plataforma formada por CDC y ERC, es que el consejo no pueda realizar ningún dictamen hasta después del referéndum, por si acaso se manifiesta en contra de las leyes de desconexión y del referéndum y dice que son ilegales. Ante ello, quieren ponerse la venda antes de la herida. De hecho, los independentistas no reconocen la autoridad del Tribunal Constitucional y por eso omiten referirse a él. Pero el CGE sí podría dictaminar contra las leyes de desconexión que piensan aprobar por sorpresa en las próximas semanas. Para eliminarlo de un plumazo, la CUP sentencia que el CGE “no está legitimado, ya que se ampara en un Estatut no avalado por la ciudadanía de Cataluña”.
De este modo, se consuma la venganza de los antisistema, para quienes “el TC en el Estado y el CGE en Cataluña han aceptado asumir un papel censurador de la voluntad popular expresada en el último ciclo electoral». El órdago se verá en el Parlamento catalán probablemente este mes de mayo, cuando se discuta la proposición de ley de reforma del CGE que presenta Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP). LA CUP quiere que JxS apoye una enmienda a la totalidad de la iniciativa de los comunes para aprobar, de tapadillo, su eliminación de los órganos jurídicos que le estorban.
También la CUP ha organizado para los días 19 y 20 de mayo una “conferencia internacional a favor del referéndum”, donde espera que se visualicen apoyos de todo el mundo. Entre los participantes estará Jutta Ditfurth, fundadora de los Verdes alemanes, así como representantes de organizaciones de Islandia, Escocia y Polonia. Uno de los impulsores es Joan Coma, el concejal de Vic que fue acusado y absuelto de sedición por llamar en un pleno municipal a desobedecer las leyes y las sentencias de los tribunales españoles.
El pasado 25 de abril, la diputada ‘cupera’ Anna Gabriel ya pronunció una conferencia en Bruselas para reclamar apoyo al referéndum y se reunió con miembros de la comisión internacional del pequeño partido Déi Lenk, de Luxemburgo, que tiene dos de los 60 diputados del Parlamento de aquel país. Durante mayo y junio, la CUP realizará, con el apoyo de la ANC, más actos en Bruselas y en México.