En política, mandan los hechos, aunque los relatos de los gurús de la comunicación puedan interpretarlos de manera conveniente para determinados intereses, en este caso, del Gobierno. Por más que los indultos parciales a los dirigentes catalanes del proceso soberanista se hayan vendido a la opinión pública envueltos en una narrativa que apelaba a valores superiores de la convivencia —magnanimidad, concordia, reencuentro—, lo cierto es que la ausencia de reciprocidad por parte de los beneficiados por el ejercicio del derecho de gracia está comenzando a generar un sentimiento de escarnio, es decir, de burla, de desprecio e, incluso, de humillación. 

Los nueve indultados de la pena de prisión por la sedición que perpetraron en 2017 se vienen comportando con una arrogancia tal que pareciera que la facultad del Gobierno de conmutarles la privación de libertad fuera un derecho del que ellos eran titulares y que en vez de ser culpables de graves delitos —sedición y malversación— hayan sido los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo los que han cometido una prevaricación colectiva al condenarlos. La inmensa mayoría de los ciudadanos no necesitaría el arrepentimiento expreso de los indultados. Le hubiese bastado, simplemente, su discreción. Y lo que ha habido, y sigue, es ostentación y exhibicionismo desafiantes.

Cuando salieron de la cárcel, lo hicieron victoriosamente. Después, fueron recibidos con todos los honores por el Gobierno de la Generalitat en su sede oficial y por el Parlamento catalán en la suya, en actos solemnes en los que se reiteraron todas las intenciones separatistas que alentaron los hechos de septiembre y octubre de 2017. En ambas ceremonias, se les enalteció sin recato alguno. Luego, unos viajaron a Suiza para reunirse con la fugada Marta Rovira, secretaria general de ERC, y lanzar desde allí nuevas proclamas; otros se desplazaron a Waterloo a rendir pleitesía al que para JxCAT sigue siendo el presidente legítimo: Carles Puigdemont. Este martes, Junqueras y otros han visitado el Parlamento Europeo en su sede de Estrasburgo para recalcar su compromiso independentista en el ámbito internacional, y ayer el líder republicano, pese a su enemistad manifiesta con él, ha rendido también visita a Puigdemont en Bélgica. Estos comportamientos hacen que no pueda entenderse —al menos a plazo inmediato— dónde se localiza la “utilidad pública” con que el Gobierno justificó la medida de gracia.

Toda esta parafernalia ha venido precedida por el chuleo de Rufián, que advirtió a Pedro Sánchez (“denos tiempo”) de que terminará por acordar con los partidos independentistas un referéndum, por más que ahora lo niegue. También negó antaño que concedería los perdones, le espetó el portavoz parlamentario de ERC, y ya están acordados y vigentes hogaño, a salvo de que la Sala Tercera del Supremo, improbablemente, los revoque. Por lo demás, Aragonès, que se reunió en Moncloa con el presidente, se trasladó a la Delegación de la Generalitat en Madrid para dar la rueda de prensa —un gesto hostil—, y ya ha anunciado que no acudirá a la conferencia de presidentes que se celebrará en Salamanca a finales de este mes. 

Mientras, desde tribunas mediáticas y empresariales, en particular catalanas, se venden estas actitudes como meras “gesticulaciones”, puras anécdotas a las que no habría que dar importancia porque son “lógicas” y terminarán remitiendo una vez ERC se transforme taumatúrgicamente en una organización pragmática. ¿Cuándo sucederá tal cosa? Si nunca lo ha sido en su historia, nunca lo será. A los republicanos les ocurre como a los zorros, que cambian de pelo pero no de mañas, según certero proverbio popular.

Pero la efímera arquitectura verbal que sostiene como oportunos los indultos —y no lo son, aunque, efectivamente, pudieran haberlo sido en otras circunstancias— se desploma con el abuso del Gobierno de Cataluña para librar a los indultados también de la responsabilidad patrimonial que, según el Tribunal de Cuentas, han contraído en el manejo de fondos públicos ilegalmente utilizados para la promoción exterior del proceso soberanista. Con la creación por decreto ley de este fondo de riesgos dotado con 10 millones de euros para este fin espurio, se ha pasado de las palabras a los hechos. La sofisticación relativa del mecanismo ideado no libra a la decisión urgente de Aragonès de la evidencia de que se emplea dinero público para eludir responsabilidades contraídas por personas que ni siquiera ostentan funciones institucionales y que se encuentran inhabilitadas por muchos años para desempeñarlas. 

El escarnio —la burla, el guaseo, el cachondeo— alcanza tales cotas que dejan los indultos como una medida sin el más mínimo cálculo de riesgos. Se puede perdonar una pena de prisión, pero no eximir de una responsabilidad contable, exigida por un órgano constitucional (artículo 136 de la CE) regulado por una ley orgánica, que es independiente en el ejercicio de su jurisdicción, que depende de las Cortes Generales, cuyas medidas son compatibles con las penales y sus decisiones solo son recurribles en casación ante el Supremo. No, no es un “órgano administrativo”, como dijo, con intención o sin ella, el presidente del Gobierno. Es una instancia esencial en la defensa del Estado de derecho.

Esta medida de la Generalitat es un desmentido al buenismo que ha acompañado con una narrativa azucarada los indultos 

Esta medida de la Generalitat, por lo tanto, no es solo un ardid sino también un abuso escarnecedor para la ‘magnanimidad’ del Gobierno, un desmentido al buenismo que ha acompañado con una narrativa azucarada la justificación de la utilidad pública de los indultos y, otra vez más, la depredación de los derechos de los ciudadanos de Cataluña, sean o no independentistas. Por eso, los que pregonan que la excarcelación de los nueve dirigentes del proceso soberanista se amortizará por la fugaz memoria de la sociedad española, se confunden. El escarnio con que están respondiendo los interesados a la gracia que se les ha concedido y la arrogancia de los partidos independentistas, lejos de mejorar la situación, la empeoran, por más que en el Círculo de Economía de Barcelona y en la oficiosa Conferencia Episcopal Tarraconense se crea —o se quiera creer— lo contrario.

PD. La CET, que reúne a los obispos catalanes, no está reconocida por la Santa Sede como órgano colegiado episcopal y la Conferencia Episcopal Española no adoptó acuerdo alguno sobre el juicio que le merecían los indultos, dejando que su portavoz, Luis Arguello, hiciese unas ambiguas declaraciones al respecto de las que varios prelados han discrepado. Así que el Vaticano no se ha pronunciado ni directa ni indirectamente sobre este asunto. Otrosí: la CEOE no ha adoptado acuerdo alguno emitiendo su opinión sobre los indultos. Su presidente, Antonio Garamendi, hizo unas declaraciones a título personal que se han desorbitado y que él ha contextualizado por activa y pasiva con la nobleza y el buen sentido que le caracterizan.