EL MUNDO 13/12/14
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) abordará el lunes 22 de diciembre la admisión a trámite de las siete querellas y 25 denuncias dirigidas contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y otros miembros del Govern y el Parlament a los que se les responsabiliza de impulsar y tutelar la consulta soberanista del 9 de noviembre.
El presidente del TSJC, Miguel Ángel Gimeno, acordó convocar la junta ante la alta cifra de denuncias y querellas interpuestas, la relevancia social de los hechos y para evitar decisiones que podrían acabar siendo contradictorias. Si el Alto Tribunal catalán admite a trámite finalmente la querella de la Fiscalía y acepta acumular otras denuncias, la investigación por el 9-N podría también ampliar su alcance, ya que algunas acusaciones dirigen sus escritos contra el conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, y el titular de Interior, Ramon Espadaler.
También podría aumentar el abanico de delitos a investigar, puesto que a los que formula el Ministerio Público y las demás querellas y denuncias que tramita el TSJC se suman otros, como el de rebelión, incitación a la sedición y coacciones.
En cualquier caso, según coinciden los expertos, el TSJC tendría la última palabra en la fase de admisión de las querellas por el 9-N, ya que sólo cabría la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo (TS) si se practicaran diligencias de investigación.
Por el contrario, si se admite la querella a trámite y se acuerdan diligencias, el Supremo podría revocar un eventual sobreseimiento de la querella acordado por el TSJC y tener la última palabra para enviar el proceso a juicio y también en caso de sentencia, informa Efe.
La decisión de los jueces catalanes se sigue con atención desde otras instancias judiciales, como la Audiencia Nacional. Su presidente defendió ayer la «profesionalidad» de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. José Ramón Navarro dijo que «cada institución hace lo que debe hacer» y que, tras interponer la Fiscalía una acción penal, está en manos del TSJC «decidir lo que debe ser procedente o no». El presidente de la Audiencia Nacional subrayó que el sistema «funciona».
«Los políticos deben hablar y solucionar los problemas», y por la vía jurídica «se va a resolver de la forma que las leyes establecen», añadió Navarro para acabar insistiendo en que la sociedad debe permanecer «tranquila».