Como en ocasiones anteriores, no ha faltado quien ha cuestionado el derecho a la huelga de los jueces. Pero ese es un debate ya superado. No es la primera huelga que la hacemos y, además, en la última, siendo ministra Dolores Delgado, se produjo la detracción de haberes en nuestra nómina. Mayor reconocimiento no se nos ocurre.

Lo cierto es que, para algunos, el ejercicio de este derecho fundamental solo se cuestiona dependiendo de quién sea el inquilino en la Moncloa, olvidando (la memoria es, en ocasiones, selectiva) que, cuando hemos decidido convocar y hacer huelga, a los jueces poco nos ha importado el color del Gobierno. Quizá porque a los sucesivos ejecutivos parece que les ha importado menos aún el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, y no se han preocupado por dotar al sistema judicial de los imprescindibles medios materiales y personales.

Otros dicen que el Poder Judicial, como uno de los tres poderes del Estado, no puede ponerse en huelga. Curiosamente, algunos de los que apelan a este argumento llevan años obviando que, efectivamente, los jueces somos un Poder del Estado, que desempeñamos una función esencial en nuestra democracia. Y, como si las palabras  «Poder Judicial» les produjeran urticaria, las han sustituido en sus discursos y en sus proyectos legislativos, de manera constante y permanente, por las de «servicio público de la Administración de Justicia».

Pero sí, es cierto, somos un Poder del Estado que cobra 90 céntimos brutos la hora de guardia. Y esto sucede en aquellos partidos judiciales donde hay hasta tres juzgados de instrucción y el juez está de guardia permanente, 24 horas al día, 7 días a la semana, sea domingo o el día de Navidad, con disponibilidad absoluta para resolver sobre la libertad o la prisión del detenido que le presenta la Guardia Civil o para acordar una orden de alejamiento para proteger a la mujer víctima de violencia de género.

Por cierto, en 1999 la guardia de todo el mes en un juzgado único se pagaba a 25.000 pesetas. Es fácil hacer el cambio a euros.

[Nuevo frente para Llop: los jueces anuncian un «plan de medidas de presión» tras la subida a los LAJ]

Esta es la realidad que vivimos los jueces de este país. Llevamos años reclamando más Juzgados, porque más de 750 órganos judiciales soportan una carga superior al 150% del módulo de entrada marcado por el CGPJ para que la resolución del conflicto del ciudadano pueda hacerse en un plazo razonable.

En muchos casos, la sobrecarga se sitúa entre el 240 y 260 por ciento. A pesar de todo, cada año resolvemos más asuntos. Sabemos que el engranaje del sistema arranca cada día gracias al esfuerzo y a la responsabilidad de los que trabajamos en Justicia, a las horas que hurtamos a nuestra familia y a nosotros mismos; a nuestra salud también. Frente a esto, la respuesta del Ministerio de Justicia en 2022 fue la creación raquítica de 70 unidades judiciales frente a las 176 que se solicitaban desde el mismo Consejo.

Esta es la realidad de las inversiones y de los grandes proyectos que pretenden vendernos mientras nos dicen que la reclamación que ahora hacemos los jueces no es oportuna porque estamos en plena crisis económica. ¿Cuándo es el momento? ¿Cuándo le viene a usted bien? Porque los jueces llevamos años esperando el momento oportuno, no hemos querido molestar, hemos sido prudentes, leales, responsables. Hemos reclamado medios, la creación de Juzgados, inversiones reales, etcétera. A cambio, hemos sido ninguneados, maltratados y arrinconados.

En el año 2003 se dictó la Ley 15/2003, que regula el régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal. Esta ley impone la obligación de convocar la mesa de retribuciones cada cinco años para revisar nuestro salario y sus complementos. Es éste el único mecanismo legal para la adecuación de nuestro sueldo.

Y esta mesa no se ha convocado hasta hoy, 3 de mayo de 2023.

«Un juez en su primer destino en el 2003 cobraba siete veces el SMI. Hoy no llega a tres veces»

Llegar aquí ha sido una odisea porque, durante todo el año pasado, las asociaciones de jueces y de fiscales acudimos a numerosas reuniones en el Ministerio de Justicia con nuestras reclamaciones, con propuestas concretas, trabajadas y estudiadas. Los jueces somos así: nos gusta motivar y razonar todo, porque somos responsables y no pedimos por pedir. Y tuvimos la sensación de que en el Ministerio jugaron con nosotros al tradicional mareo de la perdiz. En otoño nos convocaron a la mesa. Pero, como Hacienda no quiso acudir, nos desconvocaron. Ya saben que quien paga, manda.

Así que, veinte años después de promulgarse la Ley 15/2003, solicitamos una mejora de las condiciones profesionales. Entre ellas, una revisión de nuestro salario.

No hace falta ser un avezado economista para imaginar que un sueldo que se revisa cada cinco años solo puede ser revisado al alza. Sin embargo, esto no ha sido así. En el año 2010, cuando gobernaba Rodríguez Zapatero y dejamos de jugar en la Champions League de las economías mundiales para pasar a regional preferente, sufrimos un recorte en nuestro salario. Había que apretarse el cinturón y en el nuestro hicieron varios agujeros: nos redujeron un 9,73% de nuestro salario fijo y alrededor del 5% en los complementos.

Nuestro sueldo se compone de una parte fija y el complemento de destino, que depende de la población donde esté el Juzgado y de la categoría del órgano judicial. No se cobra lo mismo en un Juzgado de primera instancia que en una Audiencia Provincial, por ejemplo. Y en algunos sitios, como Madrid, puedes tardar más de 25 años en llegar a la Audiencia. Pero esto afecta al desarrollo de nuestra carrera profesional y hablaremos de ello en otra oportunidad.

«El Gobierno sabe que una huelga de jueces retrasará aún más el tiempo de respuesta a los conflictos de los ciudadanos»

Aún no hemos recuperado esos recortes. Y sí, nos dirán que nos han incluido junto a los sindicatos en la subida diferida hasta el 2024 del 8%. Pero esta subida, en tres años, es para paliar los efectos de la inflación, no para recuperar el poder adquisitivo perdido con el recorte que sufrimos en 2010. Ustedes, como nosotros los jueces, van al supermercado, y seguro que saben que desde 2003 el IPC ha subido más de un 8%.

Más fácil aún. Un juez en su primer destino en el 2003 cobraba siete veces el SMI. Hoy no llega a tres veces. Somos conscientes de que era necesario subir el salario mínimo. Les aseguro que nadie aspira a que un juez de entrada gane más de 7.000 euros al mes. Somos sensatos. Tanto que durante años, cuando veíamos en nuestros Juzgados el incremento de demandas que trajo consigo la crisis del 2008, ni se nos ocurrió reclamar una revisión salarial. Esperamos al año 2018, cuando empezó a hablarse, porque era una realidad de recuperación económica. Después llegó la pandemia y todo lo demás.

Hemos actuado siempre desde la lealtad institucional; también desde la responsabilidad con los ciudadanos. Cuando el Ministerio de Justicia, en octubre pasado, dejó sin efecto la convocatoria de la mesa de retribuciones, interpusimos una demanda reclamando el cumplimiento de la ley. Se nos dijo que en febrero o marzo de 2023 se produciría esa convocatoria. Pero la convocatoria no llegó.

[Convocan a la huelga a 45.000 funcionarios de Justicia tras la mejora de sueldo de los letrados]

Y como pago a esta lealtad, a nuestra espera callada, vimos cómo a otros cuerpos, después de una huelga, se les subía el salario entre un 10 y un 15%. La subida lineal, la subida que nos decían que era imposible hacer al margen de la general del IPC para toda la función pública, ¡oh, milagro! era posible. Solo teníamos que elegir el lenguaje correcto en nuestra plegaria.

Hemos captado el mensaje. A los jueces no nos gusta la huelga. Nos duele cada suspensión de un juicio o de una declaración. No queremos hablar ese lenguaje que nos incomoda. Pero no podemos consentir tampoco que, después de veinte años, la mejora de nuestras condiciones profesionales vuelva a quedar olvidada, que nuestras retribuciones queden ancladas en la pérdida de poder adquisitivo brutal que sufrimos en 2010, que nuestro salario no se acomode a la carga de trabajo que soportamos, ni a la responsabilidad de nuestra función constitucional. No podemos consentir que la hora de guardia de un juez no valga ni un euro.

Ha llegado el día. Hoy es 3 de mayo. El Gobierno sabe que una huelga de jueces, con la consiguiente suspensión de juicios y vistas, retrasará aún más el tiempo de respuesta a los conflictos de los ciudadanos, a los reales, a los que le importan de verdad porque afectan a su vida. El Gobierno sabe que esta huelga afecta al derecho a la tutela judicial efectiva de los derechos y libertades de las personas. El Gobierno sabe que está en su mano evitarlo. Queda por ver si es esa su voluntad.

*** María Jesús del Barco Martínez es presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura.