EL CORREO 29/11/14
La Audiencia Nacional complicó ayer la excarcelación de aquellos presos de ETA a los que se les deben descontar los años de cárcel cumplidos en Francia, en virtud de un acuerdo de la UE afectado por una modificación legal introducida por el PP que facilita el traslado de reclusos desde las cárceles galas a España. La Sala de lo Penal que preside Fernando Grande Marlaska se quitó de en medio y, ante la falta de consenso entre los magistrados, optó por un procedimiento que, a la larga y a través de eventuales recursos, hará que sea el Tribunal Supremo el que deba fijar la doctrina. BILBAO. La Audiencia Nacional complicó ayer la excarcelación de aquellos presos de ETA a los que se les debe descontar los años de cárcel cumplidos en Francia. La Sala de lo Penal que preside Fernando Grande Marlaska se quitó de en medio y, ante la falta de consenso entre los magistrados, optó por un procedimiento que, a la larga, hará que sea el Tribunal Supremo el que deba fijar la doctrina. Los jueces, reunidos en pleno, tenían que analizar ayer el alcance de un acuerdo marco de la UE suscrito en 2008 y que trata de homogeneizar el cumplimiento de las condenas en todos los países miembro y la repercusión que sobre esa normativa europea tiene la modificación legal que hace apenas unas semanas introdujo el PP, gracias a su mayoría en el Congreso y el Senado.
· Los magistrados dudan del alcance de una reforma legal del PP a un acuerdo de la UE
Las instituciones de la Unión acordaron hace seis años un procedimiento para que las condenas impuestas en un Estado miembro sean reconocidas como propias por el conjunto de los veintisiete. Este mecanismo, que luego ha tenido que ser ratificado por cada uno de esos países –España lo hizo hace apenas un mes–, es el que, por ejemplo, permitirá que los reclusos de ETA en Francia puedan ser trasladados a cárceles españolas, sin que sea necesario, como hasta ahora, contar con el visto bueno del convicto.
El acuerdo marco de 2008 abría también la puerta a que los presos de la banda vieran descontados de sus penas por terrorismo en España los años que hubieran permanecido recluidos en otro Estado miembro. Lo que, en la práctica, supone acelerar su excarcelación. El Tribunal Supremo ratificó ese mecanismo en marzo pasado, al aceptar un recurso presentado por Joseba Urrosolo Sistiaga, histórico miembro de ETA y ahora referente de la ‘vía Nanclares’, los presos que han roto con la violencia y realizado una reflexión crítica con su pasado terrorista. El ejemplo más notable de este nuevo criterio es la salida de prisión de Carmen Gisasola este mismo lunes, a la que se le ha restado el tiempo de internamiento en cárceles galas.
Ideada por la Fiscalía
El temor a una excarcelación masiva de miembros de ETA –las organizaciones cercanas a la izquierda abertzale hablaban de 50 beneficiados, sin contar a los disidentes– llevó al Partido Popular a introducir una pequeña cláusula a través de la Ley 7/2014, aprobada el pasado 12 de noviembre y que, tras ser publicada en el BOE, será plenamente vigente desde el viernes de la próxima semana. La citada norma incluye en su artículo 14.2 una salvedad pensada para los presos de la banda terrorista y que, según diversas fuentes, habría sido ideada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
El apartado 2 del artículo 14 establece dos supuestos en los que no se aplicará el descuento: cuando las sentencias en otros países sean posteriores a las firmadas en España y cuando las resoluciones españolas, aun habiendo sido dictadas más tarde, aludan a hechos sucedidos con anterioridad a los delitos cometidos en otros Estados. Una puntualización que afecta a todo el colectivo de ETA. No ha tenido efecto sobre Gisasola porque, según sostienen varios abogados, esta ley no está aún en vigor.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional debía analizar ayer uno y otro texto jurídico y fijar el procedimiento a seguir ante el medio centenar de solicitudes que se han acumulado en este tribunal por parte de internos que reclaman que se les adelante la fecha prevista de excarcelación en función del periodo de prisión que ya han cumplido en Francia. Tras cinco horas de reunión, quedó de manifiesto la imposibilidad de que estos magistrados alcanzaran un amplio consenso.
Una parte «importante» de los jueces se inclinaba por aceptar la acumulación de penas y restar el tiempo de internamiento en el extranjero, al considerar que el criterio de la UE debe prevalecer sobre cualquier otro y que el acuerdo marco de 2008 es «suficientemente claro». El temor a dar una imagen de división llevó a la Sala, sin embargo, a tirar por la calle de en medio.
Los magistrados acordaron que será el tribunal juzgador, compuesto por tres jueces, el que analice cada caso concreto. Son conscientes de que, sea cual sea el sentido de la decisión del tribunal, los expedientes
llegarán en apelación al Supremo –si el fallo es a favor del preso, recurrirá la Fiscalía y, si es al revés, la defensa del afectado–. Será entonces el Supremo quien tenga que fijar un criterio definitivo y asumido a partir de entonces por todos.
Un procedimiento que, al final, supondrá que todos los procesos se prolongarán durante varios meses. Fuentes judiciales calculan que se necesitarían entre «seis y siete meses» y que en ningún caso se llegaría al año de espera. Este alambicado itinerario podría arrancar la próxima semana. La Audiencia Nacional tiene muy avanzados tres expedientes de presos que, según los cálculos oficiales, deberían haber quedado ya en libertad si se les restan los años de reclusión en centros penitenciarios franceses.
Uno de ellos sería el de Josu García Corporales, condenado por pertenencia a ETA, pero que en la actualidad está desvinculado de la organización y ha reconocido el error de haber utilizado la violencia para imponer un ideario político. En la lista de espera figuran también otros disidentes como Rafael Caride Simón –aunque según los cálculos oficiales la fecha de licenciamiento es dentro de unos pocos meses– e históricos de la ortodoxia etarra como Francisco Mujika Garmendia, ‘Pakito’, Santiago Arrospide Sarasola, ‘Santi Potros’, José Javier Zabaleta, ‘Baldo’ e Iñaki Bilbao Beaskoetxea, ‘Iñaki de Lemona’, entre otros. Todos ellos tendrán que esperar ahora a que se complete el proceso judicial.