Los jueces se oponen a que el Gobierno catalán acceda a sus bases de datos

La Generalitat ha activado un proyecto para “evaluar” cómo funciona la justicia. Ocho funcionarios asignados a esa tarea pretenden realizar visitas a los juzgados catalanes y acceder a sus sistemas informáticos. La iniciativa ha topado con la oposición frontal de los jueces. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha vetado al Gobierno catalán tanto las entrevistas como el acceso a Temis2, la base de datos que permite conocer, a tiempo real, el estado de las causas judiciales abiertas. Los jueces opinan que el plan pretende “inspeccionar” su labor, competencia reservada al Consejo General del Poder Judicial.

El consejero de Justicia, el republicano Carles Mundó, lanzó hace meses el programa Visión justicia: sistema de evaluación y mejora continua, al que se han incorporado ocho funcionarios. Busca “optimizar los recursos personales y materiales” de la Administración para lograr “un servicio público de calidad, ágil y eficaz”. Dos de los cuatro objetivos son “evaluar a las personas, la organización y los procesos de trabajo en los juzgados” y “velar por el cumplimiento de la normativa” en los 613 juzgados y 13 fiscalías de Cataluña. Este último contempla “aplicar medidas preventivas y correctoras”.

El Gobierno catalán pretende emplear tres métodos de evaluación: el “análisis de datos”, las “entrevistas en profundidad” y la “observación directa”, lo que implica que los ocho funcionarios se desplacen a los juzgados. Justicia había seleccionado ocho como prueba piloto: Santa Coloma de Farners, Gavà, Lleida, Badalona, L’Hospitalet, Tortosa, Barcelona y Terrassa. Pero el tribunal autonómico ha prohibido a esos funcionarios acudir a “las actividades y visitas de inspección que se dicen programadas”, según un acuerdo de la Sala de Gobierno adoptado, por unanimidad, el 30 de mayo.

La iniciativa de Mundó ha puesto en pie de guerra a jueces y fiscales de Cataluña y llega en un momento de alta tensión política, con el anuncio de un referéndum sobre la independencia para el próximo 1 de octubre. El acuerdo del tribunal subraya que la Generalitat tiene competencias sobre los recursos materiales y humanos —paga las nóminas de los 7.500 funcionarios—, pero recuerda que la actividad inspectora le corresponde exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial. “Por más que se eluda el término ‘inspección’ y se mute por el vocablo evaluación”, señala el escrito, “tanto los objetivos como los métodos constituyen auténtica actividad inspectora de cada uno de los órganos judiciales”.

Mundó defiende la bondad de su plan para “comprobar por qué unos juzgados funcionan bien y otros no tanto”. Y señala que en ningún caso “afecta a la función de los jueces”. “Sería absurdo pensar que es para algo distinto”, arguye el consejero de ERC, que considera “una fantasía” interpretar el plan en clave del proceso soberanista. Mundó critica el acuerdo de la Sala de Gobierno y lo atribuye al “inmovilismo” de los jueces y su “resistencia” a “gestionar de manera más eficiente”. Los jueces, agrega, ya “fueron informados en sucesivas reuniones” de los planes de Justicia. También defiende el acceso a los sistemas informáticos y señala que solo interesan “los datos estadísticos”, no el contenido.

Ese es el segundo punto que ha vetado el tribunal. El 25 de mayo, el coordinador del programa pidió autorización para “habilitar a los evaluadores” del equipo el acceso a dos sistemas de gestión procesal: E-justicia.cat —la cacareada justicia sin papeles, que permite a los abogados presentar escritos y recibir notificaciones— y, sobre todo, Temis2. Este último se puso en marcha en 2010 y unificó las bases de datos de los 49 partidos judiciales de Cataluña. Con esa aplicación, los jueces y fiscales pueden conocer al momento los procesos abiertos contra un ciudadano en cualquier ámbito (civil, penal, contencioso, social). Con solo teclear el nombre de una persona (o el número de procedimiento) pueden saber si está en prisión, si se le han embargado los bienes, si es reincidente o si pesan sobre él medidas cautelares.

La Sala de Gobierno considera que el acceso a los datos “podría colisionar con la normativa en materia de protección de datos”. Su tratamiento, recuerda, corresponde en exclusiva a los tribunales, “tanto con fines jurisdiccionales como no jurisdiccionales”. Por eso impide su acceso, al menos hasta que el órgano de gobierno de los jueces se pronuncie sobre la idoneidad del plan.

“No es un mandato”
Justicia cree que el acuerdo del tribunal es “una opinión”, pero no “un mandato ejecutivo”. “No necesitamos autorización para ejercer nuestras competencias”, señala Mundó, que no obstante no detalla si realizarán las entrevistas.

Los magistrados consideran que Justicia mintió. La secretaria de Relaciones con la Administración de Justicia de la Generalitat, Patrícia Gomà, envió el proyecto al presidente del tribunal autonómico, Jesús Barrientos. Le dijo que contaba con “el respaldo y la complicidad” de la Inspección del Cosejo General del Poder Judicial. Pero Barrientos llamó al consejo, que negó su apoyo. Más aún: el órgano informó a la Generalitat de que algunos contenidos “pudieran pretender la realización de actividad inspectora de los juzgados y tribunales”, según recoge el acuerdo. El proyecto coincide con la elaboración de la Ley de Transitoriedad Jurídica, que pretende servir de base legal para el referéndum y cuyo borrador plantea que los jueces vuelvan a concursar para conservar su plaza.