El Correo-TONIA ETXARRI
Quizás fue por la insistencia del periodista Arcadi Espada interpelando a Albert Rivera en una entrevista radiofónica para saber si él, personalmente, había retirado lazos amarillos de la vía pública de Cataluña. Se lo preguntó un par de veces. Y el líder de Ciudadanos reconoció que compañeros de su partido estaban saliendo a la calle hartos ya de tanta invasión de simbología independentista aunque ésa es una tarea, la de limpiar las calles de lazos amarillos, que le debía corresponder al Estado. Pero él, no. Porque se dedica a otras cosas.
El caso es que la respuesta causó tanta extrañeza y dio tanto qué hablar que, unos días después, el líder de Ciudadanos junto a Inés Arrimadas, se puso manos a la obra. Ayer en Alella. Un municipio de Barcelona de 9.600 habitantes. ‘Operación limpieza’. Para escenificar la sensación de desprotección por parte de las instituciones del Estado que tienen los ciudadanos catalanes que, al no querer aguantar la ocupación del espacio público por parte del independentismo como si fuera su coto privado, quedan ya señalados por defecto. Ellos no llevan el lazo. Ellos no lo cuelgan. Ellos no quieren romper con España. Por eso la ‘operación limpieza’ pretende trasladar un mensaje de coraje a esa mitad de la población que –desde aquellas movilizaciones convocadas por Societat Civil Catalana en las que participó, entre otros, Josep Borrell– se han sentido abandonados.
Si la señora agredida en el Parc de la Ciutadella presentó la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional, y no ante los Mossos, fue porque la Generalitat ha estado utilizando a la Policía autonómica en contra de los ciudadanos que han querido quitar los lazos. Porque, al menos hasta ahora, los Mossos han tenido orden de identificar a los que limpiaban la vía pública para incoarles un procedimiento sancionador por «causar daños en el dominio público». Esa es la realidad, a pesar del camuflaje presentado por la portavoz Elsa Artadi.
Lo que queda fuera de toda duda es que el Gobierno catalán ha tomado partido en esta trifulca para facilitar a quienes ponen lazos amarillos la apropiación del dominio público. Por eso no resulta comprensible la equidistancia entre quienes invaden el espacio público y quienes quieren dejarlo limpio de ideología por entender que la calle es de todos. No se puede apelar a la equidistancia entre quienes ponen y quitan lazos como si se tratara de un conflicto de libertad de expresión. Porque el mensaje del lazo amarillo no es humanitario, como pueden llegar a creer los más ingenuos y bienintencionados. No. El lazo transmite que España no es un Estado de Derecho (como sostiene la demanda –con traducción manipulada– del prófugo Puigdemont contra el juez Llarena) y que saltarse la ley es, más que una necesidad, una obligación.
El ministro Grande Marlaska quiere hablar de esta situación con el Govern en la próxima reunión de la Junta de Seguridad. Pero la Generalitat no reconoce que el Estado tenga competencia exclusiva en materia de seguridad pública. Deberán resolver ese choque de competencias. Pero si la conclusión es que la colocación de los lazos, y su correspondiente sustracción, son una muestra de la libertad de expresión, poco se habrá avanzado.
Los socialistas no participan en ninguna campaña y acusan a la oposición de estar alimentando el conflicto. La pregunta es: ¿negando la ‘anormalidad’ que está provocando la Generalitat se podrá acabar con el conflicto?